Bruselas supervisará a España durante un año para controlar su morosidad pública

El Ejecutivo comunitario llamaba la atención a España por incumplir los plazos que establece la Ley de Morosidad, que traspuso la directiva sobre el tema, y fija en 30 días el periodo máximo de pago de una Administración a sus proveedores. Un límite que varios organismos públicos incumplen. Según los últimos datos de noviembre, solo las comunidades autónomas acumulan un retraso en el pago superior a los 60 días .

Sin embargo, el pasado mes de diciembre el Ministerio de Hacienda anunció que la Unión Europea le había comunicado la suspensión de este procedimiento de infracción debido a las alegaciones del Gobierno. España esgrimió la crisis como causa de la morosidad pública y expuso como solución al problema los mecanismos de liquidez que desplegó desde 2012 para comunidades autónomas y municipios. ya que se había reducido en los últimos años.

El conflicto con Bruselas, que parecía cerrado, se volvió a reabrir hace unos días cuando la Plataforma contra la Morosidad Pública señaló que la investigación de Bruselas seguía en marcha.

«La PMcM ha recibido notificación por escrito sobre que el procedimiento interpuesto continúa abierto , pese al reciente comunicado del Ministerio de Hacienda donde señalaba que Bruselas había suspendido el procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la normativa», destacaba la organización en un comunicado.

Fuentes de Hacienda achacaron el anuncio de la plataforma a que Bruselas les comunicó que la UE supervisaría durante un año los progresos de España para asegurar el cumplimiento de los plazos de pago.

Desde la Comisión Europea, explican a ABC que ambas partes, plataforma y Hacienda, «tienen razón, en cierta medida» y describen que el procedimiento de infracción, como asegura el ministerio, está suspendido hasta «mediados de 2016» para poder evaluar el efecto de las medidas implementadas. «Suspender no significa que se haya cerrado. El procedimiento sigue abierto pero en suspenso o más bien " congelado "», destacan estas fuentes comunitarias.

Por ello, en los próximos meses la Comisión Europea continuará evaluando que los mecanismos de liquidez y los controles del Gobierno sobre ayuntamientos y regiones surten efecto y el sector público paga en hora.

La crisis de las arcas públicas provocó que en 2011 las administraciones debieran unos 81.000 millones a empresas, lo que llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a poner en marcha en 2012 el Plan de Pago a Proveedores que insufló más de 40.000 millones a comunidades y ayuntamientos , que eran los principales morosos públicos con las empresas.