Montero tramitará «lo antes posible» la subida fiscal a la gran empresa, tecnológicas y carburantes

«Seguiremos explorando el impuesto al sector financiero en coordinación con Europa», ha señalado, lo que abre la puerta a que se potencie la idea de gravar las transacciones financieras. Como ya informó ABC, el Gobierno urge a aprobar los nuevos impuestos y ello también incluirá un plan de lucha contra el fraude con nuevos y más medios para la Agencia Tributaria .

En el atribulado calendario del Ministerio, eso sí, permanece al frente la elaboración del techo de gasto que contendrá, a tenor de sus palabras, un fuerte aumento del desembolso. Montero ha criticado las políticas del Gobierno de Rajoy. «Es como si la crisis hubiera sido unproblema de gasto y no de desplome de los ingresos» ha apuntado sobre las políticas previas. Y ha apostado por impulsar «un sostén económico, pero también anímico» para los más desfavorecidos a través del gasto público, el de los servicios esenciales como «Sanidad, Educación y protección social». Ello se traducirá en unos Presupuestos para 2019 «más sociales, más igualitarios, más redistributivos y menos centralistas».

Los impuestos ya aguardan a las puertas del Congreso. «Puedo avanzarles que nuestro objetivo es traer un paquete de medidas fiscales de nueva creación para traer a la Cámara lo antes posible », ha anunciado. En una primera fase llegarán la subida de impuestos a las grandes empresas , a la economía digital y la fiscalidad medioambiental. «La primera fase será la reforma del Impuesto de Sociedades con el objetivo de que las grandes empresas contribuyan mejor», ha descrito para apostar por acercar el «tipo teórico al real». « No va a afectar ni a las pymes ni a las medianas », ha sentenciado.

En esta fase urgente también irá el impuesto a la economía digital, es decir, gravará no solo a las grandes tecnológicas sino que tendrá la forma de un impuesto indirecto, como el IVA, con un tipo de hasta un 5% que gravara la facturación de ventas de anuncios online, la intermediación de plataformas digitales y las ventas de plataformas que utilicen datos generados por usuarios. «Es necesaria una regulación inteligente que desarrolle estos modelos que se fundamentan en la digitalización y la economía colaborativa», ha apostado.

Tambien urgen los impuestos verdes, que aprobará en «colaboración con el Ministerio de Transición Energética» y que, en sus palabras, « no afectará a autónomos y profesionales» quizá en referencia a la subida de diésel que planea el Gobierno para equiparar su tributación a la gasolina. Después llegará el de la banca. «Seguiremos explorando el impuesto al sector financiero en coordinación con Europa para un sector que no aporta lo que debería», ha resuelto.

Junto a ello, Montero ha anunciado "una ley de lucha contra el fraude" para «dotar a la Agencia Tributaria de los medios que necesite para luchar contra el fraude », como informó ABC. La idea es publicar el nombre de los propietarios, administradores y responsables solidarios de empresas con grandes deudas con Hacienda en la lista de morosos . Esta idea, que se articulará reformando la Ley General Tributaria, genera dudas legales.

También desvelarán los impuestos que pagan en cada país las grandes empresas, en base al informe país por país que ya aprobó España y entró en vigor el año pasado a instancias de la OCDE, que hace que el Fisco tenga la actividad desagregada de las empresas con más de 750 millones de euros de facturación. También ha anunciado la «inclusión de jurisdicciones offshore con nula o escasa tributación que benefician a las grandes multinacionales en la lista de paraísos fiscales ».

En cuanto a la financiación territorial ha anunciado «una suerte de alivio» que permita transitar al modelo autonómico con una «armonización fiscal de determinados tributos». «Habrá una mejora del funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que la voz y el voto de las comunidades sea más efectiva».

Y ha apuntado que las nuevas competencias sociales que recogerán los ayuntamientos «habrán de acompasarse a la financiación para que se dedique a gasto real».

Además se acometerá una reforma de la contratación pública para incluir cláusulas sociales y de género en licitaciones y perseguir la corrupción, a través del establecimiento de un mapa de riesgos que seguirá la Intervención General del Estado. "Vamos a situar la contratación pública a la vanguardia de medios electrónicos, impregnando de transaprencia el núcleo de licitaciones", ha abundado.