El Gobierno acelera la cesión de los funcionarios municipales de élite a País Vasco y Cataluña

El último objetivo es el reclutamiento, selección y designación de los interventores, secretarios y tesoreros que velan por la adecuada gestión de los recursos de los ayuntamientos y por la observación de los principios legales que rigen su funcionamiento. En cuestión de días, el Gobierno ha dado pasos fundamentales para, por un lado, blindar el traspaso de su normativa reguladora al País Vasco, cuya aplicación práctica está suspendida por sentencia judicial y cuyo fondo está también recurrido ante los tribunales; y, por otro, abrir la puerta al ejercicio de nuevas atribuciones en este campo a la Generalitat de Cataluña.

Noticia Relacionada

Junts y ERC exigen el control de interventores y secretarios locales

Bruno Pérez

Maniobran en el Congreso para que sea la Generalitat la que designe a los responsables de velar por hacer cumplir la ley en los ayuntamientos de Cataluña

Según su propia denominación los interventores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos son funcionarios locales de habilitación nacional y, por tanto, son un cuerpo dependiente del Estado, al que se reserva la convocatoria de las plazas, la gestión de los procesos selectivos y la cobertura de vacantes. Sin embargo, en el territorio del País Vasco, como sucede desde hace décadas en Navarra, ya no es así.

Uno de los resultados de la negociación política de los Presupuestos de 2023 fue la cesión al Gobierno vasco de las competencias reguladoras sobre los habilitados nacionales en su territorio, lo que les permite seleccionar y designar a sus propios interventores y secretarios municipales bajo sus normas y requisitos sin depender del Estado.

Dos años largos después de esta maniobra las 177 plazas convocadas por el Gobierno vasco siguen sin ocuparse por un rosario de resoluciones que cuestionan la constitucionalidad de los requisitos impuestos por Vitoria para presentarse a esas plazas y en concreto la imposición de niveles elevados de dominio del euskera para presentarse a las plazas, y no como mérito para obtener una mejor puntuación.

No solo la aplicación práctica del traspaso competencial está siendo conflictiva, también el traspaso mismo. La reciente ley orgánica de eficiencia del servicio de justicia, que el Gobierno ha convertido en un cajón de sastre para todo tipo de medidas, ha concretado el tercer intento del Gobierno de regular esta cesión de forma pacífica después de que el Constitucional tumbara el primer intento de hacerlo a través de la Ley de Presupuestos de 2023 y de que el Real Decreto Ley por vía de urgencia aprobado para deshacer el entuerto encare un futuro judicial similar.

El apaño no ha convencido al colectivo y desde Cosital, una de las plataformas que representa a los interventores, secretarios y tesoreros municipales, ya se anuncia un recurso de inconstitucionalidad a la medida. «Se está forzando la legislación de manera torticera para tratar de sacar adelante un compromiso político. La razón de ser de los habilitados nacionales es nacional ya que su función es prestar un servicio jurídico mínimo igual en todos lo municipios de España», explica Rafael Santiago, vicepresidente de Cosital.

El Gobierno abría otro frente con el anuncio de una encomienda de gestión a la Generalitat para que gestione el proceso de selección de 218 interventores, secretarios y tesoreros para los ayuntamientos catalanes. Que el movimiento se haya hecho en medio de una convocatoria extraordinaria a nivel nacional de 1.000 plazas -desde el colectivo se viene denunciando desde hace tiempo la falta de cobertura de 4.500 vacantes- ha alimentado las sospechas de que se esté intentando colar de tapadillo un traspaso competencial a la Generalitat.

Así lo interpreta otra de las asociaciones del gremio, Apsital, que trasladó en una nota sus sospechas de que esa encomienda de gestión «encubra una cesión competencial en claro fraude de ley». Sobre el papel se trata solo de descentralizar el proceso de selección pero las declaraciones realizadas por el conseller catalán de Presidencia respecto a la ambición de la Generalitat de asumir las competencias del proceso han sembrado la alarma.El temor es que se estén dando los primeros pasos para ceder a las CC.AA: las competencias de selección y designación de interventores y secretarios. El gremio cree que la delicada función que desempeñan es tanto más autonóma cuanto más alejado esté el responsable de sus nombramientos.