La estafa del 'alquiler fantasma': «Rabia, temor e indefensión»

Desde el comparador de seguros Arrenta explican que a partir de primavera su departamento de contratación de seguros de impago para alquileres comenzó a recibir consultas de usuarios que habían enviado, supuestamente, datos como el DNI, la última nómina y la declaración de la renta para un estudio financiero. La realidad es que ninguno de esos datos habían llegado a la aseguradora y uno o varios intermediarios habían utilizado el nombre de la empresa para obtener los datos y utilizarlos para su propio beneficio.

Es el caso de Elena. Buscaba un piso con su pareja en el madrileño barrio de Chamberí, una vivienda renovada de al menos de 60 metros cuadrados. La falta de oferta y el elevado precio de los alquileres de la capital madrileña dificultan la búsqueda, limitando las opciones y valorando especialmente aquellas que parecen asumibles, un factor de presión psicológica que refuerza la posición de los estafadores.

«Era en una comunidad con zonas verdes, 75 metros cuadrados, de 2018 y a un precio que de media era un 25% menor que los pisos de similares características por la zona. Lo alquilaba un particular, insistía en que no alquilaría a través de agencia y nos felicitábamos al llamarlo y que nos confirmará que aún estaba sin alquilar», señala Elena, aunque la alegría les duró muy poco.

Como requisito para ver el piso, el particular les solicitó el DNI, nómina y la declaración de la renta para realizar un seguro de alquiler con Arrenta. Una vez entregados, el estafador dejó de responder al teléfono y al correo en los días siguientes y el anunció desapareció sin ningún tipo de explicación. Al acudir a la Policía, les informaron de que no había delito que denunciar, ya que los datos extraídos no han sido utilizados por los estafadores.

«Ahora tenemos una mezcla de rabia, temor e indefensión, porque no sabemos lo que pueden hacer en el futuro con toda la información de la que disponen. Pensamos que debería haber herramientas que ayuden al damnificado y persiguiera este tipo de delitos, porque lo que vivimos ahora son momentos de intranquilidad», sentencia Elena.

Desde la Policía Nacional afirman que existen grupos organizados tras este tipo de estafas y que en ocasiones también consiguen extraer el anticipo o fianza de los alquileres. Sin embargo, los datos personales captados son su objetivo, ya que gracias a ellos tienen la capacidad de abrir cuentas online y utilizarlas para mover fondos fraudulentos y no inciden directamente en el prejuicio directo que implica el robo de dinero. Incluso, en algunos casos, se ha notificado la presentación de la declaración de la renta por parte de los estafadores suplantando la identidad de la víctima.

La obtención de estos datos personales es además una ventaja para este modelo de negocio. Al poder suplantar la identidad de los afectados, se evitan la utilización de intermediarios o 'mulas', cuyo nombre se utiliza para registrar cuentas donde proceder a actividades fraudulentas como el lavado de dinero o como eslabón para movimientos de capital.

Al ahorrarse al intermediario, evitan un coste más y cortan un posible punto de partida para las investigaciones policiales y la posterior desarticulación de estos grupos.

De esta forma, estos negocios paralelos son «mucho más opacos y difíciles de desmantelar», señala el inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la sección de Comercio Electrónico, Diego Alejandro.

Además, añade que se está trabajando en la incorporación de este tipo de delitos en el Código Civil para permitir a los agentes tener más capacidad de perseguir y acabar con el negocio fraudulento tras los anuncios falsos de alquiler.

Aunque no exista delito como tal, estas prácticas implican «una obtención de datos ilegal, porque hay un engaño en la captación de los mismos y, por tanto, no existe un consentimiento libre e informado», señala Borja Adsuara, experto en Derecho Digital.

Por ello, entraría en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea de 2016, que vela por la protección de la intimidad y el correcto uso de los datos personales por parte de las empresas.

Desde los principales portales inmobiliarios en los que se publican estos anuncios cuentan con equipos de verificación específicos para comprobar la autenticidad de los mismos, aunque en ocasiones puede no ser suficiente.

El consumidor tiene la opción de comprobar en una consulta al Registro de la Propiedad el auténtico propietario de la vivienda solicitando una nota simple o, en el caso de ser una empresa, la razón social de la misma. Asimismo, existe la posibilidad de comprobar la actividad de la empresa propietaria de la vivienda para saber si es una sociedad activa y con las cuentas saneadas.

Desde el grupo Tecnocasa advierten de que hay que desconfiar siempre de los precios que estén muy por debajo del mercado. Asimismo, recomiendan confiar y trabajar con profesionales del sector que tengan experiencia con los que se puede hablar directamente, concertar una cita y tener a un agente para asesorarle a lo largo del proceso.