El Constitucional anula la cesión al Gobierno vasco de las competencias para nombrar interventores y secretarios locales

La maniobra traspasó al Gobierno de Vitoria las competencias sobre los procesos de selección y nombramiento de los llamados habilitados nacionales, es decir, de los interventores, los tesoreros y los secretarios de ayuntamiento a los que la legislación española reserva la función de hacer cumplir el ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional. Es a ellos a los que se reserva de manera explícita tareas de carácter público obligatorio como la fe pública, es decir la constatación de la legalidad y validez de los actos administrativos; el asesoramiento legal preceptivo, el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria de los ayuntamientos, su contabilidad, su tesorería y su recaudación.

La sentencia concluye que la disposición incluida en los Presupuestos de 2022 desborda el «contenido posible de una ley de presupuestos y vulnera, en consecuencia, la Constitución", al tratarse de una norma en materia de función pública que no guarda conexión ni con el régimen retributivo de los funcionarios ni con la cuenta de ingresos y gastos del Estado.

Algo debía maliciarse el Gobierno sobre la orientación de la sentencia del Constitucional porque incluyó en uno de los reales decretos aprobados en la recta final del año pasado este traspaso competencial de nuevo y además introdujo una disposición transitoria con la cual pretende dar legitimidad de forma retroactiva a los procesos en tramitación en el momento de aprobación de la norma.

La disposición adquiere sentido porque el Ejecutivo vasco estrenó el nuevo perímetro competencial que le atribuyó la norma ahora anulada por el Constitucional ese mismo año 2022, con una convocatoria de 55 plazas -amparada en el margen legal proporcionado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año- dentro del proceso de consolidación y estabilización de empleo público en el País Vasco, que tras la resolución conocida este jueves quedarían en el aire sin esa cláusula normativa y quién sabe si también a pesar de ella.

La sentencia del Constitucional se conoce apenas unas semanas después de que Junts y ERC hayan presentado sendas enmiendas a la misma norma con la que el Gobierno ha vuelto a reconocer esa atribución al País Vasco para extender esa cesión competencial a Cataluña.

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Apsital, la asociación profesionales que representa los intereses de los habilitados nacionales, muy crítica con la cesión de las competencias sobre sus procesos de selección y sus nombramientos a las administraciones autonómicas, ha recibido este jueves con satisfacción la resolución del Tribunal y no descarta actuar para anular los procesos selectivos realizados bajo el amparo de la norma.

«Consideramos que es una buena noticia y estamos estudiando la viabilidad de impugnar la ofertas de estabilización dictadas al amparo de esta cesión«, ha asegurado el portavoz de la asociación profesional, Alberto Bravo Queipo de Llano, en declaraciones a ABC. »Ahora se ha incorporado a un real decreto ley, que tampoco es el cauce constitucional adecuado, por lo que adoptaremos las medidas que procedan para garantizar el mantenimiento del carácter nacional del cuerpo«.

El Gobierno vasco acaba de convocar 177 plazas de habilitados nacionales dentro de la oferta de empleo público de 2024 al amparo del traspaso de competencias dictado por el Gobierno.