El caos en la Seguridad Social llega al Congreso y los sindicatos salen a la calle el 23

«La dificultad para lograr una cita en una oficina de la Seguridad Social, las demoras en la tramitación de los expedientes administrativos o los errores constantes en su ordinario funcionamiento requieren la máxima dedicación y atención por parte del Ejecutivo. Sin embargo, mira para otro lado». Es el argumento que fundamenta la interpelación urgente del grupo Popular al Gobierno que hoy debate el Congreso. En la misma línea que los sindicatos, el PP denuncia que en los últimos años «observamos cómo este servicio ha visto deteriorada su eficiencia y calidad, menoscabando de manera directa los derechos de los administrados en asuntos trascendentales para sus necesidades, como puede ser, por ejemplo, el reconocimiento de una prestación de viudedad, jubilación o de cuidado de menores. Es inadmisible».

Noticia Relacionada

Más de 1,1 millones de empleados falta cada día a su puesto de trabajo

Susana Alcelay

Dos de cada diez lo hacen sin baja médica, según un informe de Randstad, en el que se asegura que España pierde por absentismo casi el 6% de las horas de trabajo pactadas

Como ya informó ABC, lograr una cita en las oficinas de la Seguridad Social para gestionar una prestación se ha convertido en una carrera de obstáculos. Lograr una cita presencial puede tardar entre mes y mes y medio, periodo al que se suman otros dos meses en gestionar una pensión. En resumen, el ya jubilado tardará hasta tres meses en cobrar la prestación a la que tiene derecho, un periodo en el que no tendrá ingresos, cuando en muchos casos puede ser una renta vital.

La interpelación de los populares entró en la Cámara Baja el pasado día 2 de este mes; previamente la mesa del Congreso registró el 31 de enero una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que «de manera inmediata se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena administración». Insta al Ejecutivo a que se regulen medidas para que los servicios de atención a los ciudadanos «recuperen la calidad y la eficacia que les son propias».

Las quejas del principal partido de la oposición han ido precedidas de protestas de los sindicatos en las calles, que volverán a repetirse el próximo día 23 en Zaragoza. CSIF, UGT y CC.OO. se manifestaron el pasado noviembre en Madrid, Valencia y Barcelona y el 27 de enero en Sevilla para protestar por la falta de personal y para protestar por la situación de caos.

Como explicó este diario, en diez años los efectivos del instituto de previsión han pasado de 36.000 a 26.000. Son 10.000 menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital, la prestación que está taponando la gestión de otras ayudas, según denuncian los funcionarios. Dos tercios están a las puertas de la jubilación.

Las centrales de funcionarios ya han avisado que incrementarán las protestas por el colapso de la Seguridad Social y también contra el nuevo plan de atención directa al ciudadano que ha puesto en marcha el organismo que dirige Escrivá, que «vulnera la negociación colectiva porque modifica las condiciones laborales de la plantilla», denunció ayer CSIF. Según este sindicato, el plan incluye la apertura de todos los Centros de Atención Social en horario de tarde y que los tiempos de atención sean inferiores a 10 minutos, y que se incremente la atención por funcionarios y día.