Hacienda usa su reforma fiscal para desactivar sentencias judiciales que le han costado cerca de 4.000 millones este año
Retoca el sistema de devoluciones a los antiguos mutualistas para dilatarlas hasta el año 2028 y restaura el decreto Montoro tumbado por el Constitucional
El Registro de Asesores Fiscales denuncia que esta práctica crea inseguridad jurídica y costes a los contribuyentes
Al cierre de noviembre la Agencia Tributaria había devuelto ya 1.325 millones de euros a los antiguos afiliados a mutualidades laborales a los que el Tribunal Supremo reconoció en febrero, con cerca de medio siglo de retraso, su derecho a recibir el ... mismo trato fiscal en el IRPF por las contribuciones a su jubilación que realizaron entre 1967 y 1978 que la reconocida a las cotizaciones sociales, exentas en su totalidad. Cientos de miles de mutualistas tributaron en su día por esas aportaciones como si fueran rendimientos del trabajo y el Supremo determinó que tenían derecho a ser compensados por la vía de reducir en un 25% la base imponible de Renta asociada al cobro de su pensión durante todos los ejercicios no prescritos.
Ante la magnitud del asunto Hacienda incluso dispuso el pasado mes de abril un formulario específico en la campaña de Renta para facilitar a los afectados la obtención de las devoluciones a las que tenían derecho. Seis meses después y constatado el fenomenal y probablemente inesperado impacto recaudatorio de la sentencia, el Gobierno ha introducido un ajuste legal aprovechando el paquete fiscal aprobado la semana pasada por el que ha dejado sin efecto las solicitudes no atendidas realizadas a través de aquel formulario y ha instaurado un nuevo sistema progresivo de devoluciones, que, básicamente, amortigua el impacto recaudatorio de la sentencia a partir del año que viene para distribuirlo poco a poco hasta el año 2028.
El presidente del Registro de Asesores Fiscales del Consejo de Economistas de España (REAF), Agustín Fernández, admitió este viernes que el reajuste ha causado «desasosiego» entre los afectados, que contaban con una reparación económica rápida -porque así se había comprometido el Gobierno- tras décadas de espera y que ahora tendrán que esperar hasta el año 2028 para ser compensados por una injusticia que se generó hace más de medio siglo.
Los antiguos mutualistas no serán los únicos afectados por esta práctica que el Gobierno ha convertido en común de revisar las sentencias judiciales que le son desfavorables para atenuar sus efectos, cuando no para desactivarlas directamente, como ya ocurrió en su día con la sentencia que anuló el Impuesto a la Plusvalía o la que cuestionó las inspecciones domiciliares a los contribuyentes.
Más presión a las empresas
El Tribunal Constitucional removió el pasado mes de enero los cimientos recaudatorios del Impuesto de Sociedades al declarar nulos cuatro aspectos introducidos por decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 y que aún hoy las empresas destacan como la mayor subida de impuestos realizada jamás en España a las empresas, a la que fuentes de la asesoría jurídica atribuyen unos ingresos extra para la Hacienda Pública de 4.500 millones.
La resolución hizo saltar todas las alarmas en el Ministerio de Hacienda, que no tardó más que un puñado de días en utilizar la primera norma que pudo en tramitación parlamentaria para tratar de reinstaurar el estado de cosas anterior a la sentencia del Constitucional ante el temor a un roto recaudatorio importante. Los datos oficiales de la Agencia Tributaria han venido confirmando en los meses siguientes lo comprensible de los temores de Hacienda, ya que hasta noviembre la recaudación del Impuesto de Sociedades se ha resentido en 2.664 millones por efecto de esa sentencia.
El jaque a la reforma de Sociedades de Montoro trastoca el plan fiscal de Hacienda para 2024
Además de afrontar pagos milmillonarios, verá caer los ingresos por las empresas
Tras un par de intentos fallidos, el Ministerio de Hacienda consiguió finalmente introducir la restauración del decreto Montoro en el paquete fiscal metido por las bravas en la ley de creación del impuesto a las multinacionales y rehabilitar así a partir del próximo 1 de enero medidas críticas para alimentar los ingresos de Sociedades como la limitación a la imputación de pérdidas de ejercicios anteriores a las grandes empresas -cuya desactivación le ha costado cerca de 1.700 millones de euros al Estado en 2024-, la reversión de las ayudas fiscales recibidas por las pérdidas de cartera anteriores a 2023 o la limitación al 50% de la cuota de la deducción por doble imposición de grandes empresas.
El Registro de Asesores Fiscales advirtió ayer del impacto que estas maniobras supone para la seguridad jurídica, en su balance sobre las medidas aprobadas fiscales aprobadas por el Gobierno en el último arreón legislativo de 2024. «Se vuelve a incorporar al sistema tributario normativa expulsada por el Tribunal Constitucional, lo que genera incertidumbre y un alto coste para las empresas que lo han recurrido«, denunciaron.
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