Economía consulta ya a la industria financiera para crear un laboratorio para las «fintech»

El «sandbox» está pensado para compañías financieras de base digital muy innovadoras, las llamadas «fintech» e «insurtech» , que no estén bajo ningún marco regulatorio y por tanto en situación alegal. Ese marco legal les permite desarrollar su actividad de forma controlada por los supervisores, no regulada, durante un tiempo y en condiciones y volúmenes limitados, con el fin de que puedan comprobar su viabilidad y fiabilidad antes de obtener la licencia.

El proyecto de ley busca «equilibrar la voluntad de apoyar la transformación digital de la economía con la necesidad de controlar los riesgos que supone, añadiendo para ello nuevas herramientas para supervisores y reguladores», según se indica en el texto de la consulta, que estará abierta hasta el próximo 7 de junio y se ha lanzado coincidiendo con la celebración en Madrid de la II Cumbre de la Alianza Fintech Iberoamérica, una agrupación de patronales «fintech» de varios países impulsada por la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI).

Economía prevé configurar ese «sandbox» como un espacio controlado por los supervisores , previsiblemente el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), y dotarlo de un esquema jurídico que garantice al mismo la seguridad y flexibilidad, estableciendo el alcance, la duración y demás circunstancias concretas en que se celebrará cada prueba o conjunto de pruebas de las compañías. Además, el gabinete dirigido por Escolano detallará en el texto legal final un régimen de acceso a las compañías que quieran usarlo, otro de garantías y protección a la clientela durante las pruebas hechas y un régimen de salida y efectos posteriores para las «fintech» e «insurtech».

Esto, según la consulta, supone «un conjunto de disposiciones que amparan la realización controlada y delimitada de pruebas dentro de un proyecto que puede aportar una innovación financiera de base tecnológica». « España se sumaría así a las jurisdicciones punteras que ya cuentan con sistemas similares y que han apostado por afrontar con determinación la transformación digital », añade.