Los expertos animan a Hacienda a recaudar hasta el 70% de las rentas de las grandes fortunas

El límite conjunto - también conocido como escudo fiscal - es el dispositivo del que se ha dotado el sistema tributario para impedir que su aplicación sobre los contribuyentes supere el umbral de lo confiscatorio y está situado en la actualidad en el 60% de la base imponible del IRPF.

El informe del comité de expertos señala que en su actual formulación el límite conjunto no garantiza su aplicación «sobre la capacidad económica real del contribuyente» y se traduce en recortes de hasta dos terceras partes en la cuota a pagar por Patrimonio en el caso de las grandes fortunas, por lo que su impacto tiene «un peso muy relevante en la recaudación, la progresividad y la capacidad de redistribución» del Impuesto sobre el Patrimonio.

Abogan por recuperar la versión original del límite conjunto que existió en la legislación hasta 2003 , según la cual éste se situaría en el 70% de la base imponible del IRPF, con el requisito adicional de abonar al menos el 30% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio. Este requisito adicional no es menor, ya que según algunos fiscalistas su aplicación hace que haya grandes patrimonios que se ven obligados a pagar el total de su renta anual en impuestos en algunos casos.

El informe tiene cerca de 800 páginas y nada menos que 118 propuestas de reforma fiscal pero era evidente desde hace tiempo que el capítulo que se iba a revisar con lupa era el de imposición sobre la riqueza y en concreto el del futuro de Patrimonio.

Como se esperaba, y como planteaba el mandato de Hacienda, los expertos abogan por blindar el Impuesto sobre el Patrimonio y por poner límites a la autonomía financiera de las comunidades autónomas «para preservar el impuesto y evitar su vaciamiento en términos de recaudación ».

Los expertos se han esforzado por apuntalar su posición a partir de principios constitucionales, pero también se han deslizado por los caminos de la diplomacia. La propuesta elevada ayer a la ministra de Hacienda plantea el establecimiento por ley de un mínimo de imposición tanto en Patrimonio como en Sucesiones y Donaciones «para impedir que la competencia entre comunidades autónomas termine con la desaparición de estos impuestos», en línea con lo que viene defendiendo el Gobierno. De asumirse por parte del Ejecutivo, como parece probable, la propuesta acabaría con la bonificación del 100% sobre la cuota de Patrimonio que existe en la Comunidad de Madrid y que es el motivo del duro enfrentamiento político en torno al asunto entre Madrid y el Gobierno Central.

El palo se suaviza con una recomendación para limitar el número de contribuyentes al que se aplica el impuesto, mediante la elevación del mínimo exento a un millón de euros, y con una rebaja general del impuesto, principalmente por la reducción del tipo máximo aplicable en el mismo.