Bruselas destinará 1.600 millones en ayudas por la DANA a pesar de que el Gobierno pidió 4.400 millones
La Comisión destinará 945 millones del Fondo de Solidaridad, la segunda mayor asignación de su historia
La dana de Valencia ha sido uno de los diez desastres más costosos del mundo en 2024
Madrid
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Iniciar sesiónLa Comisión Europea ha propuesto destinar 1.600 millones de euros en fondos europeos para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el 29 de octubre del año pasado, cifra que está muy lejos de los ... 4.403 millones que pidió el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando remitió su solicitud de ayuda financiera a Bruselas el pasado 21 de enero. Este hecho podría revelar dos cosas, o un desajuste entre los cálculos de daños susceptibles de financiación elaborados por el gobierno español por un lado y la Comisión por otro o las propias limitaciones presupuestarias de la Unión Europea para responder ante catástrofes naturales.
Lo cierto es que en su misiva del 21 de enero el Gobierno justificó su petición en base a gastos que ya se han ejecutado, más de 2.000 millones invertidos directamente por el Estado, 1.357 millones que fueron solicitados por la Generalitat Valenciana y 1.035 millones consignados para los ayuntamientos.
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Nueve meses más tarde, el organismo presidido por Ursula von der Leyen propone transferir menos de una tercera parte de ese montante, y aun así se trata de una inversión récord que deja la caja del principal mecanismo del que dispone la UE para enfrentar catástrofes naturales prácticamente vacía. Exactamente, de esos 1.600 millones, 945 millones procederán del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE), una medida que necesita del visto bueno del Parlamento y el Consejo, y otros 645 corresponden a la reasignación de un dinero que en realidad ya estaba presupuestado para España dentro de los fondos de cohesión.
La intención del Ejecutivo español era que esos 4.403 millones se le transfirieran directamente desde el FSUE, una petición que de hecho era imposible ya que el presupuesto anual máximo de ese mecanismo está fijado en 1.500 millones, tras el último cambio presupuestario introducido por la Comisión en 2024, que dio algo más de músculo a un fondo que hasta entonces solo disponía de 1.200 millones. Aun así, el montante que recibirá España supone cerca del 60% del dinero disponible. Sobre esto, hay que tener en cuenta que el fondo debe mantener un mínimo en la caja para cualquier imprevisto climático, o para enviar a Francia los 110 millones ya comprometidos para hacer frente a los ciclones sufridos en las islas de Mayotte y Reunión en diciembre de 2024 y febrero de 2025, respectivamente.
Desde el Ministerio de Hacienda han declinado comentar este decalaje entre lo que se pidió y lo que va a llegar, más allá de celebrar una ayuda que de hecho supone la segunda mayor asignación desde que se creó el FSUE en 2002, después de los 1.200 millones concedidos a Italia por la sucesión de terremotos que sufrió el país entre 2015 y 2016. En lo que va de siglo, este mecanismo ha canalizado algo más de 8.600 millones en ayudas (incluyendo a Albania, Montenegro, Serbia y Turquía para allanar sus procesos de adhesión a la UE), pero la virulencia creciente de las catástrofes naturales ha obligado al ejecutivo de Von der Leyen a dotarse de mayor músculo financiero para responder a emergencias, de ahí la ampliación presupuestaria acometida en 2024.
Una vez conseguida la aprobación de la Eurocámara y los Estados miembro -vía Consejo-, se iniciará un proceso que puede durar incluso varios meses, aunque en 2015 la Comisión introdujo una reforma para que los Estados pudieran solicitar un anticipo. De hecho, en marzo nuestro país ya recibió 100 millones de euros por adelantado, el máximo que permite la legislación comunitaria.
A este montante, como ya se ha avanzado, se suman otros 645 millones que en realidad ya estaban presupuestados para España a través de los Fondos de Cohesión. Desde diciembre de 2024 los Estados miembro tienen la capacidad de reasignar fondos europeos de ciertas partidas -por ejemplo de Cohesión o Desarrollo Regional- hacia un nuevo mecanismo llamado Restore, y esto es lo que la UE pretende hacer en este caso. La diferencia con el FSUE es que en este caso la ayuda está cofinanciada en un 95% por Bruselas.
Sea como fuere, y más allá de la discrepancia entre Bruselas y Madrid, a nadie escapa que este caso pone de relieve un viejo problema de la UE: la parvedad de su presupuesto propio. Para los distintos presidentes que han pasado por la Comisión, cada negociación de las cuentas comunitarias -el Marco Financiero Plurianual- ha sido un camino tortuoso, dada la oposición a aportar más fondos de los países llamados 'frugales' (Alemania y Países Bajos principalmente). Esto explica que el actual presupuesto comunitario, del que depende el dinero que se dedica a combatir desastres climáticos, equivalga apenas al 1,13% de la renta nacional bruta europea. Y todo indica que nada cambiará en el corto plazo, pues de cara a la negociación de los próximos presupuestos de la UE (para el período 2028-2034) la Comisión solo se ha atrevido a elevar esa cantidad al 1,13%; como ya explicó ABC, por la certidumbre de que algunas capitales rechazarán cualquier propuesta que dispare el gasto.
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