Las empresas ya asumen el frenazo en sus cuentas por la guerra de Ucrania

Una de las más consternadas es la industria, que tenía expectativas de dejar atrás los altos precios de luz y carburantes , además de las complicaciones de precios y recepción de suministros. La Asociación de las Empresas Españolas Industriales Internacionalizadas (Amec) recogió en un sondeo en febrero esta confirmación por parte de sus asociadas. Sin embargo, la invasión rusa les obligó a reformular un cuestionario que recogió un claro cambio de previsiones. «El escenario actual ha cambiado en cuestión de días de forma muy importante. Hasta finales de febrero las perspectivas de las empresas industriales eran que este 2022 debía ser un gran año, pero la guerra en Ucrania y el aumento de los precios de la energía, junto con un repunte de los problemas logísticos, están provocando un repentino cambio de tendencia», indicaron desde Amec en la presentación del informe anual Coyuntura 2021 y Perspectivas 2022.

Un documento que revela la gran incertidumbre que viven en estos momentos las empresas del sector: cuatro de cada diez ya han revisado a la baja su volumen de negocio y sus resultados para 2022. En promedio sitúan sus expectativas un 12% por debajo de las iniciales. Solo tres de cada diez aseguran que mantendrán sus previsiones iniciales. Para 2022 las empresas habían previsto aumentar sus exportaciones en un 12,7% respecto 2021, unas perspectivas que superaban en 6 puntos porcentuales la previsión realizada el año anterior, y que tras la invasión de Ucrania rebajan en un 0,5%, hasta el 12,2%.

Pero no es tanto la pérdida de negocio, sino el recorte a los márgenes de beneficios que trae la coyuntura. De hecho, el informe de AMEC muestra como la mayor preocupación por la guerra llegaba desde la parte energética. A las empresas se les han disparado los costes de las energías y de materiales y componentes, como así indicaron siete de cada diez empresas. De la misma forma, seis de cada diez consideran que sus resultados también se verán afectados por la ralentización de la economía europea, mientras que la mitad cree que el conflicto tendrá impacto en los plazos de entrega.

El director general de esta patronal industrial, Joan Tristany, señaló que las afectaciones actualmente son múltiples y «pueden ir más allá de lo que se podría pensar», ya que la cadena de valor se ha visto en algunos casos afectada. Lo ilustra de la siguiente manera: «Tenemos una empresa con una línea de producción parada porque tiene un proveedor en Italia que le ha comunicado que hasta dentro de 3 meses no le podrá entregar los productos que necesita para la fabricación, porque su proveedor en este caso se sitúa en Ucrania. Por lo tanto, la empresa industrial española no puede continuar con su producción hasta que su proveedor italiano no tenga un proveedor alternativo».

No son las únicas tensiones logísticas y de producción que han vivido las industrias en el primer trimestre del año. El mes pasado, el paro de transportistas puso en jaque a todos los sectores económicos del país, con los piquetes violentos tomando las plazas clave para la logística española y provocando la rotura de la cadena de suministro. El daño todavía no se ha podido cuantificar, pero no será baladí. Solo los supermercados cifraron en 130 millones diarios las pérdidas durante la primera semana de protestas, según las estimaciones su patronal, Asedas.

La herida ha sido profunda. La representante de las empresas siderúrgicas, Unesid, se vio también obligada a pedir la intervención del Gobierno por los paros del transporte, que obligaron a decenas de plantas a reducir o incluso detener la producción por la falta de abastecimiento de materias primas y la incapacidad de hacer llegar los productos a los clientes. Unas fábricas que ya venían parando las últimas semanas.

A mediados de marzo las industrias electrointensivas (sectores metalúrgico, químico, siderúrgico y gases industriales) mandaron una carta a la Comisión Europea por lo que consideraban «una emergencia industrial sin precedentes». En ella avisaban de que de no enderezarse la situación (que viven desde verano) muchas empresas ya en cierres temporales se verían obligadas a poner en marcha ERTE , e incluso se corría el riesgo de posibles deslocalizaciones de producción, ante la pérdida de competitividad de producir en España para un sector en el que la electricidad puede llegar a representar más de la mitad de sus costes operativos. Por lo que instaron a los comisarios de Energía y Mercado Interior de la UE la desvinculación inmediata de los combustibles fósiles de la formación del precio de la electricidad, en línea con las peticiones que el Gobierno llevó al Consejo Europeo a finales de marzo.

Una demanda que no cuajó, por lo que el Ejecutivo acabó por aplicar una rebaja temporal del 80% de los peajes eléctricos que pagan estas empresas en sus facturas hasta final de año, así como una mayor compensación por el coste del CO2 repercutido en la electricidad.

Fuera de la lista de sectores beneficiados por el paquete de medidas del Gobierno se ha quedado el turismo, que a pesar de que vuelve a reactivarse después de dos años de pandemia, no está viviendo su recuperación prevista. Las empresas del sector se están viendo obligadas a subir precios, pero también a reducir márgenes. Por lo que aunque esperan cerrar el año con más del 90% de actividad de 2019, lo harán con un serio recorte de beneficios respecto a lo previsto, por la espiral inflacionaria.

La patronal del sector, Exceltur, ya avisó la semana pasada de que la falta de ayudas estatales al turismo tendrá consecuencias en la actividad inversora y de creación de puestos de trabajo de las empresas turísticas.

El conflicto de Ucrania también representa un verdadero quebradero de cabeza para las más de 30.500 empresas que conforman el sector agroalimentario en España, un 96% de ellas pymes, y que representan el 10% del PIB. Lo que se añade a otros problemas como las consecuencias de la sequía o la formación de los precios. Desde patronales como la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) alertan contra «la escasez de algunas materias primas como consecuencia de la guerra» e instan a actuar a la Comisión «para garantizar la libre circulación de mercancías en la UE». Desde compañías tan relevantes como la cooperativa aceitera Dcoop, el interés está en factores como «la subida de la cotización de las materias primas».

Otra visión tienen desde el sector cárnico, señalado como uno de los grandes beneficiarios de las ayudas aprobadas. En concreto, el Consorcio del Jamón Serrano Español, que agrupa a fabricantes como Campofrío lamenta el encarecimiento de la energía y los cereales. «La gran distribución sí entiende una subida de precios muy moderada, aunque el grueso es asumida por las empresas productoras», explica su responsable de marketing, Carlos del Hoyo. En cualquier caso, reconocen que el conflicto en Ucrania sí les cierra un mercado «interesante», al que el año pasado vendieron 860 toneladas de jamón serrano (sobre una producción de 53.000) y que ya superaba a Japón.