La Seguridad Social entra en un caos que retrasa hasta tres meses la gestión de una pensión

Este caso se repite todos los días, y no solo en el caso de las pensiones, ocurre con todas las prestaciones que gestiona el organismo público, que pasa por uno de los momentos más delicados de su historia. ¿Qué está ocurriendo? Los funcionarios se quejan de que la plantilla se ha recortado de forma drástica en los últimos años, a lo que se suma el acelerón que se ha producido durante la pandemia del proceso de digitalización, que ha traído más facilidades para hacer trámites por vía telemática a cambio de reducir a la mínima expresión -o completamente- la atención presencial. Esta transición ha dejado desasistidos a una parte significativa de la población, en especial a los mayores, para los que internet sigue siendo territorio muy árido.

La Seguridad Social ha perdido en una década a casi el 22% de sus efectivos, entre los que se cuentan algunos de los que decidieron adelantar su marcha gracias a la subida del 8,5% que este año se aplica a la nómina de los jubilados. Aquellos que dudaban si dar el paso, lo han dado y gracias a esa alza histórica han podido esquivar las penalizaciones por adelantar el retiro.

En diez años efectivos del instituto de previsión han pasado de 30.000 a 23.500. Son 6.500 menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital, la prestación que está taponando la gestión de otras ayudas, según denuncian los funcionarios. Todo ello ha provocado que lo que antes se gestionaba en cuestión de días, ahora lleve meses, con la angustia para el ciudadano de que pedir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social es prácticamente misión imposible, lo que está impulsando a ciudadanos angustiados a acercase a las oficinas para reclamar ayuda de los funcionarios con las citas o con las prestaciones. «Nos encontramos muchas veces con el problema añadido de que un expediente que ha tramitado un funcionario en Madrid es asumido por otro en Lugo, lo que complica la ayuda que podemos prestar al ciudadano que ha tramitado su prestación en Madrid y necesita orientación», asegura a este diario, Ricardo Aguirre, responsable de Seguridad Social de CSIF.

Los planes del Gobierno para descentralizar la Administración van más lejos de sacar sedes de organismos públicos. También están deslocalizando tareas en instituciones como la Seguridad Social con el objetivo de descongestionar oficinas saturadas y trasladar carga de trabajo a otras con menos trabajo con el objetivo en algún caso de evitar su cierre.

El titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, es consciente del problema por el que atraviesa la atención al ciudadano, aunque su departamento achaca la crisis de efectivos y de medios a una situación heredada. El problema ha adquirido tal envergadura que El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio que «resuelva las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas de la Seguridad Social, así como la falta de disponibilidad de citas presenciales». La institución ha pedido al ministro que «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración».

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Recuerda el Defensor del Pueblo que los ciudadanos se quejan de que se ven obligados a realizar múltiples llamadas telefónicas «en diferentes horas y días en su deseo de obtener cita previa, así como sucesivos trámites a través de internet, en su mayoría sin resultado positivo». Esta situación supone «un incumplimiento objetivo y directo de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución, según el cual la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia en el desempeño de su labor», reitera la institución.

El ingreso mínimo vital (IMV) es pieza fundamental en los retrasos en la tramitación de las ayudas, según denuncian los funcionarios. La complejidad en los requisitos para conceder esta prestación está provocando que se denieguen ocho de cada diez expedientes y que más de 100.000 estén atascados en las oficinas, lo que ha llevado a los funcionarios a denunciar que la tramitación de esta ayuda está restando tiempo a la gestión de otras prestaciones que también son vitales.

Todo ello ha hecho que la prestación estrella del Gobierno haya defraudado a pie de calle. En noviembre pasado el IMV había llegado a 549.670 hogares con 1,5 millones personas beneficiadas. Los planes iniciales del Gobierno pasaban por llegar a 850.000 hogares y favorecer a 2,3 millones de personas.

Todo este cúmulo de situaciones por las que atraviesa la Seguridad Social ha unido a todos los sindicatos. CSIF, UGT y CC.OO. se manifestaron el pasado noviembre en Madrid, Valencia y Barcelona para protestar por la falta de personal y el día 27 volverán a salir a las calles, está vez en Sevilla, para denunciar la misma situación de caos en las oficinas. Bajo el lema «Ahora Sevilla», las centrales exigirán al Gobierno que ponga en marcha la prometida Agencia Estatal de la Seguridad Social y más plantilla que permita una mejor atención presencial.

La Seguridad Social acumula desde 2010 elevados déficit, que han dilapidado el Fondo de Reserva y endeudado al organismo en 106.000 millones, una cifra sin precedentes que es equivalente al 9% del PIB. A finales de noviembre de 2022 el organismo acumulaba un pasivo equivalente a 9 puntos porcentuales del PIB, unos ratios sin precedentes.

Al margen de la abultada factura que asume cada año el presupuesto de la Seguridad Social (190.000 millones este año), el endeudamiento ha experimentado un salto exponencial con el Gobierno de Pedro Sánchez. Solo ligar las pensiones al IPC y subirlas un 8,5% sumará un gasto de 15.000 millones este año.

La deuda del organismo que paga las pensiones ha pasado de los 34.888 millones que registraba cuando Sánchez accedió a La Moncloa en junio de 2018 a los 106.175 millones de euros actuales. La cifra supone un incremento del pasivo de 71.287 millones en los últimos cinco años, por la concesión de créditos por parte del Estado que se acumulan al endeudamiento de la Seguridad Social. En términos porcentuales, el incremento del pasivo, al pasar de 34.888 millones a 106.175 millones, supone un 204% más en el último lustro. Más del triple.

Y con este escenario de fondo el ministro Escrivá intenta cerrar una segunda fase de la reforma de pensiones que permita a España seguir recibiendo fondos europeos. Una reforma que debe convencer a Europa y para ello serán necesarios ajustes.