Montero garantiza que el teletrabajo se regulará en el seno del diálogo social

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , había criticado esta mañana que el Gobierno quiera legislar «rápidamente» esta materia y ha pedido «mesura» ya que si a una empresa le ponen condiciones imposibles de cumplir puede contratar fuera de España, en Portugal o en Brasil. «Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal...El mundo es global y la digitalización es global. Cuidado cómo se plantea esto », ha advertido Garamendi en una entrevista en Onda Cero.

Según el anteproyecto de ley de trabajo a distancia elaborado por el Ministerio de Trabajo, recogido por Ep, los empleados que teletrabajen tendrán derecho al «horario flexible» y podrán «alterar» dicho horario respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, salvo en el caso de los tiempos de disponibilidad obligatoria o los límites que se hubieran acordado. Además, el texto normativo fija que los costes que conlleve para el trabajador el desarrollo del trabajo a distancia deberán ser sufragados en su «totalidad» por la empresa.

Además, el consejo de ministros extraordinario celebrado hoy ha dado luz verde además a la prórroga de tres meses para los ERTE ligados al Covid y a la prestación extraordinaria de los autónomos que se han visto afectados por la pandemia. La ministra portavoz, María Jesús Montero , ha explicado hoy la medida y, al igual que hiciera ayer su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado la importancia de que haya llegado nuevamente con el acuerdo del diálogo social. «Las soluciones que necesita este país deben tener el mayor consenso posible. Es obvio que los españoles necesitan más política útil y menos ruido y crispación», ha dicho.

El nuevo esquema de ERTEs mantiene la vigencia de la fuerza mayor pero deja muy claro el camino de transición hacia los esquemas por causas objetivas. Así, los ERTE de fuerza mayor van reduciendo las exoneraciones de los trabajadores suspendidos pero se bonifican más las cotizaciones de los trabajadores activados. «El beneficio es mayor si los trabajadores se reincorporan. Es de lo que se trata» , ha explicado Monteroque ha defendido que «estas medidas incentivan la recuperacion de la actividad».

Además, Montero ha incidido en que esta «arquitectura» de los ERTE está permitiendo que las empresas tengan un instrumento que dé alternativas que no provoquen «directamente una salida del mercado laboral». Y ha señalado que este instrumento ya no solo se entiende como exclusivo de las grandes empresas, sino que se ha «capilarizado» y está ayundando también a las pequeñas. «Es una linea de trabajo muy interesante», ha dicho Montero.

Los ERTE en caso de rebrote -sobre los que Montero ha dicho que «ojalá no se tengan que utilizar»- tendrán exoneraciones del 80% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 60% para las que superan esta plantilla. Igualmente, las empresas que no hayan recuperado la actividad podrán seguir acogidas también a la modalidad de fuerza mayor, pero las exoneraciones oscilarán entre el 70%, el 60% y el 35% en julio, agosto y septiembre para las empresas de menos de 50 empleados. Para las empresas de mayor tamaño que sigan acogidas a esta modalidad las exoneraciones serán del 50%, el 40% y el 25% a lo largo de los meses de verano.

Estas condiciones son menos generosas que las que estaban actualmente en vigor, que contemplaban una exoneración del 100% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las de más de 50, pero mejora la última propuesta del Gobierno, en la que se desterraban totalmente los ERTEs de fuerza mayor totales.

La portavoz y también ministra de Hacienda fue preguntada sobre si se plantea alguna modificación en la fiscalidad que tendrán los ERTE para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Montero respondió que no hay «ninguna perspectiva de cambiar ningun elemento en esta materia» y defendió una fiscalidad «justa» en la que «aquellos que más reciben, más aporten» para que «posteriormente puedan recibir, entre otras cosas, las prestaciones a las que estamos dando lugar».

El acuerdo permite también la vigencia de expedientes de fuerza mayor parcial, así como de aquellos ligados a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (los llamados ETOP) ligadas al Covid. En estos casos, las empresas de menos de 50 trabajadores podrán acceder a unas exoneraciones del 60% para los empleados que hayan sido reactivados y del 35% para los que sigan en ERTE. Mientras que la que superen este número en su plantilla tendrán una exoneración del 40% para los empleados que hayan vuelto a trabajar y del 25% para los que sigan suspendidos.

Las condiciones para los trabajadores permanecen sin cambios hasta el 30 de septiembre. Esto es, las prestaciones por desempleo se seguirán concediendo sin necesidad de cumplir el periodo de carencia e implican el «contador a cero» , a excepción de los trabajadores fijos discontinuos, para quienes se prolongarán hasta el 31 de diciembre. Además, las empresas en ERTE no podrán contratar a no ser que la formación, capacitación de sus trabajadores les impidan hacer las tareas necesarias. Se sigue excluyendo a las empresas que estén domiciliadas en paraísos fiscales, y no se permite repartir dividendos. El acuerdo mantiene uno de los grandes caballos de batalla de los empresarios, las limitaciones a los despidos siguen también vigentes.

En cuanto a los autónomos, el Consejo de Ministros también ha aprobado la prórroga hasta el 30 de septiembre de la prestación extraordinaria que se habilitó a mediados de febrero. Esto incluye la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía tanto una ayuda económica como una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.

Por otro lado, los beneficiarios de la prestación extraordinaria podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la factura del 75% del tercer trimestre de este año en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Además, se incluye una prestación para los autónomos de temporada, los que tienen actividad de julio a septiembre, que se homologa a la que desde el inicio del estado de alarma tuvieron los autónomos.