España perderá 2.000 millones en ingresos por intervenir la energía

Entre lo adoptado en junio y las nuevas medidas del martes, el Ejecutivo rebaja el IVA del 21% al 10% hasta final de año; suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica; y rebaja del 5% al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad. El objetivo de Pedro Sánchez es que a final de año se logre haber pagado 600 euros de media en luz.

Antes de tomar la decisión de intervenir, el Ministerio de Hacienda ya venía trabajando también en cuantificar el golpe fiscal a las cuentas que todo ello supondría, porque el reto del Ejecutivo precisamente es el contrario, gravar más al ciudadano. En junio, cuando se adoptaron las primeras medidas, ya se hicieron cálculos. Y ahora se han sumado estas novedades. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero explican que el impacto de las medidas impositivas es de unos 2.000 millones de euros en 2021, de los cuales 700 millones corresponden al llamado plan de choque.

Pese a todo, expertos como Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, destacan que esta estimación gubernamental sería demasiado alta, principalmente por una razón. El Ejecutivo puede bajar el IVA, pero al mismo tiempo, al calor de la recuperación económica y por la subida del precio de la electricidad, que el Estado recaude realmente más por IVA aunque lo haya bajado , viéndose beneficiado.

De hecho, hoy el precio del megavatio hora marcará un nuevo máximo histórico al alcanzar los 188,18 euros. El pico más caro de este jueves se dará entre las 21 y las 22 horas, franja en la que se rozarán los 200 euros por megavatio hora . Al comparar los datos de forma anual, el precio del megavatio hora de hoy marcará un incremento de un 268% interanual.

Fuentes de hasta tres autonomías distintas muestran su desconcierto por el ‘modus operandi’ de Hacienda en este caso. El impuesto especial sobre la electricidad es de carácter estatal, pero está cedido a las comunidades autónomas. Es decir, que su recaudación se reparte entre las regiones. En algunas comunidades se interpreta esta parte de la intervención como que el Gobierno se está buscando apuntar un tanto a su costa, porque las que perderían ingresos serían ellas.

Las autonomías consultadas destacan que no tienen conocimiento de los planes del Ejecutivo para con este impuesto cedido, porque si les ‘sustraen’ la recaudación, Sánchez habría de compensarles de alguna manera. Asimismo, destacan que en el Ministerio de Hacienda no les han informado de nada sobre qué pasará con este tributo; no ha habido contactos.

Sin embargo, que las autonomías desconozcan los planes del ministerio no quiere decir que este no sea consciente del problema. Así las cosas, desde Hacienda confirman que tendrán que compensarlas con 300 millones por dejarles sin parte de la recaudación del impuesto especial.

La fórmula escogida para la compensación está en la propia financiación autonómica. El Estado realiza cada año las llamadas entregas a cuenta de los impuestos que corresponden a cada región, una suerte de ‘adelanto’ de la recaudación prevista; dos años después se hace la liquidación para saber si las comunidades han recibido más o menos dinero del que les corresponde.

En este caso, las regiones tienen ya ingresadas las entregas a cuenta de 2021, pero cuando llegue 2023 habrá que hacer la liquidación y, teóricamente, las comunidades habrían de devolver dinero por la rebaja del impuesto. Pero no ocurrirá así porque una de las opciones que barajan en Hacienda para compensarlas es realizar a las regiones una transferencia en 2023 para acallar las quejas por ‘sustraerles’ financiación.

El impacto en las cuentas de la intervención pública iría, según los expertos consultados, a engrosar el déficit, pero no todo. En cuanto al impuesto a la generación, suspendido hasta final de año, la presidenta de la Airef, Cristina Herrero , ya aclaró que sirve para compensar el déficit tarifario, con lo cual la incidencia en el déficit público no se produciría. La reducción del IVA y el tributo especial, sí.

Esta situación se da, además, cuando las cuentas públicas encaran su tercer año de descontrol al estar suspendidas las reglas fiscales. En 2020 el déficit marcó un 11% del PIB y la previsión es que este 2021 quede en 8,4% y en 2022 en el 5%; cifras desbocadas y totalmente alejadas del límite del 3% que había antes de la pandemia. El Gobierno, asimismo, continuará disparando sin control el gasto en 2022 tras aprobar otro techo de gasto récord.

Parte de estos 2.000 millones de impacto se sumará a la maltrecha evolución de la recaudación tributaria en comparación al objetivo. Hasta julio, la Agencia Tributaria ha ingresado casi 124.000 millones de euros, mientras que la previsión para todo el año es de 222.107 millones. Para cumplir el objetivo marcado hacen falta hasta fin de año casi 100.000 millones de euros en ingresos en solo cinco meses, con lo que el ritmo de recaudación habría de acelerarse hasta el término del ejercicio para cuadrar las cuentas sin desviar –aun más– el déficit. A ello ahora habrá que sumar el descuadre que supone la intervención en el mercado energético, que desaparecería en teoría para 2022.