Ingreso mínimo: más de 100.000 peticiones atascadas y ocho de cada diez rechazadas

La cuantía de los pagos realizados solo en noviembre ascendieron a 227 millones, cantidad que más o menos se ha venido manteniendo estable en los últimos meses, lo que apunta a que a final de año quedarán sin gastar unos 700 millones del presupuesto inicialmente designado a esta prestación, que ya fue recortado en 354 millones para, presumiblemente destinarlo a otra ayuda. No es la primera vez que ocurre. Ya en 2021, la Seguridad Social dejó sin gastar mil millones de la partida asignada.

La ayuda, que estaba destinada a ser la estrella de las prestaciones del Gobierno de coalición para luchar contra la pobreza en España en tiempos de pandemia, no termina, por tanto, de cuajar. Hasta una decena de veces se ha visto obligado el ministro de Seguridad Social a cambiar una prestación que para un adulto es de 565 euros y para un supuesto de cuatro adultos y un menor alcanza 1.243 euros mensuales después de haber subido un 15% este ejercicio. Nacida en un momento de máxima expectación social, y también de máxima tensión en el seno del Gobierno de coalición, la gestión de esta ayuda ha defraudado a pie de calle.

Las cifras de la gestión del IMV están aún muy lejos de los objetivos que se marcó el Ejecutivo con el lanzamiento de este subsidio. En noviembre pasado, la prestación de la Seguridad Social había llegado a 549.670 hogares con 1,5 millones personas beneficiadas. Los planes iniciales del ministro Escrivá pasaban por llegar a 850.000 hogares y favorecer a 2,3 millones de personas.

Hoy la Seguridad Social deniega ocho de cada diez solicitudes del ingreso mínimo y más de 100.000 están atascadas y pendientes de resolver por la falta de efectivos. La subida de las pensiones del 8,5% este ejercicio animó a muchos funcionarios que estaban cerca de la jubilación a dar el paso, dado que el alza les ha permitido esquivar las penalizaciones por adelantar el retiro. La situación ha dejado muy mercadas las plantillas.

«Faltan 9.000 funcionarios», denuncian los sindicatos, que en el pasado noviembre salieron a la calle para protestar por la falta de personal y el exceso de trabajo. El día 27 saldrán de nuevo a las calles, está vez en Sevilla, para denunciar la misma situación. UGT, CC.OO. y CSIF avisan de que el problema de gestión del IMV está generando una bolsa de expedientes pendientes de tramitación que ha motivado que, por parte del INSS, se adopten medidas urgentes bajo el paraguas del denominado «plan de intensificación». Recuerdan que este plan consistió en ofertar horas extraordinarias a la plantilla para liberar el tapón, pero que su éxito fue nulo. Los funcionarios relatan que desde la Administración se ofertaron diez euros por cada expedientes del IMV resuelto fuera de su horario laboral, pero sin ningún éxito. «Nadie quiere, teniendo en cuenta que resolver uno de estos expedientes implica una hora de trabajo», explican.

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Las protestas de la plantilla se han intensificado en los últimos meses. El personal denuncia las condiciones de la plantilla, ante un aumento de «las cargas de trabajo» y cada vez «menos personal», pero también reivindican la defensa de un buen servicio público en la Seguridad Social, que alertan de que ya se está perdiendo. Los funcionarios avisan que la preocupación por la gestión del ingreso mínimo está restando importancia al resto de prestaciones también vitales para quienes las precisan, que se siguen acumulando. Añaden que «las envejecidas y mermadas plantillas de la Seguridad Social no alcanzan para tramitar el conjunto de prestaciones del sistema, que están teniendo retrasos que producen interrupción de rentas».

A las protestas de los sindicatos por la falta de efectivos se suma el Defensor del Pueblo con reproches a la Seguridad Social por la «insuficiente» atención a los ciudadanos. La institución de defensa de la ciudadanía dirigida por Ángel Gabilondo ha reclamado al departamento que dirige José Luis Escrivá que resuelva las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas para gestionar prestaciones clave como pensiones o permisos de maternidad y paternidad.

El órgano considera que las medidas adoptadas por el Ministerio para resolver esta situación «no resultan suficientes en orden a recibir una atención eficaz y eficiente».