Primer veto a los cruceros en España: solo tres atracarán en Palma

La presidenta insular, Francina Armengol, reconoció que medidas como esta «son controvertidas», pero insistió «si uno no arriesga, nunca consigue los objetivos que se plantea como sociedad». «Llevamos dos años trabajando para conseguir este acuerdo y equilibrar la llegada de cruceros con criterios de calidad más que de cantidad. Somos un destino turístico líder y también lo queremos ser en materia de sostenibilidad en materia de cruceros para de este modo huir de la masificación y buscar la mayor calidad de vida para los residentes».

Armengol asistió al acto oficial de la firma del acuerdo entre Govern y las navieras, al que también acudió, entre otros, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, quien consideró que «el destino debe ser soberano de los debates». Por parte del sector de los cruceros asistió la directora general de la sección europea de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), Caroline Laurent, y el director de CLIA España, Alfredo Serrano, entre otros. Laurent remarcó el compromiso de «construir un futuro mejor con las comunidades locales» por parte de la industria de los cruceros, un sector que genera 500 millones de euros al año y da empleo a 4.000 personas en las Islas.

El acuerdo tiene una vigencia de cinco años, aunque durante 2022 permite cuatro cruceros al día durante 18 jornadas. Esta excepción se suspende a partir del año que viene. Además, no se podrán superar los 8.500 cruceristas diarios en cómputo semanal en el puerto de Palma. Pese al acuerdo sellado ayer en el Palacio de Congresos de Palma, ya hay voces en el seno del Ejecutivo balear que reclaman un mayor veto a los cruceros. Podemos Palma mostró su rechazo al acuerdo porque «no aporta soluciones reales a los problemas de contaminación y saturación» provocados por estas embarcaciones.

En una nota de prensa, la formación lamentó también que el acuerdo se haya tomado «de forma unilateral, sin buscar el consenso con la sociedad civil ni con el resto de partidos políticos del Pacte ». Además, ha reclamado que se imponga como máximo un crucero y 5.000 cruceristas diarios en la ciudad, y que se negocie con el Gobierno central una co-gestión del puerto de Palma.

Por su parte, los otros socios de los socialistas baleares, los nacionalistas de Més, insisten en que es el Gobierno central quien limite la llegada de cruceros. Para Més, el pacto con la patronal naviera solo es un acuerdo y no una legislación porque «quien realmente tiene poder es el Gobierno del Estado».