La falta de diligencia de algunas Comunidades Autónomas favorece la venta a pérdida

Este mes de septiembre ha sido prolijo en multas por estas prácticas ilegales, cuya vigilancia corresponde a las Comunidades Autónomas. Una de ellas, la más cuantiosa, ha sido la impuesta por Extremadura a Carrefour por importe de 42.120 euros por vender aceite de oliva por debajo los costes de producción, nada menos que a 1,8 euros el litro cuando el coste de producirlo era de 2,2 euros, tras una denuncia del sindicato agrario Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en 2014.

Esta multa llegó una semana después de que la Comunidad de Madrid multara a El Corte Inglés por la misma causa, aunque por una cuantía bastante menos ya que fue de apenas 3.005 euros .

La resolución de la Comunidad de Madrid consideró que los hechos denunciados suponían «una infracción grave» de la Ley del Comercio Minorista ya que al vender el aceite por menos de lo que te ha costado lo que haces es tirar del mercado hacia abajo. Eso hace que el envasador, la cooperativa y otras cadenas de supermercados se vean obligadas a bajar los precios y al final repercuta en el agricultor, que se ve obligado también a vender más barato aunque a él producir el litro de aceite le sigue costando lo mismo», denunciaba UPA .

Otra de las cadena que a la que le han sacado los colores en las últimas semanas por esta práctica ha sido a Dia , aunque de momento está solo en fase de denuncia y en este caso por la leche. Empresas productoras y agricultoras han denunciado por segunda vez a la cadena del logo rojo por vender aceite a precio inferior al del coste. Según la organización de agricultores Coag, la cadena oferta y publicitaba su marca propia de aceite a 2,19 euros cuando el precio medio a granel cuesta 2,8 euros.

Ni que decir tiene que las tres empresas de distribución mencionadas han presentado los correspondientes recursos , aunque todo apunta a que con pocos visos de prosperar. En este tema la colaboración del Ministerio de Agricultura, que no tiene competencias para sancionar pero sí para pedir información a las empresas afectadas a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), es fundamental ya que puede acreditar los precios a los que se ha comprado un producto y a los que se vende.

Pero la realidad es que denuncias al margen a la distribución le interesa continuar con estas prácticas ilegales desde el punto económico ya que les supone una mayor afluencia de clientes a sus tiendas que, además del aceite o la leche en su caso, aprovechan para comprar otra serie de productos que quizás sin la «oferta gancho» no adquirirían.

Fuentes próximas a la AICA aseguran que frente a las críticas de que las multas son mínimas para empresas que ganan cientos de millones de euros que «la clave está en que todas las Comunidades se pongan de acuerdo para multar ya que, normalmente, las promociones de aceite o leche a bajo precio se hacen en todo el país. Otro problema son los plazos ya que, por ejemplo, la multa de la Junta de Extremadura a Carrefour ha salido ahora pero la denuncia es de 2014.