El cuarto revés a España de la Justicia de EE.UU. por los impagos de laudos de renovables eleva el riesgo de embargo a 360 millones

La Corte de Columbia ha rechazado los argumentos defendidos por el Gobierno de España, en orden a rechazar la jurisdicción de cualquier tribunal ajeno a la Unión Europea a la hora de exigir el pago de las compensaciones determinadas por las cortes internacionales de arbitraje, a cuya autoridad España está sometida de forma voluntaria en los conflictos que mantiene con otras jurisdicciones.

En este caso el litigio hace referencia al caso Infrared y afecta a un puñado de proyectos en Andalucía y Extremadura que se vieron afectadas por el cambio regulatorio y a cuyos propietarios se les reconoció el derecho de ingresar una compensación de 28,2 millones de euros más intereses, lo que eleva la factura total al entorno de los 35 millones de euros.

El tribunal estadounidense rechaza que el hecho de que la Comisión Europea haya considerado a posteriori como ayudas de Estado las primas que el Reino de España pagó entre 2008 y 2014 a los inversores por desarrollar instalaciones renovables en España y que, por tanto, pudiera considerar la posibilidad de una sanción si el país llegara a abonar estas compensaciones a los inversores, entendiendo que se trata de ayuda prohibidas, constituya un obstáculo para que España cumpla con su obligación de pagar.

De hecho considera remota la posibilidad de que Bruselas pudiera sancionar a España por abonar lo determinado por un laudo de una corte de arbitraje internacional. Asume que Bruselas sanciona a los países que establecen ayudas de Estado de forma directa, pero juzga como improbable que pueda sancionar a España por cumplir con lo determinado por una corte de arbitraje.

Bajo esta argumentación rechaza la solicitud de España de asumir su falta de jurisdicción sobre el caso y reconoce el derecho de los inversores afectados a instar la ejecución de la sentencia por esta vía.

Este nuevo revés judicial, el cuarto en caso de unos pocos meses, eleva a 360 millones de euros las compensaciones susceptibles de ser reclamadas vía embargo por los afectados. Hace algo más de un año representantes de los inversores afectados por los impagos del Reino de España aseguraron tener identificados más de 400 activos españoles en el exterior susceptibles de ser embargados en caso de que el Gobierno continuara resistiéndose a pagar. Estas decisiones judiciales abren la puerta a que los inversores puedan recurrir a embargos para hacer efectivo el pago de los laudos que el Ejecutivo se niega a pagar.