El Banco de España destaca que hay un déficit de 600.000 viviendas y los promotores piden seguridad jurídica

No es la primera vez que el Banco de España llama la atención sobre el problema de la vivienda en nuestro país, con una demanda cada vez mayor pero una oferta que no crece al mismo ritmo. Así las cosas, en un informe de hace escasos meses la institución explicaba que la falta de vivienda se debe, entre otras razones, a la falta de suelo para construir y se concentraría en cinco provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante.

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Daniel Caballero

Sobre el mercado del alquiler, Blanco ha apuntado que «España es de los países del mundo que dedica menos al alquiler social, solamente el 1,5 % del parque de vivienda frente al 7% de media que tienen en Europa. El sector público por sí mismo no puede corregirlo, hay que fomentar la colaboración público-privado».

Más allá de ello, en las jornadas se ha apuntado a «la necesidad de contar con una legislación que proporcione mayor seguridad jurídica al urbanismo, la importancia de atajar la falta de oferta de vivienda y de suelo finalista para su construcción y la articulación de mecanismos públicos y de colaboración con el sector privado para incentivar la financiación».

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), ha sido quien ha reclamado seguridad jurídica en el urbanismo con «una ley que garantice que vamos a tener suelo finalista en plazos razonables». Este ha señalado que «tenemos un problema de una magnitud impresionante del que venimos avisando desde hace 14 años. A las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y la paralización del suelo se unen como factores determinantes la curva demográfica y el flujo migratorio de nuestro país».

En este sentido, el representante de los promotores ha planteado soluciones: «Necesitamos que nuestras ayudas sean las mismas que las de otros sectores; quitar el estigma a la vivienda para fomentar el proceso de industrialización y facilitar la financiación; frente a la falta de mano de obra, ofrecer formación profesional dual que nos proporcione gente cualificada; contar con sistemas y herramientas digitales que agilicen la concesión de licencias; y fomentar la colaboración público-privada».

Desde el lado de la financiación, María Paz Navarro, responsable de Regulación, Servicios Interbancarios y Proyectos en Cooperación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, ha destacado que «hay que modificar la ley hipotecaria y homogeneizar las concesiones, llevar de la mano los procedimientos y la bonificación normativa que ampare las medidas para que haya financiación con garantías».