El agujero negro de las pensiones: 31.315 millones sin apoyo de impuestos

Pero ese tirón de los ingresos sigue demostrándose insuficiente para contener el déficit que registran las pensiones por la espiral de los gastos, disparados desde 2019 por la indexación de las nóminas al IPC y por el aterrizaje de la generación del 'baby boom' desde 2023. Factores todos ellos que han elevado los desembolsos en más de un 40% en apenas seis años.

La situación ha derivado en un mayor desequilibrio entre los ingresos y los gastos. Según los cálculos del último 'Pensiómetro', del Instituto Santalucía, el déficit contributivo del sistema alcanza los 31.315 millones de euros, el equivalente a un 1,97% del PIB, un empeoramiento que rompe la estabilidad registrada entre 2022 y 2023. El déficit contributivo es la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones contributivas. Es, en definitiva, el nivel de cobertura que generan las cotizaciones sobre los gastos que soporta el sistema. El resto se tiene que financiar con impuestos o, directamente, con deuda pública, recursos disparados en los últimos ejercicios. Los préstamo del Estado ha disparado el pasivo del sistema un 8% en un año, hasta superar los 126.000 millones, niveles desconocidos que condicionan el déficit del Estado.

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El trabajo, que realizan primeros espadas del mundo académico, explica que el déficit de las pensiones podría haber sido incluso mayor si los ingresos por cotizaciones no hubieran crecido a un ritmo del 7%, un porcentaje que, sin embargo, se ha quedado corto frente al 6,8% en que ha crecido el desembolso en prestaciones, que ya rozó el 13% del PIB en 2024, un ejercicio en el que los pagos llegaron a 206.172 millones. La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social refleja que en el último año los ingresos por cotizaciones han crecido un 7,6%, hasta los 43.319 millones.

Explican los autores del trabajo que de ese total, cerca de 26.526 millones corresponden a transferencias del Estado necesarias para cubrir el déficit del sistema contributivo, lo que «pone de manifiesto, dicen, el esfuerzo fiscal adicional que la sociedad española realiza en su conjunto para financiar el exceso de gasto en pensiones contributivas y sostener el sistema público».

La investigación del Instituto Santalucía la firman Enrique y Mar Devesa y Robert Meneu, profesores de la Universidad de Valencia; Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, de la Universidad de Extremadura y Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. En el trabajo explican que la Seguridad Social entró en déficit contributivo en 2012, con algo de desfase respecto a la crisis financiera de 2008 debido al superávit de partida, y al efecto anti cíclico de las cotizaciones de los desempleados.

Los profesores aseguran que el desequilibrio se estabilizó alrededor del 1,6% del PIB entre 2015 y 2019 para aumentar bruscamente en 2020 por la crisis del Covid hasta el 2,73% del PIB, el máximo de la serie. Reconocen que posteriormente, el déficit ha mejorado, pero que se resiste a bajar a niveles prepandemia, incluso ha repuntando en 2024 desde el 1,9% en 2023 al 1,97% el pasado ejercicio.

A pesar del retraso en la edad de jubilación efectiva que en la última década ha pasado de los poco más de 64 años a superar los 65, las cuentas del sistema de pensiones siguen muy tensionadas y el recurso del Gobierno para compensar el déficit contributivo sigue siendo inyectar mayores transferencias del Estado a la Seguridad Social y, de forma paralela, subir las cotizaciones.

En 2024, estas ayudas del Gobierno superaron los 54.000 millones y, dado el ritmo de gasto creciente, será prácticamente imposible que esa cantidad se reduzca en el futuro. Mantener esta política se ha convertido en la garantía de que el Estado respalda el sistema público de pensiones y que este es viable pese a sus números rojos que arrastra. Ese recurso a los impuestos para tapar los agujeros permite que el sistema de pensiones registra superávit. A 31 de marzo, las cuentas de la Seguridad Social tenían un saldo positivo de 2.913 millones de euros frente a los 550 millones de euros de de un año antes.

La política de apretar el bolsillo de empresas y trabajadores ha ido a más en los últimos años. En este 2025 se ha batido récord de cotizaciones extra y de impuestos para hacer frente al desembarco progresivo de los 'boomers' en el sistema, la generación de los 14 millones de personas que comenzó a jubilarse hace algo más de dos años tras largas carreras de cotización que les está dando ya el derecho a pensiones elevadas.

Y están siendo los sueldos más elevados que cotizan a la Seguridad Social los que cargan con el grueso de los pagos extra, y especialmente las empresas, sobre las que recae la mayor parte de los desembolsos. Nuevos golpes al tejido productivo, y castigos para los empleos más cualificados, que son los que cuentan con los salarios más altos.