Fedea plantea un recargo en el IRPF para pagar las pensiones

Es una de las propuestas incluidas en el informe publicado hoy «Los efectos de la reforma de pensiones de 2021-23: Un análisis con el modelo MSSP-OLG», en el que Fedea sitúa en el 18% del PIB el peso de las pensiones en torno a 2050. Según explica, la primera fase de la reforma, que restituyó la indexación de las pensiones al IPC, es responsable de la mayor parte del incremento de gasto. La segunda fase con subidas de bases máximas y cotizaciones, refuerzo de mínimas y el nuevo método de cálculo de las pensiones (desde 2026, elegir entre 25 años o 29 descartando dos)— añadiría presión, especialmente a partir de 2050. Según sus cálculos, mientras el gasto total en 2050 escalaría hasta el 18,5% del PIB, los ingresos del sistema crecerían hasta el 10,35%. El déficit básico (antes de transferencias del Estado) superaría el 8% del PIB a partir de esa fecha.

Para la fundación, el diseño actual es «excesivamente generoso» en relación con los recursos disponibles y las perspectivas de crecimiento. Con una esperanza de vida a los 65 años de 21,2 años, que podría aumentar 4,9 años para 2050, y con la relación entre jubilados y población activa en ascenso, las prestaciones medias superarían lo que permiten salarios y las cotizaciones actuales. Fedea advierte, además, contra la idea de cubrir el desequilibrio con «un cheque en blanco» del Estado, por el efecto desplazamiento sobre otras políticas públicas ya tensionadas, como la sanidad.

Además del recargo en el IRPF, otras medidas para conseguir los recursos serían un aumento de la deuda, aunque sostiene que hay poco margen por su nivel ya muy elevado; y un aumento de las cuotas sociales, pero también con espacio limitado por sus efectos negativos sobre el empleo. Donde Fedea propone actuar especialmente es en el terreno de los gastos. Una de sus propuestas es restringir la indexación automática actual de la revalorización de las pensiones con la inflación. Plantea limitar este blindaje solo a las pensiones mínimas, el resto tendría un tope máximo de pérdida acumulada de poder adquisitivo a lo largo de la vida.

Las otras tres medidas son extender a toda la vida laboral el cómputo de la pensión, sin permitir descartes de los peores años; endurecer algunos parámetros del cálculo y del acceso a la pensión; y recuperar el factor de sostenibilidad del PP, o bien establecer una relación entre la edad legal de jubilación y la esperanza de vida. Aboga por «considerar seriamente» la posibilidad de adoptar un modelo de cuentas nocionales, como el sueco, con una rentabilidad ligada al crecimiento del PIB o la masa salarial agregada, lo que, dice, aseguraría la sostenibilidad del sistema-.