Un alud normativo y tecnológico para estrechar el cerco sobre el blanqueo con divisas digitales

Organismos como Interpol, de hecho, han alertado de que las criptomonedas ofrecen numerosas ventajas, pero que, al estar basadas en el anonimato de los usuarios, los delincuentes pueden recurrir a ellas para cometer sus actividades ilícitas . Y una de las que más preocupan a los supervisores financieros es el blanqueo de capitales que, según reconoce Interpol, está presente en todas partes y se ha exacerbado con la llegada de las criptomonedas.

El anonimato que caracteriza a las divisas virtuales, no emitidas ni garantizadas por un banco central o autoridad pública, es la razón por la que los delincuentes las están empleando para ocultar o encubrir la identidad de beneficios obtenidos ilícitamente de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. «El hecho de que sean anónimas facilita que, si alguien las quiere utilizar con fines fraudulentos, sean una herramienta idónea , al igual que ocurre con el efectivo», explica Gloria Hernández Aler , socia de la firma de asesoramiento regulatorio finReg 360º, que deja claro que en ningún caso se diseñaron con ese propósito . «La delincuencia está a la última y rápidamente explota cualquier debilidad que pueda tener un sistema. En este caso, el anonimato no es una debilidad, sino una característica », apunta. Cabe recordar que la primera criptomoneda que empezó a operar fue bitcoin en 2009 y todavía hoy se desconoce la identidad de la persona o personas creadoras, que han actuado siempre bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto.

Pero no todas las monedas del universo cripto tienen el mismo nivel de anonimidad. Carlos Cilleruelo , experto en ciberseguridad en Dev&Del y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, diferencia entre dos grandes grupos: por un lado, las pseudoanónimas , como el bitcoin, que permiten el seguimiento de las operaciones realizadas desde una dirección a otra aunque sin saber a quién pertenece cada una, y, por otro lado, las denominadas monedas de privacidad , como Monero –creada en 2014– que hacen prácticamente imposible que terceros rastreen las transacciones. Cilleruelo cuenta que los criminales pueden incluso recurrir a plataformas que mezclan criptomonedas con las de otros usuarios para dificultar el seguimiento.

Al igual que los delincuentes van modificando su manera de proceder para no ser descubiertos, también las autoridades, centros de investigación y empresas privadas trabajan en el desarrollo de herramientas con un mayor grado de sofisticación . «Cada vez hay más soluciones informáticas que permiten rastrear direcciones de bitcoin», sostiene Herández Aler.

Renta4, por ejemplo, en el marco de la presentación de su nueva área destinada a trabajar con activos digitales –incluyendo criptomonedas– presentó un proyecto para analizar, a través del ‘chain analysis’, el origen de los capitales que provienen de las criptomonedas a fin de cumplir con todos los requerimientos de la regulación contra el blanqueo de capitales. «Los actores que están metidos en este mundo tienen interés en que se desarrollen este tipo de soluciones para poner coto a situaciones que causan un perjuicio a quienes trabajan en aras de estos activos», recuerda la experta.

Cilleruelo, por su parte, menciona el proyecto GraphSense , liderado por el Austrian Institute of Technology y en el que participa Interpol. Se trata de una herramienta de análisis de cadenas de bloques que permite rastrear las transacciones realizadas con criptomonedas. «Ha surgido un mercado en torno a ello y también hay empresas privadas especializadas en el seguimiento de estos activos , como Chainalysis o Elliptic», dice. Esta última, con sede en Londres, tiene entre sus clientes a Coinbase, que debutó en el Nasdaq en abril, y también completó un piloto con Banco Santander para detectar actividad sospechosa vinculada a activos digitales.

A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser una jungla en la que todo vale. Si esta semana la CNMV sacaba una circular para regular las campañas masivas de publicidad , en lo que se refiere a la prevención del blanqueo de capitales también se han dado pasos importantes, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. La llamada quinta directiva contra el blanqueo de capitales , en vigor desde enero de 2020, ha introducido diversos cambios que afectan a las divisas virtuales.

Tras el toque de atención de Bruselas a España por incumplir el plazo para la trasposición, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de abril de 2021 el Real Decreto-Ley 7/2021 con el que se trasponía la norma a nuestro ordenamiento jurídico y se producía así una gran novedad en relación con el universo cripto . «Los prestadores de servicios, tanto empresas de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria (‘exchanges’) como proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos (‘wallets’), pasan a ser sujetos obligados y deben cumplir con la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales», expone Eva Santervás , asociada senior de Deloitte Legal. Se equiparan así al sector bancario, asegurador, las entidades de pago y cambio de moneda, las empresas de servicios de inversión, los notarios, registradores...

Santervás añade que las entidades también habrán de inscribirse en el registro del Banco de España , para lo que tienen de plazo hasta finales de enero de 2022. « Estos nuevos jugadores antes no estaban bajo el perímetro de ningún supervisor en España », destaca la experta. Por su parte, Francisco Ramírez Arbués , socio de Deloitte Legal experto en Digital Assets, señala que «a pesar de que la obligación viene de la directiva y, por tanto, aplica a todos los países de la UE, la implementación de esa obligación depende en gran medida de cómo sean los supervisores locales y Banco de España es un supervisor especialmente meticuloso».

La inscripción en dicho registro está condicionada a que los proveedores cuenten con procedimientos y órganos adecuados de prevención en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.

Tal y como explica Francisco Bonatti , presidente de Inblac (Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), todos estos cambios normativos implican que las empresas creen un sistema de control interno para cumplir con una serie de obligaciones . «Tienen que identificar con su DNI, pasaporte o con las escrituras de la empresa a su cliente, lo que se llama identificación formal », comienza por resaltar. En el supuesto de que el cliente adquiera criptomonedas para otra persona, física o jurídica, debe identificar al titular real . «Si soy el administrador de una sociedad limitada tengo que decir quiénes son los dueños últimos de esa sociedad. Es algo que también hacen los bancos cuando abrimos una cuenta», detalla.

Las entidades quedan obligadas asimismo a realizar una identificación de la relación del negocio . «Si alguien, por ejemplo, les pide un intercambio de medio millón de euros tendrá que acreditar documentalmente que es razonable que pueda hacerlo porque por su actividad, su negocio o sus ingresos, esa cantidad es posible. En el fondo es comprender que tu cliente está en condiciones de pedir el servicio que está demandando », afirma. Por último, tienen que hacer, igual que los bancos o las aseguradoras, un proceso de seguimiento continuado de la actividad del cliente . «Si una persona suele cambiar 2.000 euros al mes y, de pronto, empieza a cambiar 20.000, la empresa deberá pedirle explicaciones adicionales», ejemplifica Bonatti. «Si detecta alguna operativa sospechosa, tiene que cortar esa relación, comunicarlo al Sepblac y colaborar con las autoridades con aquella información que le pida», agrega.

Los expertos coinciden en que la quinta directiva es un paso importante, aunque señalan su alcance limitado. «La norma se establece para las entidades que presten los servicios de criptomonedas en el ámbito europeo, de forma que no podrá aplicarse a las empresas que operen desde ciertos territorios extrajurisdiccionales. Ahí podemos tener brechas de riesgo », indica Bonatti, para quien la quinta directiva «no deja de ser una primera regulación». Confía en que más adelante se regule, por ejemplo, a los portales que intercambian criptoactivos entre sí , ya que figuraban en el anteproyecto de ley pero finalmente fueron excluidos.

Eva Santervás pone el foco en la necesidad de que los países fijen las mismas obligaciones para que se pueda hacer traza completa de toda la cadena . «Si un proveedor situado en España está obligado a identificar a sus clientes pero recibe una transferencia entrante de un proveedor de otro país que no tiene esa obligación, está recibiendo una transferencia de alguien que no sabe quién es», subraya. Lograr la ansiada armonización, sin embargo, será difícil . «La posición de cada uno de los países es en ocasiones contrapuesta y hay intereses económicos. En la UE es prevenir el blanqueo de capitales, pero puede no ser el caso en otros lugares. Hay países que están convirtiéndose en paraísos criptos, donde lo que se busca es precisamente la opacidad . En algún momento los países deberían converger hacia una transparencia mayor, pero estamos muy lejos de conseguirlo», asegura Ramírez Arbués. El universo cripto afronta su futuro en búsqueda de nuevas reglas del juego para intentar despojarse, al fin, de la alargada sombra del blanqueo.