Europa saca toda la artillería legal y tecnológica frente al blanqueo

El empeño por estrechar el cerco a estas actividades ilegales está más que justificado. Se calcula que, a escala global, cada año se blanquean entre 715.000 millones de euros y 1,87 billones de euros del PIB mundial, es decir, entre el 2% y el 5%, mientras que en el Viejo Continente se mueven entre 117.000 y 210.000 millones de euros en actividades y transacciones sospechosas que hacen uso del sistema financiero y la economía de la UE. Además, el 70% de las redes delictivas activas emplea alguna forma de blanqueo de capitales para financiar sus operaciones y ocultar sus activos. Una dura factura que la Comisión Europea trata de combatir a golpe de legislación. Su intención es homogeneizar reglas entre países, así como adecuarse a fenómenos como el de las criptodivisas mediante el establecimiento de obligaciones a las empresas prestadoras de estos servicios.

Una lucha sin cuartel en la que, además del arsenal normativo, las entidades financieras y las autoridades tienen a su favor tecnologías como el 'big data' y la inteligencia artificial, en las que se apoyan para detectar situaciones irregulares. Todo cuanto sea necesario para frenar esta lacra.

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Carlos Hidalgo

José María Olivares Blanco, socio de finReg360, asegura que la Comisión ha presentado una propuesta de reforma «muy ambiciosa» que responde a una serie de objetivos, entre ellos, superar el problema de la fragmentación normativa. Escándalos como el de Danske Bank también han contribuido, en su opinión, a que Bruselas refuerce las precauciones, sin olvidar la presión por adaptarse a los nuevos riesgos emergentes, como los relacionados con los criptoactivos.

A la vuelta de la esquina, a partir del 30 de diciembre de este año, se aplicará el Reglamento (UE) 2023/1113 (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado mes de junio), que exige a los proveedores de servicios de activos virtuales acompañar las transferencias de criptomonedas de cierta información sobre los originantes y beneficiarios de las mismas para así garantizar que las operaciones pueden rastrearse, siendo más fácil detectar y bloquear transacciones potencialmente sospechosas. «El sector bancario lleva mucho tiempo teniendo que cumplir con esta obligación, pero ahora se entiende que las transferencias con criptoactivos, desde el punto de vista del blanqueo y la financiación del terrorismo, conllevan el mismo riesgo o más que las transferencias ordinarias», comenta el socio de finReg360.

En el ámbito de las criptomonedas, también se avecinan cambios derivados de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que en el listado de sujetos obligados incluye a los proveedores de servicios de criptoactivos y los clasifica como entidad financiera. «En España la relevancia práctica no es tanta porque ya se tienen que inscribir en el Banco de España y de facto son sujetos obligados de prevención de blanqueo de capitales, pero es importante que conceptualmente se les clasifique en el grupo de entidades financieras», valora el experto, para quien el principal impacto de la norma será una mayor claridad y homogeneización, si bien advierte de que en determinadas cuestiones deja libertad a los Estados miembro para que regulen.

El tercer reglamento en el que trabaja la Comisión como parte de su plan para acabar con este delito es el relativo a la creación de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), cuya sede se ubicará en la ciudad alemana de Fráncfort. Se encargará de supervisar directamente a las entidades que considere de alto riesgo (se prevé que sean inicialmente 40), mientras que en el resto, la supervisión directa correrá a cargo de la respectiva autoridad local. Se prevé que esté en pleno funcionamiento en 2027.

La cuarta propuesta de la que consta el paquete legislativo de la Comisión es la VI Directiva que sustituirá a la actual Directiva (UE) 2015/849, que define el régimen de cooperación institucional entre autoridades.

Fuentes del Ministerio de Economía hacen una valoración «muy positiva» del conjunto de medidas, que creen que refuerzan el compromiso de la Unión Europea en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Destacan como punto esencial la armonización de la normativa. «El marco español era bastante exigente frente al de otros Estados miembros, lo cual suponía que, como estamos en un mercado globalizado, las entidades financieras y no financieras pudieran elegir jurisdicciones más laxas», apuntan en este sentido. La homogeneización que se logrará con el paquete legislativo favorecerá al mercado europeo en su conjunto y al español en particular, aseguran desde el Ministerio.

De la futura Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales, señalan que traerá consigo una armonización en la supervisión financiera y en la coordinación de la no financiera, además de que dará un nuevo impulso a la coordinación de las unidades de inteligencia financiera que consideran que puede ser «muy positiva». Recuerdan también que el organismo replicará en cierto modo en sus competencias una particularidad del sistema español: reunirá una parte de supervisión y otra de inteligencia financiera, asemejándose al modelo del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Desde el Ministerio defienden la conveniencia de este enfoque, con el que se crean sinergias y se comparte mucha información.

Con la salvedad del antes mencionado Reglamento (UE) 2023/1113, que se aplicará a finales de este curso, en torno al resto de normas las fechas que se manejan son orientativas. Se prevé que se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de verano. Después, la directiva tendrá un plazo de trasposición de 24 meses mientras que los reglamentos entrarán en efecto a los tres años.

Junto con el alud normativo promovido desde Bruselas, las herramientas tecnológicas desempeñan en la actualidad un papel crucial para ganar la batalla frente al fraude, por lo que las autoridades las han integrado en sus dinámicas diarias.

Nuestro país es un buen botón de muestra. Desde el Ministerio de Economía afirman que en el ámbito de la prevención del blanqueo y financiación del terrorismo hay un crecimiento exponencial de las alertas que recibe la administración, tanto en volumen como en tipología, lo que requiere un procesamiento más rápido de dichos datos. El big data es un aliado de excepción, de la mano de conceptos como los 'data lake' o, lo que es lo mismo, un conjunto de herramientas para realizar análisis. «Pueden ser de varios tipos, pero los más destacados son los denominados análisis estratégicos, que consiguen ver las conexiones ocultas que puedan existir entre los datos, es decir, hacen una especie de grafos de vínculos entre criminales o entre diferentes entidades para mostrarnos qué puede estar ocurriendo y también detectan comportamientos anómalos», detallan. Esa información posteriormente se distribuye a la autoridad que corresponda.

En el lado de la IA, se trabaja con herramientas enfocadas a identificar patrones y predecir comportamientos, con la mirada puesta también en que los analistas puedan 'chatear con los datos', de modo que los programas basados en esta tecnología sean capaces de leer la información, catalogarla y, sobre todo, clasificar el riesgo.

Y es que se abre un nuevo mundo de posibilidades para facilitar a los profesionales su labor. Lorena Varela, directora del Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción en la Universidad Internacional de la Rioja, explica que en los procesos de conocimiento, monitorización y seguimiento de las autoridades de control, investigación, persecución y enjuiciamiento del blanqueo de capitales, el empleo de la IA generativa y predictiva mitiga el riesgo de omitir información relevante al poder gestionar ingentes cantidades de datos, clasificándolos, sistematizándolos o simplemente ordenándolos, a la vez que permite arrojar en poco tiempo y con bastante precisión resultados certeros sobre consultas.

Asimismo, cita como caso de uso el cruce, asociación y conexión de datos entre expedientes, fichas, perfiles de personas según el sector, tipos de negocios, nivel de riesgo objetivo de blanqueo en las transacciones económicas, ámbitos de mercado y países presentes (incluidos los paraísos fiscales y jurídicos): «Por ejemplo, la IA emula las redes neuronales humanas, lo que le permite crear mapas gráficos de información relevante para detectar posibles 'gaps' normativos favorables a prácticas de blanqueo. Estos limbos o zonas grises suelen emplearse para realizar ingeniería financiera o entramados y operar desde allí con impunidad. Con la IA se pueden detectar más rápidamente estos escenarios y aumentar los niveles de detección humana».

Los 'chatbots' legales también son clave. «Ante la amplísima normativa existente es posible que los agentes humanos interactúen con los asistentes virtuales en el proceso de formular dudas jurídicas, hipótesis de líneas de investigación, propuestas y comparaciones con casos similares y obtener a partir de allí respuestas estratégicas en el seguimiento de una investigación», precisa.

En lo que respecta a los procesos de conocimiento, monitorización y seguimiento de los sujetos obligados, esta tecnología, en palabras de Varela, sirve para segmentar y clasificar información según criterios determinados: operaciones de riesgo reducido a las que se asocian medidas simplificadas de diligencia debida, operaciones de riesgo estándar (medidas normales de diligencia debida) y operaciones de alto riesgo (medidas reforzadas de diligencia debida), según la Ley 10/2010 de 28 de abril. «Las entidades y sujetos obligados cuentan con la posibilidad de descargar la tarea burocrática en un sistema de IA que les gestiona perfiles de clientes, tipos de operaciones, etc. y a partir de allí realizar el seguimiento de los mismos», comienza por indicar. «Los sistemas de alerta –continúa– se activan a partir de determinados estándares prefijados y se proponen vías de abordaje según el deber de cuidado a observar».

Esta tecnología también es útil para que los sujetos obligados contrasten perfiles de clientes y operaciones con bases de datos privadas y oficiales sobre personas expuestas políticamente, grandes riquezas, empresas sancionadas, países y jurisdicciones de riesgo, entre otras consultas. Por último, la profesora habla de la gestión en simultáneo de la información en distintas latitudes del mundo para aquellos sujetos obligados con diversas sucursales y delegaciones o grupos de empresas.

Todo ello ha propiciado la proliferación de empresas que, apoyándose en nuevas tecnologías, ofrecen soluciones que ayudan a las entidades a cumplir con los requerimientos regulatorios. Es una industria que, según recoge el libro blanco de RegTech, elaborado por la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), ha pasado de mover 6.000 millones de euros en 2020 a una previsión de alcanzar los 15.000 millones en 2025 a nivel mundial. Héctor Benítez, vocal de la vertical de RegTech de AEFI, recuerda que la relación de los sujetos obligados con sus clientes ha evolucionado mucho a raíz de la digitalización, posibilitando, por ejemplo, la apertura de cuentas online. «Es tecnología, sí, pero con una regulación detrás –matiza–. No se trata de hacer una videoidentificación, sino de que esta cumpla unos estándares técnicos de seguridad que permitan garantizar con un nivel de confianza que la persona al otro lado de la pantalla es quien dice ser».

Al calor de la generalización de las nuevas tecnologías en el sector financiero y de las exigencias regulatorias, este tipo de startups han proliferado sobre todo en dos campos. El primero, indica Benítez, son soluciones de videoidentificación que cumplan los niveles de seguridad marcados por el Sepblac y que tengan la misma validez legal que un proceso presencial. El segundo son los sistemas de firma electrónica cualificada. El portavoz de AEFI afirma que si bien hace años estas propuestas eran utilizadas casi en exclusiva por los grandes bancos, su acceso hoy está al alcance de clientes de cualquier tamaño. Emprender en este mercado, eso sí, conlleva dificultad por las elevadas barreras de entrada: «Son tecnologías costosas, con exigentes requisitos de seguridad y que, además, tienen que actualizarse periódicamente para mantener las acreditaciones».

Aun así, tanto a nivel regulatorio como tecnológico, la batalla por poner coto al blanqueo de capitales está al rojo vivo.