El Gobierno quiere reforzar la plantilla del Fisco para recaudar 1.500 millones más

La batería de medidas abarcaban desde elevar los efectivos del Fisco, pasando por aprobar un estatuto de la Agencia Tributaria . Si bien el Ministerio de Hacienda centra sus esfuerzos en estos momentos en elaborar el techo de gasto para 2019, su intención es llevar alguna de estas medidas a la práctica. Más allá del cómo, y con todas las opciones en el aire, el objetivo principal es reforzar los efectivos del Fisco para así lograr más ingresos.

En su propuesta, el PSOE lamentaba que desde 2012 la plantilla de ese organismo ha descendido en más de 2.800 personas y proponía incrementarla. Ya con las cuentas de 2018 se proyectaba un aumento de 396 efectivos. Pese al menor personal, los ingresos por la lucha contra el fraude ha crecido con fuerza durante la crisis. Sin embargo, desde el récord de 2015, cuando se recaudaron 15.664 millones, los dos siguientes años se ha reducido la recaudación levemente, hasta los 14.792 millones. Para el inspector de Hacienda José María Peláez, esto simboliza cierta «saturación» del modelo.

Una impresión que comparte el nuevo director de la Agencia Tributaria , Jesús Gascón. En un capítulo del libro publicado el pasado jueves por la Aedaf, «El fraude fiscal en España», firmado junto al socio de Deloitte, José Manuel de Bunes, alerta de que «si no se produce un importante incremento en la dotación de efectivos en los próximos años, que van a ser pródigos en jubilaciones, la organización apenas podrá mantener su número de empleados» por lo que recomienda un «significativo» aumento de su plantilla. Estas demandas están sobre la mesa del Ministerio.

Asimismo, la propuesta socialista recomienda reforzar la vigilancia a las grandes fortunas y empresas. Los Presupuestos alternativos que el PSOE presentó hace escasos meses apostaban por destinar «mucho más que el 20% de efectivos que se dedican en la actualidad a las cuentas de grandes contribuyentes», es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que facturan más de cien millones. Esto supondría que más de 5.000 trabajadores de la Agencia Tributaria estén destinados a vigilar a los mayores contribuyentes del Reino.

Más aún, el PSOE pedía que el Congreso pudiera acceder a la información que contienen las actas de con formidad con grandes empresas y fortunas. Una propuesta que puede servir, paradójicamente, para que los afectados sigan litigiando en lugar de aceptar la solución del Fisco si no quieren que su información sea accesible. «Esto no se puede hacer, ya que vulnera la confidencialidad de la información fiscal de la Ley General Tributaria. Habría que reformar para ello el artículo 95, ya que solo se puede hacer en situaciones muy justificadas», alega Peláez, quien señala sobre la propuesta general del PSOE que «la música suena bien, falta ver cómo la llevarán a la práctica». Otra propuesta que plantea dudas legales es la de publicar los nombres de los propietarios de las empresas con deudas al Fisco en la lista de morosos.

Pero las líneas que plasmaba el equipo del PSOE no solo se limitaban a las mayores rentas. También urgían a adoptar un «plan contra el fraude en la fase minorista (operaciones con consumidores finales) para analizar con las pequeñas empresas y autónomos medidas efectivas con opciones como la monitorización de los medios de facturación», así como limitar el uso de efectivo y obligar en ciertos casos a pagar con tarjeta.

Dos medidas que también defiende el ahora director del Fisco. «El control de medios de pago, unido a una estrategia preventiva en los casos de inicio de actividades empresariales, en un contexto de avance tecnológico imparable, puede permitir además la superación de los regímenes objetivos de tributación, puesto que los sistemas de módulos han quedado realmente obsoletos», defendían Gascón y Bunes.

Otra de las medidas que puntualizaba el programa socialista es la aprobación de un estatuto de la Agencia Tributaria para «reforzar su autonomía y mejorar su gobernanza, con previsión de incremento de efectivos y objetivos plurianuales y anuales a aprobar por el Parlamento». La idea de los objetivos aprobados en el Congreso también es defendida por Gascón. En cuanto al estatuto, es una vieja conocida que la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado lleva años reclamando. El propio Cristóbal Montoro propuso aprobarlo al Congreso en 2016 estando en funciones, si bien la medida cayó en el olvido.

Otros planes pasan por endurecer el delito fiscal «para evitar su regulación como delito de segundo nivel en el cual el pago en el último minuto es garantía de no cumplir penas de prisión en un gran número de casos». Una situación que se ha demostrado en el fraude cometido por futbolistas como Messi y Cristiano Ronaldo. «El delito fiscal tiene en estos momentos una orientación más recaudatoria que de reprochabilidad penal», incidía Gascón.

Junto a ello, el PSOE planeaba un mayor énfasis en el análisis de «Big data» de la información con la que ya cuenta el Fisco: a través del «machine learning», es decir, el rastreo automático de ingentes cantidades de datos para detectar fraude, por ejemplo, en el pago por tarjeta. El propio Gascón y la senda de la Agencia en los últimos años han apostado por explotar los avances tecnológicos para luchar contra el fraude.