Trece regiones no podrían pagar las pensiones sólo con sus cotizaciones

De los datos de Empleo hasta noviembre se desprende que en España hay algo más de 17,2 millones de afiliados y casi 8,5 millones de pensionistas , lo que significa que hay 2,16 cotizantes en la Seguridad Social por cada persona que recibe una pensión pública. Ratio que aumentaría hasta 2,26 si se tiene en cuenta los casi dos millones de afiliados en desempleo.

La relación afiliados-pensionistas es clave para conocer la salud financiera de la Seguridad Social , al tratarse de un sistema de reparto, en el que las cotizaciones que pagan los trabajadores ocupados se utilizan para pagar las pensiones del momento.

Antes de las reformas aplicadas en 2011 y 2013 por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, una relación entre afiliados y pensiones por debajo de dos implicaba la existencia de un déficit de ingresos sobre gastos del sistema de pensiones públicas. «Tras las reformas, la ratio afiliados-pensiones por debajo de la cual el sistema entra en déficit de recursos se ha reducido sin duda, ya que los parámetros de cálculo y actualización de las pensiones se han hecho más exigentes. Esta reducción de la ratio se manifestará, no obstante, lentamente a lo largo del tiempo, hasta que las medidas adoptadas surtan todo su efecto pasado el año 2030», asegura el estudio del profesor universitario.

En la actualidad, sólo cuatro comunidades más Ceuta y Melilla superan el valor de 2 en su ratio afiliados-pensiones, con Madrid por encima del 2,5, una ratio considerada satisfactoria . Otras cuatro regiones se sitúan por debajo de 1,5 y Asturias está en zona de peligro con una relación por debajo del 1,25. El conjunto de España, alrededor del cual se sitúan las restantes, está algo por encima de 1,75. La conclusión que se extrae una vez analizada la relación que existe entre afiliados y pensionistas en España es que si el sistema de pensiones estuviese transferido, con sus recursos y sus gastos, a las comunidades, doce de ellas estarían en situación deficitaria.

En la posición más complicada están cuatro regiones del cuarto noroccidental. Sufren desequilibrios severos que les impedirían en estos momentos cumplir sus compromisos de pensiones y de educación y salud, alerta el estudio del profesor Herce.

La relación entre el envejecimiento de la población general y el deterioro de la demografía específica del sistema de pensiones (afiliados y pensionistas) es muy estrecha. El grave desequilibrio de la demografía específica de las pensiones que sufren algunas comunidades españolas tiene que ver con el envejecimiento de la población en dichas regiones, es decir, un desequilibrio similar en la demografía general de estas autonomías, dice el estudio.

En el gráfico adjunto se muestra la evidencia regional sobre la relación entre estos dos fenómenos. En él se puede observar que cuanto mayor es la proporción de envejecimiento de la población general, menor es la ratio afiliados-pensiones. Regiones como Asturias, Galicia y Castilla y León comparten un elevado grado de envejecimiento de su población general, y además tienen las ratios más bajas de afiliados-pensiones, mientras que las autonomías con menor proporción de envejecimiento tienen las mayores ratios de afiliados-pensiones.

Desde que comenzó la crisis la Seguridad Social ha perdido más de 3 millones de ocupados, circunstancia que encendió el farolillo rojo en el sistema, presionó para una nueva reforma de las pensiones y ha obligado a abrir la «hucha de las pensiones» en los últimos años. El pasado diciembre el Gobierno se vió obligado a recurrir de nuevo al Fondo, del que sacó 7.750 millones para hacer frente a la paga de Navidad de los jubilados. En julio ya extrajo otros 3.750 millones para abonar la extra de verano de las pensiones, con lo que el fondo queda en 31.770,46 millones de euros, lejos de los casi 70.000 millones con los que llegó a contar en los años de bonanza .

Como cada mes de julio y cada mes de diciembre, el Ejecutivo ha tenido que echar mano de nuevo de la hucha para pagar las extraordinarias a los pensionistas. Desde diciembre de 2012, la primera vez que tuvo que sacar dinero del Fondo de Reserva, el Gobierno ha extraído un total de 45.451 millones. También ha utilizado 5.350 millones de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo.