Lo que concluyen los estudios realizados al respecto, recabados por David López-Rodríguez, uno de los investigadores del potente servicio de análisis de la institución, es que existe un elevado grado de traslación de las cargas fiscales extra impuestas a las empresas a otros colectivos. Un estudio sobre los incrementos de presión fiscal aplicados a los beneficios empresariales de las empresas estadounidenses concluyó que el 50% de esa carga extra se trasladó a los consumidores vía precio, el 30% a los trabajadores vía menores salarios y apenas un 20% a los accionistas en forma de menores dividendos. Un estudio similar realizado en Alemania observó que el 50% de la factura de las subidas de impuestos a las empresas la acabaron pagando los trabajadores. Y algo similar han detectado los estudios sobre los incrementos de la presión fiscal vía IVA.
«Una empresa, para reducir el impacto sobre sus accionistas de una subida del impuesto sobre sus beneficios, puede intentar repercutirla a los consumidores (aumentando sus precios), a los proveedores (reduciendo los pagos de sus compras) e, incluso, a los trabajadores (reduciendo sus salarios)» esa mayor carga impositiva, asegura el investigador, lo que lleva a preguntarse al Banco de España por quién paga realmente los impuestos.
El Gobierno ha tratado de paliar a priori ese efecto introduciendo cláusulas en los gravámenes especiales introducidos sobre la banca y las energéticas que prohíben repercutir esa mayor carga fiscal al mercado vía precios, pero según ha advertido los analistas esa cláusula es casi imposible de controlar por la dificultad para determinar qué factores concretos han incidido en una eventual subida de precios.
Desde el Banco de España piden al Ministerio de Hacienda que abra el acceso a los microdatos tributarios para entender mejor quién paga los impuestos en España.
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