La banca sale en tromba contra el impuestazo tras el OK en el Congreso y anuncia acciones legales

«Las asociaciones bancarias reiteran su determinación de emprender acciones legales«, señalan las patronales AEB y CECA en un comunicado conjunto. Hasta ahora habían comunicado la intención de llevarlo a los tribunales pero en esta ocasión, ya con la claridad de lo ocurrido en las Cortes, han ido más allá al hablar de »determinación« para judicializar el gravamen cuando entre en vigor.

Está previsto que el impuesto tenga una duración de tres años y en él se incluyen algunas diferencias respecto al gravamen temporal que hay ahora en vigor. Por una parte se establece una progresividad con tipos de hasta el 7% en función del volumen de negocio y, por otra, se fija ciertas deducciones en Sociedades y con respecto a la rentabilidad de cada banco.

AEB y CECA «denuncian la inseguridad jurídica y los graves efectos económicos de un impuesto que se ha gestado en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos, que deberían incluirse en toda tramitación legislativa y particularmente en un ámbito tan sensible como la fiscalidad«.

Las organizaciones que aglutinan a todo el sector bancario en España destacan que «todo esto genera incertidumbre general y en los mercados financieros en particular«. Asimismo, insisten en los efectos económicos que generará el gravamen en nuestro país, concretamente sobre la financiación de familias y empresas: »En concreto, el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas«.

AEB y CECA sostiene que este impuesto «no tiene parangón en los países de la UE por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés». Y añaden que genera fragmentación en el mercado interior «por su diferente aplicación entre comunidades autónomas» y supone un «señalamiento de un sector cuyo objetivo es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social».