El Gobierno ignora los avisos del BCE y Bruselas y mantiene sus impuestos a banca y energéticas con retoques mínimos

El texto llegará a la Cámara Alta tras haber sido zarandeado no solo por la oposición política y las empresas afectadas sino por organismos nada sospechosos de albergar intereses ocultos al respecto como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), y esquivando además el reglamento de obligatorio cumplimiento aprobado por la Comisión Europea para armonizar la respuesta fiscal de los 27 a los sobrecostes derivados de la lucha contra esta crisis.

Pese a ello, el Gobierno apenas ha introducido cambios de calado en la iniciativa. Sí ha decretado la afectación de los ingresos obtenidos por los gravámenes a la banca y a las energéticas -en el de las grandes fortunas ya se preveía- a la financiación de las medidas discrecionales de apoyo a hogares y empresas como exigía Bruselas, pero ni ha restringido el radio de acción del gravamen energético a gasistas y petroleras como pedía Bruselas ni a resuelto los problemas de competencia advertidos por el BCE.

El supervisor bancario de la zona del euro emitió un duro dictamen contra el impuestazo al sector financiero. En el mismo advertía del posible impacto sobre el sector en términos de rentabilidad, solvencia, concesión de crédito, etc. Y añadía también el riesgo sobre la competencia: «La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria». En otras palabras, que para que fuera conforme a la competencia pedía aplicarlo al conjunto del sector, bancos españoles y extranjeros.

PSOE y Podemos registraron una enmienda para subsanar el asunto y que el impuesto alcanzara también a la banca foránea, sin tener en cuenta el umbral mínimo de 800 millones facturados en intereses y comisiones que preveía la norma. La enmienda establecía un segundo criterio para pagar el impuesto: que las entidades estuvieran bajo supervisión del BCE, lo que metía dentro del perímetro a más de medio centenar de entidades de toda Europa catalogadas de 'sistémicas'.

¿El objetivo? Cumplir con el principio de «no alterar la competencia», que reclamaba el BCE. Sin embargo, PSOE y Podemos retiraron la enmienda a última hora sin más explicaciones, dejando la norma como estaba en su versión original.

La enmienda que sí se mantuvo fue una del PNV que aclara que el gravamen se aplicará a los bancos «que operen en territorio español», es decir, que alcanzarán tanto a las entidades españolas como a las extranjeras que operen en nuestro país, pero siempre teniendo en cuenta el umbral mínimo de negocio de 800 millones. De esta manera, varios grandes bancos extranjeros quedarán fuera del radio de acción del gravamen al no alcanzar esa cifra de ingresos en intereses y comisiones en España y continuarán latentes los problemas de competencia que denunció el supervisor, y de los que también se hacía eco el sector en España.

El BCE exigió también al Gobierno un análisis exhaustivo sobre el impacto del impuesto en la solvencia y la rentabilidad del sector. El Ejecutivo también ha hecho oídos sordos a esta petición.

El Gobierno tuvo claro desde el primer momento que al margen de los bancos había que hacer pagar la factura de la crisis a las compañías eléctricas, con las que la ministra de Transición Ecológica mantiene un pulso permanente y que también están de forma regular en el punto de mira de Unidas Podemos.

El reglamento de obligado cumplimiento aprobado hace unas semanas por la Comisión Europea para armonizar las figuras fiscales aprobada en toda la Unión para obtener ingresos que permitan sufragar sus políticas de apoyo a hogares y empresas fijó su objetivo en otro rincón del sector energético: las petroleras y las empresas extractivas. Las eléctricas no aparecían por ningún lado, pero el Gobierno ha decidido mantenerlas en el gravamen amparadas en la parte de la directiva que permite establecer una figura «análoga» a la definida por la Comisión Europea.