Los altos funcionarios exigen a Óscar López que asegure el futuro de Muface: «No permitiremos que se juegue con la salud de 1,5 millones de personas»

Los altos funcionarios entienden que «no hay motivos económicos o jurídicos» que justifiquen la suspensión del actual concierto sanitario y han acusado al Gobierno de generar una situación de incertidumbre que tiene en vilo a cientos de miles de funcionarios y familiares que a día de hoy no saben si van a tener cubierta su atención sanitaria a partir del próximo 31 de enero, ni siquiera en los casos de personas que están siendo tratadas de enfermedades crónicas o de gravedad.

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La presidenta de la plataforma, Ana Ercoreca, ha denunciado que esta incertidumbre ya está afectando al servicio que reciben los mutualistas, retrasando citas y tratamientos, algo que también han denunciado otros sindicatos como CSIF o UGT. "No vamos a permitir que se juegue con la sanidad de 1,5 millones de funcionarios y familiares", ha advertido.

Fedeca solicitó el pasado lunes reuniones con el ministro de Función Pública, la secretaria de Estado de Función Pública y la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna, salvo por parte del Ministerio de Hacienda. La situación ha llevado a la federación a redoblar su presión. En un acto en el que han participado ex diputados del Congreso como Mario Garcés (PP) y Edmundo Bal (Ciudadanos), así como representantes de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y de la de secretarios, interventores y tesoreros municipales Fedeca ha exigido que se prorrogue el concierto actual.

"No se puede actuar desde la improvisación. Si se quiere cambiar el sistema de Muface que se haga a partir de un estudio serio", ha exigido la presidenta de Fedeca. Las cifras que maneja la plataforma dicen que mientras el coste de atención por usuario en Muface es de 1.014 euros, en el sistema sanitario público es de 1.680 euros, más de un 35% más altos. "Es una cuestión de lógica. El Gobierno sabrá si quiere cargar al sistema público de salud con el sobrecoste de los 1.750 millones de euros al año que actualmente cuesta Muface, más los 750 millones de euros que le costaría asumir a los mutualistas, cuando puede resolver el problema poniendo 100 millones de euros más encima de la mesa", ha expuesto el miembro del cuerpo de interventores del Estado y ex secretario de Estado de Asuntos Sociales en el Gobierno de Mariano Rajoy, Mario Garcés, que ha recordado que Muface se creó en junio de 1975 precisamente para descargar de trabajo al sistema sanitario público.

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"No se trata de defender un privilegio, se trata de garantizar la atención sanitaria de la mejora manera posible a los funcionarios", ha asegurado Ana de la Herrán, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. El miembro de la asociación de Abogados del Estado y ex diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha deslizado que en el seno de su asociación que se han comenzado a debatir posibles alternativas para garantizar el mantenimiento del servicio de atención sanitaria tal y como se presta en la actualidad, como la suscripción de una póliza privada corporativa o incluso la posibilidad de que los beneficiarios asuman parte del coste de la prestación del servicio a través de una especie de copago. La presidenta de Fedeca ha rechazado que esas alternativas se estén planteando desde la plataforma para el conjunto de los mutualistas.