La ley para que los transportistas no trabajen a pérdidas no llegará este mes y aviva la amenaza de nuevos paros

Ahora, todo apunta a la posibilidad de que los paros de los pequeños transportistas desconvocados temporalmente en marzo se reanuden en las próximas semanas. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte , la convocante de estas protestas, ya mandó su amenaza en firme la semana pasada, tras reunirse con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana . Un encuentro del que, aseguraron, «no haber obtenido garantías» de que la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera entre en vigor a partir del 30 de junio , la norma que recoge el principal reclamo de esta asociación: que el precio que perciba un transportista por sus servicios sea siempre igual o superior a sus costes efectivos. Con todo, será el próximo domingo 26 de junio cuando esta asociación de pymes y autónomos vote en asamblea el retorno de los paros a lo largo del próximo mes.

Por tanto, el riesgo de que se reanuden las protestas es extremo. Sobre todo, porque tanto los operadores del sector como el propio Ministerio ven muy complicado que se pueda tramitar la ley con apenas una semana de margen. De hecho, la pretensión de ambos pasa por que el texto esté elaborado con horizonte al 31 de julio. El temor a otra ronda de paros de los pequeños camioneros entre los operadores del sector es máximo. Las empresas del transporte no quieren pasar por otro escenario similar al de marzo, cuyos actos vandálicos provocaron graves pérdidas en el sector. «Cada una de esas ruedas rajadas supone 600 euros, una luna 500 euros, un toldo 3.000 euros, las mangueras de los frenos 1.500 euros», explicaban entonces a este períodico, desde la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM).

Pero más graves fueron las consecuencias económicas por las dificultades para operar tanto en el transporte por carretera, como en la distribución y el sector primario. Tan solo la primera semana de manifestaciones dejó 600 millones de pérdidas para el conjunto de la economía española.

Sin embargo, los posibles paros no han sido el tema central de la reunión celebrada este lunes en el seno del CNTC. El sector también ha acordado pedir al Gobierno la prórroga hasta final de año de las bonificaciones al combustible que caducan el próximo 30 de junio. La nueva petición pasa por extender la bonificación mínima de 20 céntimos por litro, pero añadiendo otro apoyo de 20 céntimos al transporte profesional a través de un mecanismo equivalente al de la devolución del gasóleo profesional. Es decir, piden que las ayudas se amplíen a cuarenta céntimos por litro mediante una ayuda directa o mediante la habilitación de una tarjeta profesional.

«El elemento que más desequilibra las cuentas de resultados de las empresas de transporte es el combustible, que representa más del 30 % de los costes de operación de una de estas compañías. El precio del diésel, que mueve al 96 % de nuestros camiones en España, está en máximos históricos. En mayo de este año su precio fue un 50 % superior al registrado en el mismo mes de 2021. Si tenemos en cuenta que un camión pesado reposta en torno a 4.000-4.500 litros al mes, echemos las cuentas. Y no hablemos ya de los camiones propulsados a gas natural (comprimido y licuado), que actualmente utilizan unos 15.000 vehículos pesados en España. Llenar el depósito de estos camiones ha pasado de costar 2.500 euros a 5.500 euros en solo un año», explica el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia .

No solo exigen que se les compense por la subida del diésel. También han acordado solicitar al Gobierno una ayuda directa durante un trimestre de 1.250 euros por camión y 500 euros por furgoneta, además de la corrección de la cláusula de actualización del precio del transporte en función del precio de los combustibles pasando de un 30% a un 40% e incluyendo en esta medida al gas.