Gastos de comunidad, cargo del IBI... las grietas que deja la ley de vivienda para que los caseros puedan subir el alquiler

En concreto, se mantiene parte del artículo veinte de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece que «las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario». Es decir, deja la posibilidad a que gastos como la cuota de comunidad de vecinos, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el tributo de basuras puedan ser cargados al inquilino si así lo acuerdan antes de firmar el contrato.

Son gastos que hasta ahora no han sido muy comunes de cargar al inquilino, y cuyo pacto entre arrendador y arrendatario debe figurar en el contrato y reflejar el importe anual de los gastos. Esta disposición fue celebrada por ERC y Bildu como algo novedoso tras llegar a un acuerdo con el Gobierno para la aprobación de la ley en el Congreso y ambas formaciones aseguraron que servía para «evitar una posible vía para el fraude de ley en el incremento de rentas bajo estas excusas». Pero se trata de un texto idéntico al que ya existía en la LAU y al que tan solo se ha añadido la obligatoriedad de que el casero se haga cargo de los honorarios de la agencia inmobiliaria.

Fuentes del sector calculan que en grandes mercados donde la oferta de alquiler escasea (si acaban denominados como tensionados), esta vía será usada por los caseros en las viviendas que se incorporen al mercado para compensar los topes de la mensualidad. De hecho, apunta el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, «fue una de las fórmulas aplicadas por los propietarios durante el año y medio en el que estuvieron vigentes los límites a los precios del alquiler en Cataluña». «Vimos como desafortunadamente algunos caseros pasaron los gastos del IBI y la comunidad a los inquilinos e incluso como en algunas pequeñas comunidades de vecinos se pusieron de acuerdo para subir el precio de la cuota y colar por ahí la subida», explica Carroza.

No fue la única vía utilizada. Los caseros también encontraron un vacío legal en las vivivendas con garaje. Al tratarse en muchas ocasiones de dos contratos distintos, inflaban el precio de las plazas de aparcamiento. Es una fórmula que también han utilizado los propietarios para esquivar el límite al 2% (además de los gastos anteriormente mencionados en el caso de los nuevos contratos) de los incrementos anuales del alquiler implantado desde abril de 2022, según relatan fuentes del sector inmobiliario.

Pero más allá de las tretas que puedan usar algunos propietarios, lo que más preocupa en el sector es la pérdida de oferta de pisos en alquiler, que aseguran, ya se está viendo reflejado un mes después del anuncio del acuerdo de la ley. «Hay bastante menos oferta», apunta a este periódico el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, que explica que las consultas de los caseros para informarse sobre la ley no dejan de sucederse. «Están a la espera de saber cómo les afecta y eso reduce el número de operaciones».

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Por su parte, Antonio Carroza, apunta a que ya están notando un trasvase de pisos en alquiler al mercado de venta. «Muchos caseros nos han llamado para deshacer su posición e informarnos de que van a quitar su inmueble del mercado una vez finalice el contrato con el inquilino». Su empresa, especializada en el mercado del alquiler, con más de 20.000 contratos gestionados, ha pasado a tener el doble de inmuebles delegados para su venta «debido a la inseguridad jurídica levantada por la ley», a pesar de que se trata de clientes que son «pequeños ahorradores que no estarán tan afectados por la norma como fondos y grandes empresas gestoras de vivienda en alquiler».

Para el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, sin embargo, esa gran caída de la oferta de pisos que se espera aún no se percibe, «pero el ruido general es evidente». «Se escuchan ya medidas de los caseros como la retirada de inmuebles del mercado del alquiler, cambios al mercado de arrendamiento temporal y viviendas que se dejan vacías», explica este experto inmobiliario.

Para evitar una desbandada mayor, el Gobierno ha fijado en la nueva ley un plazo de seis meses para crear una mesa de trabajo donde se avance en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento con el fin de evitar que los propietarios acudan al alquiler de temporada para esquivar la norma.