Reforma energética, segundo «round»

José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía, llegó a la sede del Paseo de la Castellana con un mensaje que, repetido con insistencia, se ha convertido en el eslogan y presentación de la reforma energética: el coste de la brecha tarifaria «no recaerá solo en las espaldas de los consumidores».

Excluidos los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR), la presión solo se puede dirigir a un sitio, a las propias empresas. El pasado mes de marzo, el Ejecutivo lanzó una serie de medidas complementarias a la subida de la luz del 7% para enjugar dicho déficit. Primer asalto.

Las medidas afectaron a los pagos por capacidad (incentivos a las compañías para que mejoren la capacidad de la red y garanticen la disponibilidad a medio plazo), los costes de distribución de la energía (que, en realidad, era el retraso del pago de 700 millones de euros pertenecientes a este año) y otros conceptos ligados al sistema y presentes en la factura, como los incentivos por interrumpibilidad y las restricciones por garantía de suministro. Con todo ello, el Ejecutivo se marcó el propósito de ahorrar 1.700 millones de euros.

Las eléctricas cargaron al unísono contra los recortes de retribución y pusieron números a su repercusión sobre sus balances. Endesa, por ejemplo, cifró el impacto en 70 millones de euros, lo que, en parte, arrastró su resultado de explotación (Ebitda) en casi un 5% hasta 1.040 millones de euros. Las compañías, que desde que el Gobierno se puso manos a la obra con la reforma del sector tuvieron varios encontronazos públicos con el Ejecutivo de inusual nitidez, critican abiertamente el escaso afán de interlocución de Industria. Recientemente, el nuevo consejero-director general de Iberdrola, José Luis San Pedro, tildó de «monólogos» los contactos mantenidos hasta ahora con el Ministerio para tratar estas cuestiones.

Todavía no hay fecha para el segundo paquete de medidas. Las previsiones más optimistas sitúan la nueva ronda de propuestas en junio. Fuentes oficiales añaden, sin especificar fechas concretas, que las medidas se encuentran aún en fase de estudio . Queda por ver cuáles serán las nuevas propuestas y si, como parece, volverán a centrarse en los costes que perciben las compañías energéticas. Una de las reclamaciones de las energéticas de nuevo cuño (lideradas por Abengoa) es la imposición de tasa a la generación de energía nuclear e hidráulica (la mayoría en manos de Iberdrola y Endesa), un extremo que el propio ministro no ha descartado.

Otro de los puntos pendientes es la normativa para regular el autoconsumo de las energías renovables (el decreto del balance neto), un proyecto ambicioso en el que las empresas verdes ven la luz al final del túnel al que les ha conducido la moratoria «sine die» de las primas a la generación. De momento, existe un proyecto de real decreto que está a la espera de recibir el impulso del Gobierno.

El Ministerio deberá, además, maniobrar para encontrar un punto de equilibrio ante las reclamaciones de unas compañías cuyos intereses, por caprichos del destino, confluyen parcialmente con los suyos. La nacionalización de Banco Financiero y de Ahorros (la matriz de Bankia), Novagalicia y CatalunyaCaixa ha convertido al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) en accionista de Iberdrola (5,27%), CLH (5%) y, en menor medida, Gas Natural Fenosa (1,65%), además de otros grupos con intereses energéticos como Sacyr Vallehermoso (6,73%). Estas participaciones se unen a las que ya disponía el Estado, controladas por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), inversor de referencia en Red Eléctrica Española (REE), con un 20%, y Enagas, con un 5%.

Soria ya ha advertido de que la intención de La Moncloa no es consolidarse en estas sociedades, que incluso en algunos ámbitos son directas competidoras. La presencia del inversor público «será en todo caso coyuntural, mientras no se enajenen esas acciones». Es decir, que la intención del Gobierno es deshacerse de ellas cuanto antes. Lo malo es que su valor en Bolsa no hace recomendable en este momento la venta: la cotización de Iberdrola, por ejemplo, ha caído más de un 40% durante el último año.

Las compañías eléctricas denunciaron que el real decreto ley de medidas en los sectores eléctricos y del gas había dejado salir ilesas a REE y Enagás, gracias, precisamente, a la presencia del Estado. Un argumento que difícilmente podrán esgrimir con el nuevo mapa energético.