Un rayo de energía verde para alejar al fantasma de la despoblación

El contexto es muy favorable, porque las energías limpias cuentan ahora con un gran respaldo político y, además, serán una de las prioridades de los fondos de recuperación europeos. La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico dice que «se trata de facilitar la creación de empleo verde en el mundo rural a través del impulso de las energías renovables», una apuesta que también llega desde la Unión Europea. Pero sobre todo es que no queda más remedio que impulsar las energías limpias en el camino de la transición energética hacia la nueva economía descarbonizada que quiere Europa para 2050. Por eso, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya ha marcado la hoja de ruta hasta 2030. El objetivo es que en esa fecha el 40% de la energía proceda de fuentes renovables y que el 72% de esa energía sea eléctrica. Para ello, entre otras fuentes limpias, hay que llegar a 50 GW (gigavatios) de energía eólica (hoy hay 26,8) y 39 GW (ahora 9,6) de solar fotovoltaica, que parecen ser las que están llamadas a jugar un papel predominante en el mix de las renovables. «Son las tecnologías más competitivas», afirma Robert Navarro, presidente de la sección Eólica de APPA Renovables. Y donde se pueden instalar tantos gigavatios para una y para otra es en el medio rural: hay terreno, sol y viento.

Cada una de estas tecnologías tiene sus peculiaridades, no son excluyentes sino que se complementan. Pero, a la luz de los objetivos del Gobierno, la eólica será la que tenga un peso más relevante en el futuro de la energía limpia. Hoy día tenemos una potencia acumulada de 26,8 gigavatios (en 1.203 parques en 807 municipios) que proporcionan el 22% de la electricidad que se consume en España. Por tanto, aún hay que instalar poco más de 23 GW hasta 2030, a una media de 2,2 por año. Si se hacen cuentas: en 2019 cuando se instalaron 2,2 gigavatios se crearon 6.000 puestos de trabajo, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En ese año, 29.935 personas trabajaban en esta actividad. Las estimaciones de la AEE apuntan que dentro de una década este sector generará 59.7000 empleos directos e indirectos. Una oportunidad muy atractiva para esa España vaciada, porque nuestra «eólica es de campos abiertos y de pueblos», asegura Juan Virgilio Márquez, director general de la AEE.

Se trata además de empleo de calidad y muy cualificado, con una formación tecnológica muy específica y retribuciones de valor añadido. «Cada parte de un aerogenerador —explica Virgilio— necesita especialistas y empresas especializadas. Por ejemplo, la tecnología para hacer la pala de un aerogenerador equivale a la tecnología de fabricación del ala de un avión. Hablamos de un sector que está formado por promotores y desarrolladores, fabricantes de componentes y de piezas de servicio de mantenimiento, y también por consultoras que evalúan el comportamiento del parque a futuro, recomiendan las mejores ubicaciones...».

Y para que todo ese ecosistema funcione hay que estar cerca de los aerogeneradores. «El empleo —continúa Virgilio— que genera vive en el entorno rural en su día a día, en capitales de provincia y pueblos. Las cuadrillas y retenes de mantenimiento tienen que estar cerca de los parques para hacer acciones correctivas, preventivas y de supervisión. También los centros industriales (hay 227 en el país) están ubicados estratégicamente por motivos de fabricación, transporte y logística.Es complejísimo transportar una pala de un aerogenerador que mide 75 metros de longitud. Por eso, también las fábricas están en los pueblos, donde hay buenas conexiones».

Y todo eso tiene un efecto tractor sobre el empleo y la economía de una comarca. «No va a acabar con la despoblación pero ayudará a fijar población, porque genera puestos de trabajo directos e indirectos. Los parques eólicos, como cualquier instalación industrial, revierten en el territorio», asegura Robert Navarro. Además, como indica, con la eólica también llegan rentas por alquileres de terrenos a los propietarios (suelen ser contratos de 30 años), o por la compra, e ingresos a las arcas municipales. Impuestos, cánones, tributos... Según datos de AEE, en 2019 fueron 580 millones en impuestos. «Por cada mil euros que un parque recibe por mercado, se dedican 150 a tributos. Hay pueblos de 50 y 60 habitantes con presupuestos municipales de 15.000 o 20.000 euros que se han multiplicado por diez. Los pueblos están muy abiertos a que vaya la eólica porque beneficia a los vecinos, atrae gente, mejora infraestructuras, el panadero vende el triple, el carnicero también y los bares se llenan», asegura Virgilio.

Y luego está la energía solar fotovoltaica, más modulable y que no precisa del gran músculo financiero de la eólica, pero sí de mayores extensiones de terreno. Hay que instalar 29,4 GW hasta 2030 para cumplir los planes del Gobierno. Y aquí se abren nuevas vías de negocio. Como cuenta Rafael Barrera, director de Anpier (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables), «los pueblos tienen superficie para autoconsumo a través de comunidades energéticas entre agricultores, cooperativas, municipios... Eso produce un gran ahorro en la factura de la luz para el ayuntamiento, para los hogares, para los negocios... Las placas solares impulsan la capacidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias e instalaciones ganaderas».

«Muchos negocios serían más competitivos si a través del autoconsumo abaratan sus costes fijos de luz», asegura también Santiago Martínez Gabaldón, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam). «Andalucía tiene 3.127 horas de sol al año —dice—, Castilla-La Mancha, 3.114; Murcia, 3.182 ... cuando la media de los países de UE se sitúa en 1.720. Si desarrollamos sistemas de autoconsumo con fotovoltaica en las comunidades del sur contribuirían a elevar las tasas de empleo, los ingresos, los ahorros y las rentas disponibles».

La fotovoltaica supone también una atractiva opción para invertir. Es decir, grupos de pequeños productores (agricultores, particulares, autónomos, pymes... del entorno rural) que invierten en construir una pequeña planta fotovoltaica (de hasta 10 megavatios). Esta inyecta energía a la red general para suministrar a núcleos urbanos cercanos. A cambio los propietarios reciben «una pequeña renta que complementa sus ingresos. Para una persona que tiene una pensión de 900 euros, un complemento de 400, le cambia la vida. Esto sirve para permanecer en el entorno rural y genera empleo con el mantenimiento de la instalación», afirma Barrera.

Sin embargo, en los últimos años construir plantas fotovoltaicas pequeñas y medianas de grupos de propietarios no es lo habitual. «Son las que se integran mejor en los entornos rurales y están en propiedad de iniciativas locales. Las instalaciones de ahora pertenecen a grandes grupos empresariales y fondos de inversión que acumulan propiedad», afirma Barrera. Por eso, Anpier solicita a las administraciones impulsar las instalaciones de pequeñas y medianas potencias y ordenar las localizaciones de los parques fotovoltaicos.

Una iniciativa en sintonía con la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). «Hay que hacer autoconsumo, plantas pequeñas, medianas y grandes. El mercado debe dejar espacio para todos. Para ello, hay que crear condiciones especiales, como reservar un 20% de la energía que se subaste para plantas pequeñas de menos de 10 megavatios, ya que no pueden competir en una única subasta con los grandes», recomienda José Donoso, director general de UNEF.

Él también destaca los beneficios que la instalaciones fotovoltaicas tienen en los entornos rurales: «La plantas —indica— son sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y suponen una gran fuente de ingresos. Los agricultores multiplican por cuatro sus rentas, reciben ingresos extras por alquilar sus terrenos a la fotovoltaica durante 25 o 30 años y los ayuntamientos también aumentan sus ingresos por impuestos y licencias de obras. Y eso genera una economía local. A los pequeños municipios les puede cambiar la vida».

El profesor de EAE Business School Víctor Ruiz Ezpeleta incluso da más alternativas: «Las renovables pueden ayudar a mejorar la cantidad y calidad del empleo en la España vaciada. Trabajadores cualificados, ingenieros... Y no solo con la eólica y fotovoltaica, también con la biomasa, los biocombustibles y la geotermia, esta última todavía incipiente. Tendríamos trabajo para años». El camino a la transición energética se ha iniciado. Solo falta construirlo. Y ahora hay una oportunidad con los fondos de recuperación para las renovables que pueden devolver parte de la vida a la España vaciada.

Hay pocas, pero cumplen también una importante función. Las centrales de biomasa producen electricidad a partir de la combustión de materiales vegetales u orgánicos. Y eso puede ser otra alternativa para los pueblos. «El recurso natural no llega espontáneamente a la central de biomasa. Se necesitan trabajadores para recoger del campo y de los montes los restos forestales, o de una producción agrícola, o para extraer deyecciones de las explotaciones ganaderas. Después hay que procesar ese material, limpiarlo de impurezas, secarlo y someter a tratamientos antes de convertirlo en energía. Y eso genera mucho empleo, como también el funcionamiento y mantenimiento de la central que trabaja entre 7.500 y 8.000 horas al año, que tienen hasta tres turnos de trabajadores. Además las centrales tienen que ubicarse cerca de donde están los recursos. Es decir, en el medio rural», defiende Margarita de Gregorio, directora de la Sección de Biomasa en APPA Renovables y coordinadora de la Plataforma Tecnológica de la Biomasa (Bioplat).