El incierto retorno de las empresas que dejaron Cataluña tras el 1-O: «No es una cuestión de impuestos»

La celebración a principios de semana en Santander del Congreso Nacional del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el lobby impulsado precisamente por algunas de las sagas familiares de empresarios más célebres de la denominada burguesía catalana, ha dado la oportunidad a ABC de testar desde la garantía del anonimato el 'feeling' en relación a este asunto de varios empresarios catalanes, algunos de los cuales decidieron trasladarse a otras autonomías en 2017 y otros que decidieron quedarse.

Sus conclusiones son bien similares. Las razones que justificaron aquel movimiento masivo de salida no fueron políticas, sino económicas e institucionales, y el reciente cambio político no ha cambiado en nada los motivos de fondo que aconsejaron a más de 3.000 empresas a instalar su sede social en otras comunidades autónomas.

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Uno de los empresarios consultados, directivo de una de las empresas catalanas que decidieron mover su sede social a la vecina región de la Comunidad Valenciana, se sorprende de que muchos análisis todavía atribuyan aquella mudanza masiva en los días posteriores al 1-O a una motivación política. «Ni nos fuimos por presiones políticas del Gobierno ni como castigo político a nadie. Se generó una situación de tal inestabilidad que resultaba muy arriesgado para el negocio quedarse en Cataluña«.

Las formaciones independentistas han centrado en buena medida su estrategia de presión sobre el Gobierno Central para tratar de forzar el retorno a Cataluña de las empresas 'expatriadas' en el campo fiscal. En primera instancia de forma más agresiva, tratando de promover medidas para penalizar a golpe de impuestos a las empresas que en su día situaron la sede social en otros territorios; y más adelante reivindicando una mayor autonomía fiscal que les permita ofrecer unas condiciones fiscales mejores que las que ofrecen los territorios a los que en su día decidieron moverse. La última maniobra en este sentido ha sido la apuesta, plasmada en el acuerdo de investidura de Salvador Illa entre PSC y ERC, para asumir las competencias en el Impuesto de Sociedades.

«Las empresas, al menos las más importantes, no van a volver a Cataluña por que se le ofrezcan incentivos fiscales, por interesantes que les puedan parecer«, asegura un importante directivo de una empresa centenaria que decidió mantener su sede en Cataluña. »Hay factores mucho más importantes y que afectan más a su facturación que pagan algo más o algo menos de impuestos. Es una estrategia inútil«, remacha.

«Hay que entender que las agencias de rating continúan mencionando en sus informes sobre España la inestabilidad política en Cataluña como un elemento de preocupación, que, por tanto, tienen en cuenta a la hora de valorar la solvencia de las empresas; y que el rating soberano de Cataluña también es peor que el que existe en otras comunidades autónomas«, reflexiona el directivo de otra de las empresas que optó por salir en 2017.

El ruido político que no deja de envolver la situación de Cataluña y el efecto que esa imagen de inestabilidad tiene sobre la percepción de los mercados y los inversores, de natural alérgicos a cualquier indicio de inseguridad jurídica, asoman como los motivos principales que aún pesan en el ánimo de los empresarios, que aunque no descartan un eventual retorno a futuro no lo ven factible bajo el actual contexto.

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La cicatriz abierta en la confianza del empresariado catalán en los meses más duros del 'procés', cuando el gobierno de la Generalitat pisó el acelerador de la secesión y la desconexión jurídica y fiscal de España, pese a la amenaza cierta de quedar fuera del amparo de la Unión Europea, aún no se ha curado, y parece que tardará tiempo en hacerlo. «Para las empresas que tienen intereses fuera de España la mera posibilidad, aún remota, de quedar fuera del paraguas de la UE le causa pánico», asegura a ABC un directivo del ámbito financiero.

«Recuperar la confianza en las instituciones catalanas va a necesitar de mucho más tiempo. Lo ocurrido en 2017 fue un aviso para muchas empresas de hasta qué punto un momento de inestabilidad puede poner en riesgo un negocio construido durante décadas«, concede un empresario del sector industrial, que mantuvo su sede social en Cataluña pero que dice entender las razones que llevan a sus colegas de otras empresas que se marcharon a no precipitar un regreso prematuro. »Para muchos sus empresas son su proyecto de vida o el de sus familias, eso los políticos tendrían que entenderlo, tanto ahora como en 2017«.

El 1-O supuso un punto de quiebra para el tejido empresarial de la burguesía catalana, que pasó de mirar desde la simpatía los intentos de la clase política local por incrementar el perímetro de autogobierno de la Generalitat, a desentenderse ya no de ese objetivo de política doméstica sino de la política catalana en general. El desapego hacia la política, no solo la catalana, se ha hecho patente de 2017 a esta parte en que se percibe un cada vez menor interés por reivindicar cambios regulatorios y uno cada vez mayor por accionar las palancas que pueden mejorar la gestión de sus proyectos empresariales desde dentro, desde la mejora de la gobernanza, la formación o la ordenación de los procesos sucesorios en sus compañías.