El trasvase a cuentagotas del conocimiento innovador

Y resulta vital para mejorar la competitividad de un país, para el crecimiento de su economía, de su PIB y para generar empleo. Sirva un ejemplo para ilustrar la gran importancia que tiene transferir a la sociedad el conocimiento que desarrollan los investigadores. Lo cuenta Juan Manuel Muñoz Guijosa, adjunto de Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid. Las vacunas del Covid, dice, «se han desarrollado gracias a mucho trabajo de investigación básica en diferentes organismos, pero no habrían sido posibles sin la existencia de organismos regulatorios que han permitido la certificación, sin empresas farmacéuticas que hicieron el diseño y la puesta en marcha de las líneas de producción para la fabricación a gran escala y sin error, sin entidades financieras que aportaron las inversiones necesarias, sin redes de suministros...».

Ahora se dan las condiciones para que la transferencia de conocimiento coja fuerza en nuestro país. Y no solo porque el 84% de la población demande al Gobierno que invierta en ciencia y tecnología, como demuestra una encuesta dada a conocer esta semana por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Sino porque hay indicios de que un nuevo paradigma empieza a emerger para que toda la investigación que se produce en España tenga una aplicación y utilidad para todos.

Tras casi una década de sequía en la financiación pública y privada de la I+D+i (a raíz de la crisis de 2008), esta parece que ha empezado a despegar tímidamente. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en Investigación y Desarrollo ascendió a 15.572 millones de euros en 2019, un 4,2% más que el año anterior. Pero eso supone solo el 1,25% del PIB, una centésima más que en 2018. Aún así, ni siquiera alcanzamos la media europea del 2% y nos encontramos muy lejos de países de nuestro entorno que llegan al 3%, como Alemania, Austria y Suecia, el objetivo que marcó Europa para 2020.

El Pacto por la Ciencia que está impulsando el Gobierno, y han firmado ya unas 70 organizaciones, sigue esa senda. Pretende que la «financiación pública del sistema de ciencia e innovación se incremente de forma regular hasta alcanzar el 0,75% del PIB antes de 2024 y el 1,25% en 2030, lo que sumando la aportación del sector privado resultaría un 2% de nuestro PIB en 2024 y en el 3% en 2030».

No solo se trata de desarrollar músculo financiero. Para que la investigación tenga su reflejo en las empresas y en el sistema productivo son necesarios muchos cambios. «La transferencia ha mejorado mucho pero existen problemas culturales que no se resuelven fácilmente. Hay un excesivo alejamiento entre universidad y empresa. Y también hay poca financiación cruzada: el sector público financia muy mayoritariamente su propia investigación y el privado la suya», indica Antonio Abril, presidente de la Comisión Universidad Empresa de la Cámara de Comercio de España.

El foco está puesto en la universidad. Allí están el 40% de los investigadores del país: 55.000 de los aproximadamente 135.000 con los que contamos, con datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). «Los ecosistemas más innovadores y dinámicos a nivel mundial poseen fuertes lazos con las universidades más prestigiosas. España tiene muchas universidades sólidas pero es necesario establecer una agenda de transformación para el desarrollo de sus misiones de educación, investigación, innovación y servicio a la sociedad», afirma Salustiano Mato, vicepresidente adjunto de CRUE y rector de la Universidad de Vigo.

En efecto muchas cosas tienen que cambiar en los campus universitarios, como apunta Antonio Abril. Algunas cuestiones son de base. «Todavía existe la idea de que un acercamiento a la empresa compromete la esencia de la universidad. Y que establecer mecanismos de cooperación entre ambas es mercantilizar indebidamente la universidad», cuenta Antonio Abril.

Además, se arrastran otros lastres. Nuestra universidad es predominantemente docente. «Únicamente el 10% del profesorado universitario permanente es investigador principal de proyectos financiados por agencias regionales, nacionales e internacionales. La actividad investigadora en las universidades españolas, que se ha visto afectada por la caída de la financiación y por las políticas restrictivas de contratación de investigadores que se sufrieron durante los años de crisis económica, tiene en consecuencia un amplio margen de mejora y debe convertirse en el motor de crecimiento de nuestro sistema de ciencia y tecnología», considera el rector Salustiano Mato.

Y los que se dedican a la investigación tradicionalmente han dirigido su trabajo a publicaciones científicas en lugar de aplicarlo al tejido empresarial y productivo. De hecho, España es el duodécimo país del mundo por volumen de producción científica. En 2019, publicamos 93.417 documentos, lo que representa un 3,1% de la producción mundial. El 16,7% con la calificación de excelencia. Buena parte de todas ellas (un 70%, según la CRUE) provienen del ámbito universitario. Y esto se explica porque «la carrera curricular universitaria ha incentivado la publicación científica y no la transferencia», afirma Antonio Abril.

Una publicación científica no solo otorga prestigio y reconocimiento al investigador, sino que ese mérito se traduce en un complemento económico que se solicita cada seis años. Son los conocidos sexenios por investigación. Desde 2018 existen también los sexenios por transferencia. Estos «se están potenciado en los últimos años. Son incentivos económicos para que los resultados de los trabajos de los investigadores puedan resolver problemas concretos de la sociedad. Hay que establecer incentivos que motiven a los investigadores y las empresas tienen que invertir en I+D en las universidades, que sepan que pueden contar con ellas. Es necesario una mayor cooperación», explica Ángela Mediavilla, responsable del área técnica de Fundación CYD. Pero a esos incentivos les falta recorrido para que puedan verse ya los resultados. Son un pilar para «crear una carrera estable para los investigadores universitarios, que les dé seguridad, así podemos mejorar las vocaciones y atraer talento», considera Antonio Abril.

No obstante, la universidad va avanzando en transferencia, señalan algunos expertos . «Las universidades cada vez ayudan más a sus investigadores a colocar sus desarrollos en nuestra economía y a crear spin-off. Hay estudiantes que plantean sus tesis doctorales con la intención de crear sus propias empresas, sobre todo digitales», cuenta Álvaro Urech, miembro del Comité ejecutivo de la Fundación I+E y director de Innovación de Alstom en España y Portugal.

«Estamos despegando desde hace unos años –asegura Muñoz Guijosa–. Tanto la universidad y otros organismos de investigación como la industria han ido orientando su actividad hacia la transferencia de tecnología, debido a que los programas europeos de investigación e innovación para financiar proyectos imponen que estos dediquen una parte importante del trabajo a la transferencia de resultados a la sociedad. Lo cual ha promovido la creación de consorcios muy interesantes que engloba investigación básica y aplicada, asociaciones de usuarios, fabricantes, consultores, financieras...», cuenta Muñoz Guijosa.

Luego existe otra paradoja. «Las universidades españolas hacen más investigación que sus comparables europeas. Pero nuestro sistema productivo no es tan innovador como debería ser», indica Abril. De hecho, España ocupa el puesto 14 de 27 en el ranking de innovación de la Unión Europea, según el último European Innovation Scoreboard 2020, un cuadro de indicadores de innovación que publica la Comisión Europea. Nos encontramos entre los países moderados en innovación. Portugal, por ejemplo, con menor renta per cápita, es un país innovador considerado fuerte. También Estonia y Chipre tienen mayor puntuación.

¿Si producimos tanta investigación por qué no llega a las empresas? La respuesta está en cómo se encuentra configurado nuestro tejido empresarial. Cerca del 95% de nuestras empresas son micropymes con menos de diez trabajadores. «Con escasa vocación tecnológica y escasa tradición en invertir en I+D+i», explica Antonio Abril. Son entidades más preocupadas por la supervivencia que por inversiones que no reportan beneficios a corto plazo, aunque a largo plazo la I+D+i les aporte mayor competitividad y productividad. Sin embargo, sí parece una lección aprendida entre las grandes compañías. «Las grandes empresas han creado sus ecosistemas de innovación abierta, en los que colabora las universidades y sus spin-off para resolver problemas con las tecnologías que crean», argumenta Muñoz Guijosa.

Álvaro Urech apunta otro factor a tener en cuenta para que a las empresas y el sistema productivo llegue la investigación. Es lo que él denomina «la industrialización de la I+D». «Cuando ya tengo el descubrimiento –explica–, esa parte científica se queda en un prototipo, en un primer desarrollo que tiene sentido. Pero después hay que hacer que funcione siempre para ponerlo en el mercado, hacerlo eficiente en costes, optimizarlo. Esa fase está poco desarrollada, porque requiere de grandes inversiones. Hay que apoyar esa parte final del proceso».

Muchos miran hacia los fondos Next Generation para dar impulso a la transferencia de conocimiento. De hecho, así lo recoge el Plan de Recuperación del Gobierno que destinará 402 millones de euros a acciones que trasladen «de forma efectiva» la producción científica «al tejido productivo o a su uso social». Parece que casi todo está ya preparado para que en esta década ya veamos cómo el conocimiento de nuestros investigadores impulsa el crecimiento económico y el bienestar de todos.

Emprender desde la universidad a través de startup es otro activo que estimular. «Es una herramienta útil para la comercialización de tecnologías complejas que se desarrollan en los laboratorios de universidades», considera Arístides Senra, director de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid. En su opinión, «favorece la colaboración público privada y permite captar fondos alternativos para la explotación de resultados de investigación. Es la forma legal aceptada por instituciones públicas y privadas para invertir en desarrollos tecnológicos en su intento de acceso al mercado».