CC.OO. y UGT se suman a las protestas por Muface y apuntan al Gobierno pero también a las aseguradoras

La protesta, a la que se han sumado ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT, apunta en dos direcciones, contra el Gobierno, al que el exigen que abra una nueva licitación para Muface, y contra las aseguradoras, a las que piden que suscriban «lo antes posible» un nuevo convenio.

Maribel Loranca, responsable del Sector de Enseñanza de UGT SP, ha expresado que las dos partes implicadas en este conflicto, Gobierno y aseguradoras, «están obligadas a entenderse por responsabilidad social y por responsabilidad con el colectivo de mutualistas, que tiene que tener garantizada una prestación sanitaria de calidad» . «Volvemos a exigir esfuerzo por parte del Gobierno, pero también de las compañías sanitarias» , ha recalcado Loranca

Así las cosas, a la concentración de esta mañana, que se ha producido frente a la sede de la patronal de las aseguradoras (Unespa), le seguirán otras a las 17.00 horas frente a la sede de Muface en Madrid y en las delegaciones de las principales capitales de provincia.

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Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que es el sindicato más representativo en las administraciones públicas, presentará al Congreso de los Diputados un dossier con centenares de quejas por retrasos, anulaciones y suspensiones de citas médicas en Muface, hecho que aseguran haber denunciado ya ante el Defensor del Pueblo.

CSIF no se manifestará hoy sino el próximo sábado 14 de diciembre en la que prometen que será una «gran movilización» delante de la Dirección General de Muface en Madrid. Es decir, que en su caso no llevan la protesta a la sede de las aseguradoras sino al Gobierno, al que exigen que presente una licitación lo «suficientemente atractiva» para asegurar la continuidad del sistema.

Hay que recordar que las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban la atención a través de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, demasiado lejos de su petición, que estaba en torno al 40%.

Después de esto el Ministerio lanzó una consulta al sector asegurador para saber a qué precios aceptarían acudir a un nuevo concierto, de modo que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno. Por el momento, lo único que se sabe de esta licitación en ciernes es que será por tramos de edad, de modo que las primas serán mayores para los funcionarios más veteranos.

Más allá de esto, el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, garantizó ayer que habrá una nueva licitación antes de que acabe el año y recordó que la Ley de Contratos del Sector Público contempla herramientas para prorrogar el concierto actual durante un tiempo.

Y mientras ocurre todo esto, la inseguridad jurídica que acusa el sistema está empezando a afectar a la calidad del servicio que reciben los funcionarios. Desde Csif aseguran que algunas clínicas están retrasando y suspendiendo citas médicas de los funcionarios, e incluso pidiéndoles que se sufraguen ellos mismo los tratamientos si quieren ser atendidos.

En la misma línea, Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca, la asociación que representa a los cuerpos superiores de la Administración del Estado, explicó a ABC que sus representados también están viendo como se les retrasan citas y tratamientos.