España perderá fondos europeos si no presenta a Europa «con urgencia» una reforma del desempleo

Si no se cumple lo pactado, España se expone a que Bruselas recorte de esos fondos que corresponden a nuestro país en un montante que podría ser superior a los 700 millones de euros, según cálculos de LLYC que ya adelantó ABC. Ahora, el calendario apremia, y la posibilidad de aun acuerdo con los agentes sociales no se conoce ni tampoco cuándo Yolanda Díaz, podría llevar la medida por segunda vez a Consejo de Ministros.

La norma fue elaborada por el el Ministerio de Trabajo y sólo consultada a los agentes sociales, lo que provocó fuertes críticas de empresarios y sindicatos, sobre todo de estos últimos, que llegaron a pedir un encuentro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su malestar por los derroteros por los que está discurriendo el diálogo social. Tras las críticas, Díaz decidió abrir una negociación que ha comenzado este lunes «con carácter urgente».

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Desde la formación morada argumentaron que implicaba un recorte para los trabajadores de más de 52 años, ya que pasarían de cotizar un 125% por jubilación a un 100% mientras se cobrara esta ayuda económica. El argumento de Sumar es que actualmente cotizar sobre el 100% de la base mínima supone que se cotiza más que hace años (cuando se estableció el porcentaje actual) debido a la subida del salario mínimo.

Fue un compromiso del Gobierno para seguir recibiendo el 'maná europeo' y de no hacerlo sería un incumplimiento. Según los cálculos de LLYC, el cumplimiento de cada hito equivale a unos 144 millones de euros para España tal como está configurado el plan de recuperación. Y si se trata de un asunto que viene recogido en las recomendaciones del Semestre Europeo, como es el caso del subsidio, la importancia de no cumplir se multiplica por cinco, tal como han señalado en la consultora. Esto resulta en un cálculo de que España dejaría de recibir más de 700 millones de euros, aunque la cifra podría ser mayor en función de cómo estime Bruselas la gravedad del incumplimiento.

La reforma fue el resultado de una encarnizada lucha política entre la exministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo. Tras el acuerdo en el Gobierno los cambios situaban la cuantía de la ayuda en 570 euros durante los seis primeros meses (actualmente está en 480); y de ahí iría bajando, hasta los 540 euros durante los siguientes seis meses y hasta los 480 euros después. La duración máxima del subsidio sería de 30 meses, que era lo que exigía Díaz. La ayuda sería compatible con el trabajo durante los primeros 180 días y se extenderá a colectivos que hasta ahora no se beneficiaban, como los menores de 45 años sin cargas familiares y todos los trabajadores eventuales del sector agrario. La reforma, de haber salido adelante, habría entrado en vigor el 1 de junio de este 2024.