Empresarios y sindicatos negociarán la reducción de jornada laboral sin Yolanda Díaz

Así lo trasladaba en el día de ayer el mismo secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término de la reunión. «El Gobierno acepta este diálogo bipartito y lo estimula. Vamos a solicitarles que avancen en este diálogo bipartito, pero, naturalmente, el Gobierno caminará de manera paralela a los interlocutores sociales, convocándoles en las próximas semanas para ver cuáles son los avances de ese diálogo bipartito y cómo vamos avanzando en esta línea de alcanzar en 2025 el objetivo del programa de coalición, que es alcanzar las 37,5 horas en 2025», confirmó el secretario de Estado.

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En síntesis, el Ejecutivo confirma que cambia el modus operandi de las reuniones del diálogo social y cede ante la fuerte erosión que ha experimentado la relación entre el gabinete dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz y los representantes de los trabajadores tras la infructuosa negociación del salario mínimo y la imposición total del ahora maltrecho decreto de reforma del desempleo. Ahora serán empresarios y sindicatos los que negocien las propuestas para la aplicación de la medida -eso sí, con el horizonte fijado en las 37,5 horas semanales para 2025- y a la postre se elevarán esos acuerdos a la mesa, ya sí tripartita, con el Ministerio de Trabajo. «El Gobierno actuará si no alcanzamos acuerdos», señalan fuentes del diálogo social consultadas por ABC recordando que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ya recogía en uno de los puntos la aplicación en los diferentes sectores económicos la posibilidad de ir reduciendo las horas de trabajo.

De este modo, parece que una primera instancia se impone la versión comedida de la reforma al alejarse la posibilidad de una implantación de la medida sin excepciones, sino que se atenderá a las particularidades de cada sector y en función de las posibilidades de cada empresa.

Cabe recordar que son muchos los sectores y empresas ya tienen menos de 40 horas semanales pactadas por convenio, en muchas ocasiones al contar con diferentes parámetros de productividad. «El problema no es que se ponga o no menos hora, sino que sea una obligación del Gobierno y para todos, sin tener en cuenta qué efecto puede tener en algunos sectores o empresas que no lo puedan asumir», apuntan las fuentes del diálogo social sobre las cautelas que comparten tanto la patronal como los sindicatos de cara a la aplicación efectiva de la medida.

El vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, explicaba sobre esta nueva dinámica que en base a los objetivos iniciales e «inamovibles» de ir primero, en 2024, a las 38,5 horas semanales de jornada y después, en 2025, hasta las 37,5 horas, los sindicatos quieren discutir en el ámbito bipartito, es decir, sólo con los empresarios, cómo se aplica y cómo se produce esa efectiva transición desde las 40 horas semanales a las 37,5 horas, aunque ello no signifique que se vaya a suspender la mesa con el Gobierno.

Aquí, el representante sindical argumenta el establecimiento del canal bilateral por dotar de mayor eficacia para la implantación de la medida si se cuenta con el plácet por parte de las empresas. Ya que, en última instancia, este acuerdo y lo que decida legislar el Ministerio de Trabajo deberá trasladarse posteriormente en negociaciones convenio a convenio.

Cabe recordar, tal y como avanzó este medio, que uno de los aspectos que generaba recelo entre los agentes sociales es la ausencia de informes preceptivos que analicen el impacto de las medidas planteadas por el Gobierno en material laboral. Concretamente, en este segundo campo de batalla, el reducir 2,5 horas las horas semanales de trabajo a los 21 millones de ocupados de nuestro país acarrearía un coste empresarial de 64.000 millones de euros y equivaldría a la pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo.