La sociedad de los hijos fue la que repatrió la mayoría del dinero lavado

La sociedad administrada por los hijos es la que más ha ampliado su capital hasta llegar a casi once millones en operaciones sucesivas. Sobre el papel se dedica a los servicios financieros, pero la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que en realidad el dinero llega desde cuentas extranjeras sin que haya ninguna contraprestación de actividad. Quienes pagan o envían el dinero son sociedades administradas por hombres de paja que trabajan para Conde .

Una de estas operaciones encubiertas es la que puso la lupa sobre la familia. El 12 de febrero de 2014 el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) fecha un informe en el que se detalla un intento de transferencia de fondos: 600.000 euros enviados desde la empresa Galloix, con sede en Suiza a una cuenta de La Caixa de otra empresa: la ya citada Barnacla, que se dedica a organizar actos y eventos y a contratar personal. El banco requiere a la sociedad suiza la procedencia del dinero , en cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, pero no obtiene respuesta. Devuelve la transferencia y alerta al organismo de prevención . El mecanismo echa a andar. En septiembre de ese año, la información ya está en la Fiscalía y los investigadores empiezan a desenmarañar la madeja.

Descubren, por ejemplo, que Barnacla -cuya administradora es una testaferro- no solo es receptora de fondos sino que de alguna manera sirve como « tapadera » al organizar actos y eventos relacionados con los libros que escribe el exbanquero o con su aparición en programas de televisión, actividades que en principio podrían justificar pagos con contratos ficticios. Esta sociedad tiene un dueño: Galloix Holding , la misma que desde Suiza le iba a enviar 600.000 euros a La Caixa.

Barnacla controla a su vez otra firma que ha estado muy presente en las pesquisas y cuyo despacho fue registrado el lunes: Hogar y Cosmética Española, en Torrejón de Ardoz, dedicada a comercializar cosméticos con la base del aloe vera. La UCO tiene claro que se compró con fondos repatriados y supuestamente procedentes del saqueo de Banesto. Esta empresa ha pasado de producir casi 300.000 litros de aloe vera en su planta de transformación de Estepona (Málaga) antes de que la comprara Conde a menos de 90.000. Pero pese a esas pérdidas en la producción y a que algunos empleados cobraron la semana pasada la nómina de septiembre también ha ido ampliando su capital en seis ocasiones hasta los 1,4 millones actuales. «Falta lo más difícil: levantar el velo societario», explican fuentes de la investigación , es decir, llegar hasta la maraña de empresas en el extranjero que controlan el dinero oculto al fisco español.

Ayer, empezaron las declaraciones ante los investigadores. Los cuatro testaferros declararon a lo largo de la tarde. Uno de ellos admitió la operativa de blanqueo descubierta por la Guardia Civil, si bien solo en lo que se refiere a la mecánica desarrollada no a la comisión del delito. Poco antes de las nueve de la noche estaba previsto que lo hicieran los hijos de Conde y él mismo por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Esta vez sí tendrá que comparecer ante el juez. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía también siguió sus pasos. Hace dos años entregaron el último de los informes pedidos por la Sala de Ejecuciones de la Audiencia Nacional en un intento de recuperar los casi 27 millones que adeuda a los accionistas de Banesto. Los agentes elaboraron un informe patrimonial completo, dado que Conde se había declarado insolvente pero colaboraba en televisión (se enviaron requerimientos a los programas) y escribía libros. «Se sabía que tenía bienes y había que localizarlos». Se llegó hasta una valiosa finca en Baleares a nombre de una sociedad de Luxemburgo y se ordenó su embargo. A la pregunta de si se podía haber ido más allá la respuesta es clara: en los informes se podía entrever que había alzamiento de bienes, es decir, la Sala lo podía haber enviado a un juez instructor. No se hizo . Para eso ha habido que esperar hasta el pasado 29 de marzo.