La tasa Google pasa su primer examen el Congreso entre críticas por la descoordinación con Europa

Los planes del Ejecutivo pasaban por tramitar de forma rápida la norma pero la irrupción de la crisis sanitaria ha obligado a posponer su debate. Hoy, la oposición ha endurecido sus críticas por la falta de coordinación con Europa en un momento en que, además, han resurgido las amenazas de Estados Unidos de aprobar aranceles a las exportaciones a su territorio a aquellos países aprueben una tasa a los servicios digitales.

El tributo no entrará en vigor hasta el 20 de diciembre , por lo que no reportará ingresos este ejercicio, y su función se reduce a la presión política a la UE y a la OCDE, que se comprometieron a que hubiera una tasa internacional este año pero lo ha vuelto a aplazar por enésima vez ante la crisis del coronavirus. Un gesto que puede salir muy caro en un momento especialmente delicado.

PP, Ciudadanos y Vox han clamado hoy contra la falta de armonización con los países de nuestros entorno y han denunciado que podría generar un efecto salida de estas compañías de nuestro país en plena crisis. También han afeado que se le dé prioridad a este impuesto frente a la tramitación como proyecto de ley de reales decretos ya aprobados durante el estado de alarma y en los que la oposición busca la posibilidad de enmendar.

El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3% los ingresos que las grandes multinacionales que facturen más de 750 millones a nivel mundial y 3 millones en España y que los obtengan de los servicios de publicidad en línea, intermediación y venta de datos. El impuesto se adaptará si se logra un consenso a nivel europeo o en la OCDE para gravar de manera armonizada las multinacionales. «Este impuesto corresponde desarrollarlo y acordarlo en organismos internacionales», ha criticado el popular Javier Bas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su parte, ha defendido el impulso de esta tasa por la búsqueda de una «nueva fiscalidad más justa» y ha asegurado que reforzará el Estado del bienestar ya que «buena financiación» permitirá que los niños «cojan el ascensor social» y «nuestros padres tengan la vejez que se merecen». Este punto ha sido rebatido por algunos grupos que han comparado su simplismo con asegurar que los problemas económicos de España se solucionarían si se redujera el número de miembros de ministros del Gobierno.

Durante el debate de las enmiendas de la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, Montero ha insistido en la necesidad de esta nueva figura tributaria porque el mundo ha cambiado. «España tiene una economía digital con una fiscalidad analógica», ha dicho. Y ha asegurado que la llamada tasa Google gravará a las compañías que puedan tener actividad en un país «aunque no tengan presencia física en él» y que actualmente aportan una «escasa o nula tributación». Se trata de «grandes empresas multinacionales que apenas contribuyen en los países donde generan beneficios», ha argumentado. En su opinión, esta tasa será el primer paso para cerrar la brecha fiscal entre España y el resto de la Eurozona.

Sin embargo, esta tesis fue desmontada el pasado miércoles por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). El responsable del Gabinete de Estudios de Aedaf, Javier Gómez Taboada aseguró que la única forma de evitar «daños colaterales» para España es que se apruebe en el seno de la UE y la OCDE.