Hacienda reabre la batalla por el impuesto a las energéticas y maniobra para salvar el de la banca

En un comunicado difundido pasada la medianoche, el Ministerio de Hacienda aclaró que «mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización». La nota venía a cuento de que minutos antes los tres grupos parlamentarios que habían contribuido con su abstención al rechazo de la Comisión de Hacienda a la posibilidad de incorporar el impuesto a la banca al proyecto de ley de impuesto a las grandes multinacionales, ERC, Bildu y BNG, habían emitido otro comunicado en el que anunciaban la reconsideración de su posición a cambio del compromiso del Gobierno de impulsar un real decreto ley «para prorrogar un año más el impuesto a las energéticas», lo que obligaba al Gobierno a aclarar su posición al respecto para no molestar a Junts y PNV.

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Bruno Pérez

La sucesión de comunicados perfila un recorrido por la cuerda floja para el Ministerio de Hacienda, que tendrá que convencer a Junts y PNV de que su cambio de posición sobre el impuesto a las energéticas no tendrá efectos prácticos sobre las empresas y al bloque de las izquierdas, sobre todo a Podemos, de que su compromiso de prorrogar el gravamen un año más no es una mera maniobra cosmética, pero incrementa las posibilidades de que al menos una parte de su reforma fiscal salga adelante el próximo jueves con el caramelo de mantener con vida la expectativa de que en 2025 haya tanto impuesto a la banca como impuesto a las energéticas.

No será un camino sencillo. Junts y PNV dieron ayer su visto bueno a la maniobra parlamentaria de última hora del Gobierno para evitar que su reforma fiscal les fuera devuelta por el Congreso sin llegar siquiera a la votación plenaria, pero también deslizaron que su posición respecto al impuesto a las energéticas no ha cambiado y que la mantendrán en el momento en que toque pronunciarse sobre el real decreto ley prometido por el Ministerio de Hacienda a ERC, Bildu y BNG.

Por el otro flanco, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya ha dejado claro este mismo martes que «ayer por la noche el gobierno pactó al mismo tiempo prorrogar el gravamen a las energéticas con ERC y Bildu y eliminarlo con Junts, a través de un comunicado de Hacienda. Podemos no acepta tomaduras de pelo. Nuestros votos estarán si el impuesto se mantiene».

El comunicado de Hacienda, sin embargo, no cierra la puerta a un impuesto a las energéticas, que es lo que pactó en su día con Junts y PNV, sino que bien al contrario mantiene su compromiso de «no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización», que fue la fórmula que utiliza desde hace meses para justificar la reforma y suavización del actual gravamen.

Mantener los impuestos a la banca y las energéticas es más una cuestión de supervivencia política para el Gobierno que una necesidad recaudatoria. En 2024 ambas figuras aportaron 2.859 millones de euros a las arcas públicas, apenas dos décimas de PIB, que además hasta ahora la Comisión Europea no ha tenido en cuenta a efectos de consolidación fiscal por su carácter transitorio. El Gobierno, además, ya ha deslizado que de prolongarse en el tiempo su aportación recaudatoria sería menor. Su principal problema viene de que las formaciones a su izquierda, empezando por el socio del PSOE en el Ejecutivo, Sumar, exigen su mantenimiento para dar su apoyo a la reforma fiscal que se quiere presentar en Bruselas.