Llega el plato fuerte de la reforma energética

Durante años se fue aplazando el problema y la cifra acumulada era, al cierre de 2011, de 24.000 millones. Otro mensaje repetido desde el Gobierno ha sido la necesidad de repartir esfuerzos. El coste no recaerá solo sobre los consumidores, ha insistido Soria. Incluso Mariano Rajoy en el discurso de investidura.

La reforma energética ha ido avanzando de estación en estación desde comienzos de año. Ahora se asoma a una parada decisiva. Una parada que los agentes eléctricos creen que llegará el próximo viernes 29 de junio. O al menos, en parte. Aunque el hermetismo del Ministerio tiene en ascuas a todos los operadores , a la espera de noticias. Y todas apuntan a medidas de tipo fiscal. Una de las posibles novedades de este nuevo capítulo es la aprobación del denominado «céntimo verde». Se trata de una tasa sobre el consumo de carburantes. Fuentes del sector apuntan a que su cifra estará entre 1 y 3 céntimos por litro.

La razón por la que se estudia imponer esta medida es el margen que hay, en nuestro país, en fiscalidad ambiental. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ya lo avisó el 5 de junio de 2012: «El hecho imponible ambiental está poco utilizado en España», afirmó en una sesión de control en el Senado. El objetivo es implicar a las petroleras en el cumplimiento de la directiva comunitaria del 20/20/20, la que obliga a que España tenga un consumo de energía procedente de fuentes renovables de un 20% en 2020.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) lo propuso en un informe de propuestas que se hizo público el 7 de marzo. Recomendó un gravamen de hasta siete céntimos por litro . Todas las compañías del sector eléctrico bendicen la medida. Incluso renovables y operadores tradicionales, el perro y el gato de esta reforma, están de acuerdo en este punto. La patronal de las eléctricas, Unesa, ha solicitado que la tasa ascienda a 4 céntimos. Lo que permitiría, según la patronal, una recaudación de 1.500 millones de euros anuales. Una cantidad apetecible para reducir la factura de las primas a las energías renovables . Para atajar, así, el déficit de tarifa.

En el otro lado de la barrera están las empresas petroleras. Su patronal, la Asociación Española de Operadores de Productores Petrolíferos (AOP), ya ha mostrado su oposición tajante. Califican la medida de «subsidio cruzado» . Según el presidente de la AOP, Josu Jon Imaz, «no existe ninguna justificación medioambiental para que se recargue un producto energético, como los carburantes, para financiar otra forma de energía». También recuerdan la clara tendencia alcista de los recargos sobre los carburantes. La gasolina ha subido, desde 2008, en 10,3 céntimos por litro. El gasóleo, en 9,2 céntimos por litro.

Por otro lado, el Ministerio de Industria baraja la aplicación de un posible recargo en el impuesto sobre la electricidad , en estudio por parte del Ministerio de Hacienda, el encargado de aprobar las medidas impositivas.

Soria lo insinuó como «un incremento de la imposición indirecta que grava la generación de energía». Este impuesto lo acaban pagando los consumidores, puesto que las empresas lo repercuten en la factura. Y los recaudadores son las Comunidades Autónomas. El importe de la subida aún se desconoce.

El paquete de medidas contundentes también podría incluir otro recargo a todas las fuentes de producción. En este caso, consistiría en un aumento de un tramo de una tasa a la generación . Una medida que afectaría a todas las energías. Esta tasa fue creada por un reglamento comunitario en 2010 con un importe de 0,5 euros por megavatio (MWh). Y ahora se quiere elevar su cuantía. A falta de conocerse los detalles que tendría esta tasa, las compañías eléctricas han rechazado su aplicación. Y critican que afectaría mucho más a las energías más competitivas. Su aplicación equidistante, denuncian, supondría «un 10%» para las energías convencionales. Y «apenas un 1%» para las del régimen especial. Por eso, algunas fuentes confían en que se cargue de forma proporcional. Pero nadie conoce los planes concretos del Ejecutivo.

Este nuevo paquete de medidas es necesario porque las aprobadas en los primeros meses del año son insuficientes para cortar la tendencia creciente del déficit para este año. Un hecho que ha motivado diferentes reformas sucesivas desde que el Gobierno tomó posición. El primer paso llegó el 27 de enero con un Real Decreto de medidas urgentes . Las afectadas fueron las energías renovables . El Consejo de Ministros aprobó la suspensión, de forma temporal pero indefinida, de las primas a nuevas instalaciones de energías renovables.

La norma no afectó a aquellas plantas renovables que ya estaban inscritas en el registro de preasignación del régimen especial. Es decir, s e pretendía evitar efectos retroactivos . Y es que el Gobierno cifró en 7.000 millones de euros el coste previsto de las primas para este año. Una cantidad inasumible actualmente. Las reacciones de los diferentes agentes del sector no se hicieron esperar.

Las compañías eléctricas aplaudieron «un primer paso» , pero lo consideraron insuficiente. Argumentaron que la influencia de la moratoria, a corto plazo, era nula. Los representantes de las energías renovables mostraron una gran preocupación. Y alertaron de las pérdidas que suponía en empleo e incidencia en la economía española. En la actualidad, no se descarta una nueva medida contra las primas de las termosolares, que están a la expectativa. La CNE propuso «laminar» estas primas en el tiempo para repartir su repercusión en los costes.

El primer recorte a las empresas eléctricas se aprobó en el mes de marzo. La medida más polémica fue la de la partida de distribución, que canalizan las comercializadoras. Las compañías vieron recortados sus ingresos en concepto de retribución a la distribución en 688 millones de euros. El ministro Soria argumentó que la cifra de 5.500 millones de 2011 «no tiene sentido» con una demanda similar a la que hubo en 2006, cuando los ingresos por distribución fueron de 3.276 millones. Pero hubo más. También se retrasaron los ingresos por transporte en 200 millones y los pagos por capacidad, que se abonan a aquellos operadores que ofrecen exceso de potencia por si es necesaria. Toda aquella primera fase de la reforma redujo los costes en 1.700 millones. Una cantidad importante. Pero insuficiente. Esperen al segundo plato. El plato fuerte.