El «tsunami demográfico» pone en jaque a las pensiones en Europa

La tendencia al envejecimiento de la población y las reducidas tasas de natalidad son un nexo que une a los países industrializados y ha provocado que la mayoría de los Estados hayan tenido que repensar sus legislaciones para hacer frente al cada vez mayor número de pensionistas . La proporción de jubilados sobre el total de ocupados aumenta a ritmos de vértigo, lo que está haciendo mella en los sistemas de financiación. Las cotizaciones sociales llevan años sin ser suficientes para sostener un sistema de pensiones cada vez más nutrido y costoso para las arcas públicas.

José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE, asegura que el «tsunami demográfico» ha impactado en unos países más que en otros. «En Francia las políticas natalistas han equilibrado la pirámide de edad y, por tanto, la viabilidad de las pensiones a medio plazo. En España —apunta— el olvido de ellas ha creado una situación difícil. Y en Alemania, su capacidad de dar trabajo a muchos inmigrantes las hace más sostenibles», explica este profesor.

«La demografía ha pasado de ser una consecuencia a convertirse en un condicionante. Hace varios siglos, la población era el resultado de variables como el tipo de economía o los cambios climáticos, pero el cambio demográfico ha provocado que estas variables sean consecuencia de la población existente. La demografía hoy es la causa de la caída de las tasas de actividad o de empleo y de los problemas de financiación de los sistemas de pensiones», asegura Fr

ancisco Aranda, portavoz de CEIM-CEOE.

Para asegurar la sostenibilidad futura de las pensiones los países han reformado sus sistemas con un denominador común: trabajar más años y cobrar menos. ¿Con qué medidas? España, Francia, Alemania... la mayoría de los socios europeos han aumentado la edad de jubilación y desligado la subida de las pensiones de los precios, como también hizo España. Han incrementado el número de años que se tienen en cuenta para cobrar pensión y algunos han incentivado los planes de pensiones privados.

El último en abrir el melón ha sido Alemania . Cuando aún tiene en marcha una reforma que aumenta de forma progresiva hasta 2029 la edad de jubilación (la ley permite también el retiro a los 63 años con 45 años cotizados), el Gobierno, a instancias del FMI , pondrá en marcha nuevos cambios que permitirán una «jubilación a la carta» en la que el trabajador podrá decidir el momento de retiro y combinar prestación y trabajo.

Este mes ha sido también clave para que la eterna reforma de pensiones en Grecia, una imposición de la Troika, saliera adelante. El Gobierno populista de Alexis Tsipras no ha podido evitar, esta vez, aplicar un recorte clave para recibir un tercer rescate de 86.000 millones. Grecia subirá la edad de jubilación de 65 a los 67 años y suprimirá el fondo complementario de solidaridad y la homologación de los numerosos fondos de pensiones gremiales, un pozo de descontrol durante años. ¿El objetivo? Reducir el gasto en pensiones hasta el 15% del PIB en 2019, dos puntos menos que ahora.

Francia también lleva varios años a cuestas con su reforma de pensiones. Comenzó Sarkozy y Hollande ha continuado introduciendo medidas para asegurar sus pensiones en el futuro. Está previsto que el déficit de la Seguridad Social franc esa alcance los 21.000 millones en 2020. El gobierno galo ya subió las cotizaciones sociales y elevará partir de 2020 el número de años cotizados para recibir el 100% de la pensión (pasará de 41 años y medio a los 43 en 2035).

En 2010, Sarkozy aumentó la edad de jubilación anticipada dos años, de 60 a 62 años y los años de cotización necesarios para cobrar el cien por cien de la pensión de 40 a 41 años. Hollande volvió a bajar la edad anticipada de retiro a 60 años , pero solo para los trabajadores que hayan cotizado más de 41 años. La edad de jubilación se ha elevado a 67 años.

En los últimos cinco años España también se ha visto obligada a realizar grandes reformas para el sistema de pensiones, azotado por una crisis que se llevó por delante más de 3 millones de empleos . Con el gobierno de Zapatero se retrasó de 65 a 67 años la edad de jubilación —entró en vigor en 2013 de forma progresiva hasta 2027—, aumentó de 35 a 37 años el periodo de cotización necesario para tener derecho al 100% de la pensión —a partir de 2027 alcanzará los 38 años y medio— y amplió de 15 a 25 años el período para calcular la prestación.

En 2013, el Gobierno del PP hizo una nueva reforma y aprobó el Indice de Revalorización de las Pensiones, en función del cual las prestaciones no podrán subir más del 0,25% mientras el sistema esté en déficit, y diseñó el Factor de Sostenibilidad sobre los nuevos pensionistas, que entrará en vigor en 2029 y adecuará la cuantía mensual de la pensión a la esperanza de vida.

Y gobierne quien gobierne en España en los próximos ejercicios no podrá esquivar una nueva reforma teniendo en cuenta que el déficit del sistema público sigue creciendo y supera ya los 13.000 millones . La aprobada en 2011 tendrá efectos sobre el gasto a medio y largo plazo. Y el Factor de Sostenibilidad comenzará a aplicarse en 2019 y los ahorros no se notarán hasta 2030.

¿Cuáles son las soluciones? El Gobierno de Rajoy confía en la buena marcha del empleo y su impacto en el sistema y es partidario de actuar por el lado de los ingresos. Piensa, por ejemplo que las pensiones de viudedad y orfandad podrían financiarse con impuestos, lo que liberaría al sistema de un gasto de casi 24.000 millones. El PSOE, por su parte, defiende más impuestos, «un recargo de solidaridad» que pagarían las grandes fortunas. Y mientras se ponen de acuerdo... la generación del «baby boom» sigue avanzando.