El plazo de pago a proveedores del sector público bajó en 2015 pero duplica el límite legal

Como fuere, el sector público paga a menos días que el sector privado , que afronta sus deudas a 85 días, también por encima del umbral que fija la ley –en el caso de las compañías es del 60 días– y también en un periodo más reducido que el que registraban un año antes (cuatro días menos que en 2014).

El presidente de la plataforma, Antoni Cañete, señaló que muchas empresas continúan teniendo «miedo» a la hora de denunciar estas prácticas, en vista de perder contratos futuros.

Según una encuesta del organismo, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora y el 94% de no reclamaron la indemnización legal. Más allá: el 72% de las empresas tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días legales.

Ante este escenario, el Gobierno podría hacer frente a una oleada de reclamaciones por el Plan de Pago a Proveedores, que alivió la situación de 200.000 empresas a las que la Administración debía en 2012 unos 4 1.800 millones de euros . Hacienda incluyó una claúsula para que las empresas perdonaran los intereses de demora a cambio.

Ahora la plataforma señala que en breve la Justicia europea emitirá una sentencia que dictaminará que esta claúsula es contraria al derecho continental, lo que podría suponer la devolución de 3.000 millones de euros si reclaman todos los proveedores que recibieron fondos del Estado.

Cañete señaló que el dictamen de Europa llegará «en el mes de mayo». Desde el Ministerio de Hacienda niegan que tengan constancia de esta futura sentencia continental. El conflicto legal tiene su origen en una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE por un juzgado de Murcia.

Para evitar que el miedo frene a los proveedores a la hora de reclamar, la plataforma ya ha desplegado un espacio en su página web para que cualquier empresa o autónomo pueda descargarse el modelo de carta de reclamación de intereses de morosidad así como un programa para calcular los intereses.

La plataforma ha señalado que las empresas afectadas dispondrán de poco tiempo para reclamar sin evitar que prescriban deudas. El plazo es de cuatro años y el Plan de Pago a Proveedores comenzó a ejecutarse a comienzos de 2012. Por ello, insta a proveedores a reclamar.

Asimismo y como adelantó ABC , el organismo ha confirmado que España se encuentra en un proceso de supervisión por los plazos de pago de la Administración a sus proveedores. Durante un año, la Comisión controlará los progresos del Gobierno para asegurar el pago a las empresas por parte del sector público.