Los asesores se hartan de las maniobras fiscales de Montero: «Se ponen y se quitan impuestos por jugadas políticas»

«La política fiscal es un asunto serio, que afecta a mucha gente y parece que se ponen y quitan impuestos en función de jugadas puramente políticas», ha lamentado el presidente del Consejo de Economistas de España, Valentí Pich, que desde hace meses mantiene una postura muy crítica respecto a los giros de la política fiscal del Gobierno en función de los apoyos parlamentarios que necesite en cada momento.

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El Registro de Asesores Fiscales ha difundido este viernes un primer análisis de las últimas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, una vez más a escasos días de que finalice el año, una vez más afectando a cuestiones del ejercicio en curso, una vez más revocando el efecto de sentencias judiciales contrarias a los intereses de Hacienda y en esta ocasión incluso retocando vía real decreto ley medidas que se habían aprobado por ley apenas tres días antes.

Es el caso del impuesto a la banca, cuyo momento de pago y de avance del pago fraccionado se han adelantado solo tres días después de aprobar la norma que prevé su creación y que establecía una fecha distinta. También es el caso del nuevo impuesto a los dispositivos de vapeo, que en principio iba a entrar en vigor el 1 de enero, pero que tres días después se reguló que lo hará el 1 de abril para dar tiempo al sector a adaptarse al nuevo marco fiscal.

Un ejemplo más de la situación de inseguridad jurídica que a juicio del Reaf ha creado este paquete fiscal, que, por ejemplo, ha determinado la prórroga de los límites de facturación para acogerse al sistema de estimación objetiva -el controvertido sistema de módulos del IRPF- apenas una semana antes de que finalice el año, lo que ha obligado a regular un periodo transitorio para que la gente pueda de nuevo optar a acogerse o no a este sistema en función de los umbrales de facturación esperados en 2024 o para revocar su adscripción a este sistema o al de estimación directa que ya se hubiera tramitado al confirmarse el mantenimiento de estos umbrales.

El Gobierno también ha decidido a última hora prorrogar los incentivos fiscales a las obras domésticas de eficiencia energética o a la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y la instalación de puntos de recarga, cuya fecha de caducidad estaba marcada para el 31 de diciembre de 2024, sobre cuya extensión no había dado ninguna pista pero que ha decidido mantener a última hora sin tener en cuenta que muchos contribuyentes han podido precipitar determinadas decisiones ante el esperado final de estos incentivos que podrían haber retrasando si conocieran que iban a seguir vigentes.

Según el presidente del Reaf, Agustín Fernández, hay un caso específico que ha generado especial desasosiego entre los afectados y es la suspensión de las devoluciones fiscales a los miembros de las antiguas mutualidades a los que el Supremo reconoció su derecho a reclamar el IRPF pagado de más por las aportaciones realizadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978, a las que en su día se dio el tratamiento de rendimientos del trabajo cuando tendrían que haber estado exentas como las cotizaciones que los trabajadores del Régimen General de Seguridad Social realizaron durante esos mismos años.

Al cierre de noviembre, estas devoluciones ya le habían costado 1.325 millones de euros a las arcas del Estado, según los datos oficiales proporcionados por la Agencia Tributaria, lo que parece haber aconsejado al Gobierno amortiguar ese impacto, que había estimado en total en 1.700 millones de euros pero que parece haberse disparado por encima de esa cifra, demorando esas devoluciones de aquí a 2028. Para ello ha decidido modificar el sistema de devolución implantado el pasado mes de junio y modular las devoluciones de modo que no se puedan exigir de una sola vez sino que se tengan que reclamar año a año hasta el ejercicio de 2028.

El Gobierno ha maniobra también para esquivar otra sentencia judicial desfavorable, la que anuló tres medidas aprobadas en el año 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Impuesto de Sociedades y que a día de hoy aún se tienen como la mayor subida de impuestos a las empresas operada jamás en España. La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de enero anulando estas medidas por motivos formales, por haber sido aprobadas en un decreto y no mediante una ley, causó gran preocupación en la cúpula de Hacienda por su potencial impacto recaudatorio, que los datos oficiales de la Agencia Tributaria han constatado al registrar unas pérdidas cercanas a los 2.700 millones por este factor.

La reforma fiscal del Ejecutivo restaura el estado de cosas anterior a la sentencia, lo que no solo permitirá a Hacienda recuperar esos ingresos perdidos en 2025 sino que incluso podría obligar a algunas empresas a devolver parte de los recursos recuperados este ejercicio. «Se vuelve a recuperar normativa expulsada por el Tribunal Constitucional, lo que genera gran incertidumbre y un alto coste para las empresas que han recurrido«, lamentan desde el Registro de Asesores Fiscales.