Las socimis responden a la reforma del Gobierno con más subidas en el alquiler

Según fuentes del sector consultadas por este diario, la subida de los precios ya ha comenzado a notarse y, de hecho, se espera que vaya en aumento. «El impacto de la ley empieza a repercutir, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, donde todavía existe una importante falta de oferta», explican desde una socimi especializada en viviendas.

El mercado del alquiler sigue siendo bastante opaco, ya que no cuenta con cifras oficiales . Por el momento, las únicas referencias estadísticas son los informes que publican los distintos portales inmobiliarios. Y estos reflejan que, lejos de aplacarse, los precios se mantienen al alza. De hecho, el último informe publicado por Idealista apuntaba que los precios del alquiler registraron máximos históricos en 25 capitales de provincias durante el mes de julio.

«Antes de la entrada en vigor de la ley , los precios del alquiler empezaban a moderarse. Sin embargo, la aprobación de este decreto ha tensionado de nuevo el mercado, lo que ha provocado nuevas alzas», señalan fuentes del sector . Cuando se aprobó la reforma, distintos expertos advirtieron de que la ley generaría el efecto contrario al deseado y encarecería el alquiler. Y es que consultoras e inmobiliarias son partidarias, para rebajar la escalada de los precios, de incrementar la oferta de vivienda en lugar de tratar de intervenir el mercado.

Las nuevas alzas, según apuntan desde el sector, vendrían determinadas por un encarecimiento de las viviendas controladas por fondos de inversión y socimis, que tras la reforma del alquiler se han visto obligados a firmar contratos de una duración mínima de siete años con los inquilinos. El nuevo plazo supone una diferenciación respecto a los propietarios particulares, que pueden suscribir contratos de cinco años de duración.

Esta fue una de las principales novedades de la ley del alquiler, que también amplió a tres años (desde el años previo) la prórroga tácita del contrato e impuso que deberá respetarse la renta de alquiler acordada en caso de adquirirse una vivienda que tenga un alquiler vigente. La intención del Gobierno con estas iniciativas era rebajar la escalada de los precios del alquiler, que está expulsando a un buen número de personas del mercado de la vivienda. De hecho, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el impago del alquiler genera cada día 110 desahuciados en España.

La reforma fue aprobada tras un intento previo que finalmente cayó en saco roto y que sirvió para escenificar las tiranteces en la relación entre Podemos y el Ejecutivo. El Congreso rechazó su convalidación con un sonoro «no» de la formación morada, con que había firmado el acuerdo presupuestario, en la que fue la primera gran derrota parlamentaria de Sánchez.

Finalmente, la legislación salió adelante en la recta final de la legislatura, tanto es así que tuvo que ser convalidada por la diputación permanente al encontrarse ya disueltas las Cortes. De hecho, fue recurrida al Tribunal Constitucional por parte del PP ante las dudas de que se tratara de una norma de carácter urgente, tal y como deben ser las iniciativas que se llevan a este órgano. El Partido Popular no fue, sin embargo, la única formación que criticó la aprobación de esta ley . Podemos cuestionó hasta el último momento que no se impusiera un tope a los precios del alquiler, una de sus principales reivindicaciones. E incluso el sindicato de inquilinos señaló que la nueva normativa, pese a ir en el buen camino, «era insuficiente».

El propio Gobierno reconoció durante la aprobación de esta norma que estaba incompleta y que tenía la intención de sacar adelante nuevas medidas relacionadas con el mercado del alquiler. La más inmediata es la aprobación de un índice de precios, una iniciativa en la que están participando distintos organismos: la Agencia Tributaria, la Dirección General del Catastro, del Banco de España, el INE y el Colegio de Registradores. Pero, además, el Ejecutivo tiene la intención de aprobar una ley nacional de vivienda.

El sector se mantiene a la expectativa ante la posibilidad de que se apruebe una nueva normativa. Sobre todo, porque no es descartable que esta incluya más medidas intervencionistas, como un control de los precios del alquiler, si finalmente Podemos se hace con las competencias en materia de vivienda.

En un primer momento, el Gobierno no aceptó la aprobación de un tope al alquiler. En parte, porque distintos fondos de inversión se reunieron con la ministra de Economía, Nadia Calviño, para advertirle del impacto económico que podría tener esta medida. Con el paso de los meses, sin embargo, este rechazo parece haberse suavizado, lo que ha encendido de nuevo las alarmas en el mercado residencial. De hecho, el PSOE llegó a ofrecer, durante las negociaciones con Podemos , la dirección de un hipotético Ministerio de Vivienda a la formación morada. Un ofrecimiento que se une al mensaje que lanzó Pedro Sánchez durante su discurso de investidura, cuando avanzó nuevas «medidas» para contener los precios del alquiler.

Son avisos que han calado hondo en el sector inmobiliario. «Hay una tensa espera entre las socimis, que han observado con atención las conversaciones que han mantenido el PSOE y Podemos para formar gobierno. Muchas, de hecho, están estudiando apostar por otros mercados alternativos a España, como Portugal», explica un asesor especializado en la formación de socimis. Estos vehículos de inversión no tienen una posición relevante en el sector residencial a nivel nacional. Pero sí en ciudades como Madrid y Barcelona . En la Ciudad Condal, el 25% de los propietarios de vivienda eran personas jurídicas en 2018, según los cálculos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona.