La Fiscalía valorará endurecer su acusación contra la antigua cúpula de Bankia al final del juicio

Con este jarro de agua fría levantó el telón del gran juicio por la crisis financiera la fiscal del caso, Carmen Luana, acompañada por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Él es el artífice de la condena por las llamadas tarjetas black, el caso que ha llevado a prisión al antiguo vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato .

En su turno para exponer cuestiones previas de forma, la fiscal ha explicado su tesis actual, según la que la salida de Bolsa de Bankia fue una estafa pues el folleto informativo ocultó la imagen fiel de la entidad con el objetivo de engañar a los inversores. "La verdadera situación financiera de BFA-Bankia fue conscientemente ocultada por los acusados" , ha dicho Luana. El Ministerio Público ha alegado que el falseamiento de las cuentas habría sido “el instrumento” empleado por los acusados para cometer ese fin, sin apreciar entidad suficiente ahora mismo para apreciar un delito por separado. Las acusaciones populares y los perjudicados sí acusan a la vez por estafa y falsedad.

Aun así, la fiscal ha reconocido que podría acusar por ese otro delito en el trámite para expresar sus conclusiones definitivas, el turno en el que las partes manifiestan sus tesis finales al final de la vista oral, tras la práctica de todas las pruebas. Nos encontramos lejos de ese momento, con todo el juicio oral por delante. La acusación actual no vincula la posición definitiva de Anticorrupción.

Enfrente de las acusaciones se sientan los abogados de los 34 acusados: los 30 antiguos consejeros y directivos de Bankia, el auditor de Deloitte Francisco Celma, y las tres sociedades presentes en el proceso: la propia Bankia, su matriz BFA y Deloitte . Letrados de los mejores despachos de España han lanzado sus argumentos de forma, cuestiones con las que buscan frustrar el juicio contra sus clientes sin que se llegue al fondo del asunto, que abrirá en canal la gestión de la crisis financiera.

El principal acusado, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha aportado unos documentos que acreditan que invirtió 250.000 euros de su bolsillo con la compra de 66.667 acciones de la entidad durante la salida a Bolsa, que se produjo el 20 de julio de 2011, el día que un sonriente Rato tocó la campana. Con esta prueba, si el mismo invirtió, el antiguo ministro de Economía busca demostrar que creyó en la operación y no tuvo ningún ánimo de engañar a los inversores. Olivas, exvicepresidente de Bankia, ha argumentado que él invirtió 150.000 euros. "Invirtió convencido naturalmente de la bondad de semejante oferta" , dijo por su parte el letrado defensor de Antonio Tirado, quien invirtió 100.000 euros.

Otros letrados han buscado sacar del juicio a sus clientes alegando la vulneración de sus derechos fundamentales o invocando una especie de doctrina Botín . El defensor de Arturo Fernández y Agustín González, por ejemplo, ha alegado que a ambos antiguos banqueros solo les acusan las acusaciones populares y algunos perjudicados por la salida a Bolsa a los que ha negado capacidad para sentarles en el banquillo. Según el abogado, si la Fiscalía no actúa contra ellos no deberían ser enjuiciados, una tesis que podría venirse abajo con el anuncio de Anticorrupción.

Las defensas, como las de Alberto Ibáñez y José Manuel Serra Peris, también han impugnado las acusaciones por su ambigüedad y falta de concreción. Según los abogados, la vaguedad de las acusaciones les impide defenderse debidamente. Otros han denunciado que los hechos han prescrito o que el auto de apertura de juicio oral es nulo porque fue más lejos del perímetro marcado por el juez instructor en el auto de procesamiento, el que acota los hechos del juicio.

A la vez que las impugnaciones, los acusados han solicitado al tribunal que les libre de acudir a las sesiones del juicio oral en las que su presencia no sea imprescindible. Lo han hecho esgrimiendo que la directiva 343/2016 contempla la comparecencia en juicio de los acusados más como un derecho que como una obligación, pero usando también las razones más variopintas. Así lo han solicitado Rato y los demás encarcelados por el uso de las “black”. Alberto Ibáñez, antiguo consejero de la entidad, ha alegado que se encuentra jubilado y quizá no podría soportar la tensión que supone jornadas prolongadas en la Audiencia Nacional. Juan Ros ha manifestado que padece problemas de salud; Francisco Verdú ha alegado que trabaja en Miami (Estados Unidos); Agustín González que vive en Barco de Ávila; Arturo Fernández que acudir al juicio es un “quebranto”. Lo que sea por evitar su presencia en el gran juicio por la crisis financiera que amenazó a España.