El Gobierno prevé que el Estado acabe el año con un agujero de más de 19.200 millones

El Gobierno debe comunicar a Bruselas el 31 de marzo y el 1 de octubre de cada año sus previsiones reales de déficit de cada Administración. Este año aún no ha publicado esta última notificación, pero en el plan presupuestario prorrogado ya ha incluido una referencia en la que calcula cómo acabará el año, más allá de lo que fijan los objetivos y a partir de los últimos datos de ejecución presupuestaria.

Esta estimación del boquete público deja al Estado como la administración con mayor desequilibrio. Un agujero que será compensado por el superávit de los ayuntamientos, que será del 0,6% del PIB , similar a los más de 7.000 millones cosechados el año pasado y mucho más favorable a su objetivo del 0%.

"Gracias a la aplicación de la regla de gasto se espera que este subsector siga registrando superávits en todo el periodo de proyección, de cuantías similares a los que han venido registrando hasta el momento", desgrana el plan presupuestario. La regla de gasto limita el crecimiento del desembolso público a una tasa ligada al avance del PIB nominal, que este año es del 2,1%. Desde 2012, las corporaciones locales han venido cosechando superávit año a año por este corsé al gasto.

Eso sí, el déficit conjunto no cambia y sigue siendo del 3,1% del PIB, en línea con la meta comprometimetida con la Comisión Europea. El reparto entre administraciones es lo que se altera frente a las anteriores estimaciones y objetivos. Así, la Seguridad Social tendrá un desvío negativo entre gastos e ingresos –el llamado déficit– del 1,5%: por un lado, su agujero será menor al estimado hace unos meses –en marzo lo cifró en el 1,6%– pero seguirá incumpliendo su objetivo del 1,4%. El incremento de los ingresos por cotizaciones explica este comportamiento más favorable al estimado, con un crecimiento mayor al 4% en lo que va de año.

Por su parte, los pronósticos para las comunidades autónomas son del -0,6% del PIB de déficit en el objetivo. Para 2018 no hay estimaciones pero el Ejecutivo espera que las regiones aumenten en 96 millones de euros los impuestos medioambientales y 135 millones «otros tributos» que no especifica.