Cuerpo eleva la opa de BBVA al Consejo de Ministros con vistas a enmendar a Competencia

El ministro justifica su decisión «por razones de interés general» y apunta a algunos criterios que podrían utilizar para torpedear la operación. Concretamente, Economía habla «del potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social» como argumentos para elevar el caso. Además, el ministerio desvela que cinco ministerios económicos han reclamado esta decisión.

A finales de abril, la CNMC aprobó la operación con compromisos pactados con el banco vasco como el mantenimiento del crédito a pymes y de las condiciones comerciales durante un máximo de cinco años. Compromisos asumibles para BBVA tras un larguísimo análisis de alrededor de un año después del cual se abrió la llamada fase tres para el Gobierno.

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El Ejecutivo tiene ahora en sus manos la opa. Carlos Cuerpo disponía hasta este 27 de mayo para decidir si elevaba el caso al Consejo de Ministros, que será el que decida la intervención. En teoría, lo que puede hacer el Ejecutivo ahora es modificar las condiciones que previamente pactó la CNMC y podría darse el caso de que endureciera tanto las mismas que hiciera desistir a BBVA, aunque hay juristas que dudan de que tenga esa capacidad legal.

Para tomar esta decisión, el Ejecutivo se ha apoyado en una consulta pública inédita con la cual han recabado opiniones de todo aquel que se quisiera pronunciar sobre la opa. Se trataba, en suma, de buscar respaldo social a la intervención en la operación, y el Gobierno lleva dos semanas intentando convencer de que esto no es un referéndum de sí o no, sino una manera de actuar con «todas las garantías», como señala Cuerpo. Con todo, esa consulta ha llegado a la Audiencia Nacional por parte de un despacho de abogados, Statera Legal, que solicita, además, medidas cautelares para que no se puedan utilizar los resultados ya que consideran que atenta contra el principio de igualdad de la Constitución, entre otras cosas.

Esta consulta ha despertado enormes recelos en el sector financiero y también entre los empresas y economistas por su carácter anómalo. Pero eso no ha impedido al Gobierno ir para adelante en sus intenciones. Bancos e inversores creen «arbitraria y populista» la consulta del Gobierno, como publicó ABC, y no solo eso: la propia consulta permitía participar a una misma persona miles de veces y con identificaciones falsas, aunque Economía dijo que iba a depurar las respuestas.

La intervención del Ejecutivo también ha generado reacciones en BBVA. Su presidente, Carlos Torres, señaló hace varios días en una entrevista que no había razones para elevar el caso al Consejo de Ministros, en uno de los pocos choques que ha protagonizado el banco vasco contra el Gobierno a lo largo de la opa. «Consideramos que no debería elevar la operación al Consejo de Ministros porque, lejos de afectar negativamente a ningún elemento de interés general, la operación es buena», dijo.

En Banco Sabadell, por su parte, aunque hace dos meses apelaron al Gobierno para que torpedeara la operación, lo cierto es que ahora se muestran mucho más cautos respecto a ponerse en una posición tan cercana a La Moncloa, que siempre ha rechazado la operación. En cualquier caso, los catalanes sí que han participado en la consulta, mientras que BBVA no lo ha hecho.

Cuerpo ha confirmado que la consulta pública ha tenido una buena acogida en la sociedad y que «ha sido útil» para el Gobierno para «pulsar» el sentimiento de la sociedad. Asimismo, ha desvelado que el resultado de la consulta apunta «a la existencia de razones de interés general que pueden verse afectadas por la operación».

Tras la decisión de Cuerpo, que era más que esperada en vista de cómo se había pronunciado el Gobierno desde el inicio de la opa, la operación entra en un terreno completamente incierto con los argumentos que usaría La Moncloa. Contarán, además, con informes de los principales ministerios económicos, como Industria, Trabajo, la propia Economía...

Lo que sí está claro es que el Ejecutivo tiene también unos límites en su intervención. La normativa de competencia establece que el Gobierno puede intervenir pero no utilizar criterios de competencia para justificar su decisión ya que estos ya han sido analizados por la CNMC.

Tendrán que usar criterios de interés general como fija la ley y que sean distintos de la competencia. La norma enumera varios de ellos: defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios en España, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y desarrollo tecnológicos y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial. En parte, el Gobierno se agarra a estos criterios, pero no solo, y está por ver cómo los utilizaría para endurecer las condiciones a BBVA.

Con todo, los juristas consideran que esta lista no es cerrada sino que figura en la ley a modo de ejemplo y que, por tanto, podrían servirse de la amplitud del término «interés general». La opa queda en manos del Gobierno.