Denaria reclama a los partidos políticos que eliminen la prohibición de pago en efectivo para los alquileres de la Ley de Vivienda

La plataforma explica que ya existe una limitación legal para los pagos en efectivo de 1000 euros recogida en la Ley 11/2021, del 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Límite sobre el que el Banco Central Europeo opina que es demasiado restrictivo. Además, recuerdan que esta barrera es sancionable, según recoge la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Mencionan también que el Tribunal de Justicia Europeo declaró como obligatorio aceptar pagos en efectivo en Europa. Esta sentencia expresó concretamente que una normativa nacional no puede excluir la posibilidad de usar billetes denominados en euros.

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Califican esta restricción como «muy grave» y exponen que afectará en mayor medida a los ciudadanos más vulnerables: «Restringe la libertad de libre elección del medio de pago y perjudica a las personas que disponen de un alquiler de vivienda social. Estas se encontrarán en una situación de indefensión ya que se les exigirá solicitar al arrendador poder pagar en efectivo de forma excepcional, sin quedar claro como demostrar que carecen de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago», aclaran.

Señalan también que el dinero en efectivo es «un medio de pago universal» y que es utilizado a diario por 3 de cada 5 personas. En concreto, las personas de más de 45 años y con estudios básicos son las que utilizan el metálico en mayor proporción, según el Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo realizado recientemente por el Banco de España.

Por ello, la plataforma solicita al Senado la eliminación de este requisito y considera que no se han valorado las consecuencias de no aceptar el euro físico como medio de pago. Creen que, el contenido en la Ley de vivienda resulta «bastante preocupante» porque pretende regular las relaciones de pago en las que intervienen particulares. Y que, en este tipo de operaciones no se debe imponer la obligatoriedad de liquidar la deuda por medios electrónicos, sino que, por el contrario, se debe respetar la libertad de las partes, siempre que cumplan con los límites legales.